Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.

La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.

Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.

“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.

En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.

El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.

Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.

La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.

La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.