En el camino hacia la Justicia, las comunidades originarias se pueden topar con varias dificultades. Muchas veces deben lidiar con la falta de peritos especializados, la distancia entre los servicios judiciales y sus hogares, y la imposición de la cultura hegemónica –no indígena– en ámbitos estatales. Estos aspectos fueron detectados en una investigación de la Defensoría General de la Nación y la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre aspectos procesales, estructurales, culturales y simbólicos que impiden a estos pueblos el acceso a la Justicia. Además, hecha luz sobre nuevos caminos: “Una recomendación muy fuerte es educar y sensibilizar a todos los operadores judiciales sobre la problemática de las comunidades indígenas”, dijo a Página/12 Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación. Y aseguró que hay que tener una “mente más abierta” y empezar a obligar al Poder Judicial a que “deje los palacios y se acerque a la gente”.

“Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” es el título de la investigación sobre los obstáculos detectados por los actores involucrados –comunidades, abogados, organismos del Poder Judicial– en la protección de los derechos de los indígenas, cuando piden la intervención de la Justicia. “En nuestro país, a pesar de las leyes que reconocen esos derechos, todavía hay bolsones de incomprensión e injusticia”, dijo Martínez, en la presentación de la investigación, en el marco del Programa de Apoyo a Diálogos sobre Políticas financiado por la Unión Europea. En el Palacio San Martín, la funcionaria exhortó a “construir puentes” para superar esas barreras y así lograr que “los derechos abandonen el papel y se hagan realidad”.

El resultado fue la identificación de las dificultades de las comunidades al momento de iniciar una acción judicial y llevarla adelante o de responder frente a un requerimiento judicial. Como obstáculos procesales, se detectó la falta de “peritos especializados y traductores o intérpretes de lenguas indígenas”, señaló Paula Barberi, integrante del programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría. Otros factores son la extensa duración de los procesos, la escasez de abogados especializados, la complejidad de los conflictos y las dificultades en el cumplimiento efectivo de las sentencias.

Entre los impedimentos estructurales se identificó la distancia entre los servicios de Justicia y el lugar adonde viven las comunidades, la falta de recursos, transporte y caminos adecuados y la inexistencia de tribunales con especialización en materia indígena. “Encontramos que el mayor impedimento se genera por la imposición de la cultura hegemónica no indígena”, aseguró Barberi, sobre los aspectos culturales y simbólicos de las comunidades, que constituyen impedimentos para el acceso. Además, se detectó la complejidad de los términos jurídicos, la falta de sensibilidad de algunos actores del sistema judicial y los tiempos para dar respuesta a los reclamos. Estos aspectos representan un conjunto de situaciones que “no son comprendidas” muchas veces por las comunidades, contó Barberi.

Durante la presentación, además, se hicieron recomendaciones: una de ellas fue a los operadores judiciales para considerar las “costumbres de los pueblos” a la hora de juzgar sobre el derecho de una comunidad e incluir su cosmovisión. También se aconsejó “promover mecanismos de resolución alternativos de conflictos” y la “visibilización de los conflictos indígenas”, entre otras sugerencias.

La presentación contó con la participación de Marco Aparicio Wilhelmi, de la Universidad de Girona, España, y de Marina Pecar, directora del programa Apoyo a Diálogos sobre Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, Sebastián Tedeschi, secretario letrado de la Defensoría, señaló que hay quienes “conocen la normativa de derechos indígenas, pero no saben cómo articularla con el derecho privado, civil, criminal”. Y puso el ejemplo de la ley nacional 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas: “La ley es clara. Sin embargo, continuaron”, dijo.

En la investigación no sólo se habla de las dificultades sino que se subrayan las acciones positivas, como las sentencias o medidas cautelares para la protección de los derechos de estos pueblos. Lorena Gutiérrez Villar, abogada y miembro del equipo de trabajo, señaló que el trabajo pretende ser “vehículo” para que las buenas prácticas que han sido exitosas sean “compartidas y replicadas” en otros ámbitos.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.