Un plan integral para garantizar en los dos próximos años la creación de más de 6 mil vacantes de nivel inicial –chicos de 45 días a cinco años– fue analizado ayer por el Superior Tribunal de Justicia porteño, en el marco de una audiencia pública. Se trata del resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como resultado de un recurso de amparo iniciado por la ONG en 2006 contra el gobierno porteño por la falta de vacantes en los jardines de infantes. En la audiencia se dio luz verde al acuerdo, aunque se realizaron “observaciones” sobre algunos puntos, como el que dispone que 1096 de las nuevas vacantes se creen dentro de la órbita del Ministerio de Desa-rrollo Social y no del de Educación, lo que haría prevalecer “un criterio asistencialista por sobre lo pedagógico”. Ahora sólo resta esperar la homologación del acuerdo por parte del máximo tribunal porteño.

“Las voces que se escucharon fueron todas favorables al acuerdo”, subrayó Martín Sigal, codirector de la ACIJ. El plan integral se realizó tras un acuerdo entre la ACIJ y el gobierno porteño, que ya había apelado dos fallos favorables al reclamo de la ONG. “El mayor logro es el plan de obras y que se reconsidera anualmente la falta de vacantes, para readecuar las obras. Hace que no sea una solución estática, sino que anualmente se rediseñe el plan”, explicó Sigal a Página/12. El gobierno además tiene la obligación de adoptar “medidas transitorias” hasta tanto se finalicen las obras: deberá ofrecer al inicio de cada ciclo lectivo vacantes alternativas en escuelas más lejanas con cupos disponibles, con provisión de transporte gratuito. Y en forma provisoria, se otorgarán vacantes en establecimientos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social a niños que hayan pedido vacantes.

El Gobierno se comprometió a que a fines del 2012 haya 6385 nuevas vacantes en el nivel inicial: 5289 corresponden al Ministerio de Educación y 1096 a Desarrollo Social. El cumplimiento del acuerdo será supervisado por una mesa de trabajo y un interventor judicial. La Fiscalía consideró como “valioso” el acuerdo. Y desde la Asesoría Tutelar subrayaron que “la creación de los Centros de Primera Infancia es simplemente un paliativo”.

Desde UTE-Ctera, el secretario general, Eduardo López, se manifestó de acuerdo con la creación de vacantes en el área de Educación, pero en contra de las que dependerán de Desarrollo Social. La docente Alicia Pongetti, del mismo gremio, señaló que “la obligación es del área de Educación, que tiene un diseño curricular para el nivel inicial”.

El legislador Francisco “Tito” Nenna, de Encuentro Popular para la Victoria, manifestó: “Nos preocupa que el macrismo quiera cubrir 1100 vacantes dando intervención al Ministerio de Desarrollo Social, porque en ese caso se utilizaría cierto criterio asistencialista por encima de los pedagógico”.

La cartera educativa deberá realizar 24 obras, la mayoría en el Distrito Escolar Nº 21, que abarca Villa Lugano y Soldati. Entonces, el gobierno deberá prever las partidas presupuestarias para las obras y los docentes. Sobre ese tema, la diputada María José Lubertino advirtió que “no hay una asignación en el Presupuesto 2011 para el rubro de educación inicial y, fundamentalmente, en construcción de escuelas que dé cuenta del acuerdo firmado”.

Al respecto, Sigal aclaró que “hay una obligación del gobierno para presupuestar partidas para el plan y a darles afectación específica, por lo que no pueden dedicarlas para otros fines. Esto es otra garantía”.

Como parte del acuerdo, el Gobierno creará un sistema de registro de inscripción y entrega de constancias de solicitud de vacante. La subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Ana María Ravaglia, aseguró a Página/12 que para este año “está garantizada la vacante a los chicos de cinco”.

“Esperamos que sea la última vez que haya problemas. Sólo queda esperar que el Tribunal le dé fuerza legal al convenio”, concluyó Sigal.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.