La policía sanjuanina detuvo a unos 50 militantes de Greenpeace, entre ellos uno de la Asamblea por el Agua de San Juan y uno de la CTA que habían cortado un camino propiedad de la firma minera Barrick Gold. La captura se efectuó por orden de dos jueces locales, y, en concordancia, el Ministerio de Minería de San Juan manifestó “repudio” a la acción de los ambientalistas. La protesta tenía por objeto “que la Barrick Gold deje de bloquear la Ley de Glaciares”, promulgada en octubre pasado. La firma había presentado recursos de amparo que, atendidos por jueces sanjuaninos, suspendieron la vigencia de la ley en la provincia.

A las nueve de la noche de ayer, la pregunta era cómo iban a caber tantos presos en la minúscula comisaría de El Rodeo, adonde la policía sanjuanina los trasladaba. Había terminado el juego de gato y ratón de los ambientalistas que, ya formalmente detenidos pero todavía en la banquina, aprovechaban cada descuido para volver a echarse sobre el camino.

El corte se había iniciado a las 11.30 del martes, en el departamento de Iglesias, sobre el camino que lleva a los emprendimientos mineros de Veladero y Pascua Lama. A la mañana, Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, fue apresada por orden de los jueces Carlos Mateos, de Jáchal, y Silvia Rodríguez, de Iglesia, acusada de “entorpecer la circulación del transporte público”. El grupo incluía a muchas mujeres, por lo que se convocó a 19 agentes femeninas para el operativo. Entre los detenidos estuvo Ramón Gómez, de la CTA sanjuanina, y Walter Gambetta, de la Asamblea por el Agua.

El Ministerio de Minería sanjuanino emitió un comunicado de “repudio” a la acción de Greenpeace, “que sólo persigue generar inconvenientes en el desarrollo de las comunidades”, y el vocero de Barrick Gold, Julio Claudeville, afirmó que “invadieron nuestra propiedad y tomaron control del camino por el que abastecemos a 2500 personas a 4000 kilómetros de altura: no pudieron subir camiones con oxígeno ni combustible ni comida, lo cual genera una situación crítica”. Claudeville afirmó que “la empresa considera inconstitucional la Ley de Glaciares, cuya imprecisión al definir las áreas periglaciares podría impedir toda actividad en ellas: ejercimos el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad”.

Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, sostuvo que “sólo impedimos el paso de camiones, no de vehículos para trasladar a los empleados”, y afirmó: “Nuestro reclamo es que Barrick Gold deje de bloquear la Ley de Glaciares: con recursos de amparo, lograron que la aplicación de la ley se suspenda en San Juan. Los emprendimientos de Veladero y Pascua están en área de glaciares y deben ser evaluados para determinar si los afectan: para eso está la ley”.

El senador nacional Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, sostuvo que “las acciones del lobby minero son avaladas por el Poder Judicial, que responde al gobernador de San Juan”. El diputado nacional Juan Carlos Gioja retrucó que “en la acción de Greenpeace hay intencionalidad política” e insistió en que “algunos artículos de la ley definen erróneamente el área periglaciar, lo cual perjudica la posibilidad de explorar y trabajar en la cordillera”.