Dos integrantes de una comunidad toba y un policía muertos, alrededor de 25 detenidos y cinco heridos es el saldo del violento desalojo registrado el martes en la localidad de Laguna Blanca, en Formosa, donde los aborígenes reclamaban por la tenencia de tierras. Luego de los hechos, representantes de la comunidad acusaron al gobierno provincial por el desenlace de la situación, mientras que desde el Ejecutivo formoseño reivindicaron el actuar de las fuerzas de seguridad, al sostener que fueron agredidos.

Ante la muerte de los tobas Sixto Gómez y Roberto López, y del policía Heber Falcón, el representante de la comunidad originaria y funcionario del Inadi Félix Díaz sostuvo que “el hecho empezó en la mañana del martes, cuando un grupo de personas, acompañadas de policías, atacó a balazos” a los indígenas que cortaban la ruta 86 y ocupaban un predio en la zona, en reclamo de esas tierras. Díaz contó que los policías huyeron del lugar tras un forcejeo y dejaron sus armas sobre el asfalto. Cerca de las 19, “regresó al lugar un ejército de efectivos antimotines y se enfrentó a indígenas armados con palos y machetes”.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defendió el accionar policial. “Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí, en la retirada del lugar, un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes”, sostuvo el funcionario.

Según explicó a Página/12 Miguel Ríos, un militante social que presenció el desalojo, Ariel Celía, la persona que pidió a la Justicia el desalojo de los tobas, “apareció con una patota y con gente de civil armada”. Además, relató que “el hijo de Celía salió en una radio local admitiendo haber disparado, aunque aclaró que lo hizo al aire”.

Desde el ámbito político, la diputada de Concertación Forja Silvia Vázquez manifestó que “la situación en la provincia no da para más y amerita la intervención federal”. Y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán: “No me puedo meter en la mente de un genocida”, dijo. En tanto, el senador radical Luis Nadeinoff calificó de “brutal” el accionar de la policía.

El desalojo del martes fue el punto crítico de un reclamo que lleva más de cuatro meses. Los manifestantes mantenían cortada la ruta nacional 86, como medida de fuerza ante la falta de otorgamiento de títulos de tierras de unas 600 hectáreas en esa zona, ubicada a 190 kilómetros al norte de la capital provincial. En ese lugar el gobierno de Insfrán planea construir una universidad agropecuaria.

Los miembros del pueblo originario aseguran que el terreno que reclaman es propiedad “ancestral” de esa comunidad, mientras que la Justicia concedió el pedido de la familia Celía, que asegura que el campo es suyo. El juez Raúl Mauriño dictó una orden judicial cediendo al pedido de Celía para que la comunidad indígena no ocupe el lugar. El magistrado fue quien envió a la policía provincial a notificar a quienes cortaban la ruta la decisión de de-salojarlos. Desde las organizaciones indígenas repudiaron que no se aplique la ley 26.160, de emergencia territorial, que llama a frenar los de-salojos de pueblos originarios en zonas conflictivas.

La causa por lo ocurrido durante el desalojo está en manos del juez Santos Gabriel Garzón, quien declaró: “Hasta acá tenemos tres homicidios cuyos autores hay que determinar”. El juez realizó en la tarde de ayer una inspección ocular en la zona del conflicto. Luego del de- salojo, el predio quedó custodiado por personal de Gendarmería.