Por primera vez, el Congreso pone el tema de la despenalización del aborto en su agenda. La discusión se abrirá hoy a partir de las 16, en una jornada pública en la Comisión de Legislación Penal, a más de veinte años de que diferentes grupos de mujeres iniciaran en el país, el 8 de marzo de 1988, la lucha por la legalización de esa práctica, cuya criminalización dejó el último año otras 87 mujeres muertas: desde la recuperación democrática en 1983 hasta 2009 fallecieron como consecuencia de abortos inseguros realizados en la clandestinidad 2665 mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (ver aparte).

La única oradora de esta audiencia histórica será –como ya adelantó este diario– la danesa Marianne Mollman, experta de la División de Derechos de las Mujeres de la organización internacional de derechos humanos, Human Right Watch, cuya sede está en Nueva York. Mollman llega hoy a Buenos Aires. Según pudo saber este diario, se explayará sobre el marco internacional de derechos humanos y las obligaciones del Estado argentino a la luz de la Constitución Nacional en relación con los derechos sexuales y reproductivos y abonará la postura de que el Estado no puede penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y está obligado además, a proveer los servicios. Mollman reveló a Página/12 que, desde que se conoció que sería la expositora de la sesión, está recibiendo amenazas y agresiones verbales anónimas en su casilla de correo electrónico.

Técnicamente, la reunión en la Cámara de Diputados no tendrá el carácter de una audiencia pública, dado que habrá una sola expositora, cuya invitación fue consensuada por los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, que preside el cordobés Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Y no se hizo una inscripción pública de oradores. Fuentes de la comisión argumentaron que no había tiempo para llevar adelante ese mecanismo debido a que ya terminan las sesiones ordinarias.

El debate girará en torno del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por tratarse de la iniciativa sobre la temática con más adhesiones: ingresó en marzo con casi medio centenar de firmas de legisladores de un amplísimo arco político que va desde el oficialismo hasta el PRO, pasando por CC, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, la UCR, y el Partido Socialista, entre otros bloques.

El texto es el resultado de un extenso proceso de debate al interior de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto –que se conformó en 2005– y que articula a más de 250 organizaciones de mujeres, sociales, gremiales y de derechos humanos de todo el país.

El proyecto consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Y fuera de ese plazo, si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves. Establece que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla. La iniciativa contempla la objeción de conciencia. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.

Este año, Human Right Watch presentó en Buenos Aires un informe muy crítico sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, que realizó Mollman en base a un estudio de campo, y entre las recomendaciones que sugirió al Estado figura la eliminación del Código Penal de los artículos que penalizan el aborto.

Se espera en la sesión de la Comisión de Legislación Penal una nutrida concurrencia de público, que superará el espacio de la Sala 1, donde está previsto el encuentro. Es el mismo salón donde transcurrieron los debates más calientes por la Resolución 125, cuando el tema se debatió en comisiones.

Las militantes feministas que vienen luchando por el derecho al aborto se mostraron ayer muy entusiasmadas por la apertura del debate parlamentario. La médica Alicia Cacopardo recordó que hace más de veinte años iniciaban “desde la Comisión por el Derecho al Aborto, la recolección de firmas por el aborto legal frente a la confitería El Molino”. Junto con ella estaba la abogada Dora Coledesky, ya fallecida. “En aquel entonces pronunciar la palabra aborto era un crimen, ella y unas pocas compañeras pedían su legalización. Es inevitable evocar a Dora. Fue la pionera y la maestra de todas las que continuamos con ella, y aun después de su desaparición, con esta lucha”, apuntó la abogada Mabel Gabarra, coordinadora del Observatorio de la Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres e integrante de Indeso-Mujer, de Rosario. La Comisión por el Derecho al Aborto fue pionera en la discusión y difusión de información sobre la anticoncepción, el aborto, la despenalización y la legalización.

“En estos largos años, con marchas y contramarchas, fuimos avanzando en este camino para el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La audiencia en la comisión significa un paso muy importante que hemos logrado entre tantas organizaciones de todo el país. Argentina y casi toda América latina atrasa 50 años en el debate parlamentario y en el otorgamiento de este derecho de las humanas”, consideró Cacopardo.

Sin embargo, Martha Rosenberg, del Foro por los Derechos Reproductivos, advirtió que se corre el riesgo de que la reunión de hoy “sea un gesto aislado que comprometa la continuidad del tratamiento y discusión de los proyectos sobre aborto” en la Comisión de Legislación Penal y en las otras involucradas en la temática. Rosenberg consideró que el diputado Vega y el resto de autoridades de la comisión deben comprometerse a seguir la discusión el año próximo.

“Creemos que esta audiencia pública abre el camino del debate parlamentario, que será largo a recorrer pensando que el año próximo es un año electoral. Si cada vez más la sociedad expresa su apoyo al proyecto, creo que quienes serán candidatos deberán evaluar si quieren o no evitar que alrededor de un centenar de mujeres mueran por año por la práctica clandestina del aborto. El aborto legal hace efectivo el derecho de las mujeres a la vida, la salud, a ser respetada en sus decisiones, a vivir una vida libre de violencia, a la justicia social y a ser tratada con la dignidad que merece todo ser humano”, agregó Gabarra.

Cacopardo, Rosenberg y Gabarra forman parte de la campaña, que se conformó hace cinco años y cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Entre otros legisladores, firmaron la iniciativa de la Campaña Juliana Di Tullio, Héctor Alvaro, Adela Segarra, Héctor Recalde y Adriana Puiggrós, del Frente para la Victoria; María Luisa Storani, Néstor Hugo Castañón y Silvana Giudici, de la UCR; Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Ricardo Coccovillo y Roy Cortina, del Partido Socialista; Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur; Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. También firmaron Nélida Belous, de Proyecto Progresista; María Josefa Areta, de Frente de Todos, de Corrientes; Claudio Lozano y Liliana Parada de Proyecto Sur; Fabián Peralta, Horacio Alcuaz y Gerardo Milman, de GEN; Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Jorge Rivas y Ariel Basteiro, de Nuevo Encuentro; Adriana García y Lorena Rossi, de Peronismo Federal, y Verónica Benas, de SI.

“La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones, de igual manera que aquellas que lo admiten deben poder actuar según su conciencia, tomando en libertad las decisiones que juzguen necesarias”, dice el proyecto.