El Ministerio de Seguridad de la Nación impulsó la creación de una comisión que trabajará sobre las políticas de género dentro de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Los puntos a analizar serán las normas internas de cada institución respecto al embarazo, la lactancia y la crianza de hijos, dispuestas para las personas que allí trabajan. A partir de ese estudio, que deberá extenderse por 45 días, se presentará un informe a la cartera que dirige Nilda Garré en el que se deberá recomendar, de ser necesario, la modificación o derogación de ciertas normativas. Como aporte, la diputada Marcela Rodríguez recomendó incluir en el análisis la opinión de las trabajadoras afectadas por estas regulaciones. Una empleada de la Policía Federal celebró la tarea de la ministra y sostuvo que, por su estructura, la fuerza “no te permite ser mamá o papá”.

“Saludo todo lo que refiera a ampliar el análisis y a visibilizar la cuestión de género, nada menos que en las fuerzas de seguridad”, celebró la ex directora general de la Mujer de la Ciudad María Elena Barbagelata. La resolución, que lleva el número 58/2011, fue publicada ayer en el Boletín Oficial y consta de ocho artículos en los que se definen y organizan las tareas encomendadas al Grupo de Trabajo para el Estudio de las Condiciones de Acceso, Permanencia y Progreso de Mujeres y Varones en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Con base en legislación internacional que refiere a la igualdad de género y a la protección laboral de las mujeres embarazadas, la resolución describe que el objetivo es reunir e investigar la normativa vigente en cada fuerza, vinculada con la situación que atraviesan como empleados de los organismos de seguridad las embarazadas, las lactantes y el personal con niños o niñas a cargo.

El grupo de investigación, que podrá valerse del aporte de referentes académicos, tendrá 45 días para presentar “un informe con recomendaciones para la regulación, modificación o derogación” de la normativa que rige en la actualidad en torno de estos temas.

Barbagelata resaltó que este tipo de iniciativas gubernamentales “no tiene antecedentes en nuestro país”. Al respecto, la diputada de la Coalición Cívica y militante en cuestiones de género Marcela Rodríguez consideró que “las políticas de Estado tendientes a garantizar la igualdad de trato y oportunidades” entre los diferentes géneros son “una obligación” estatal.

La legisladora evaluó que el éxito de esta propuesta estará sujeto a “la integración del grupo” y “el resultado que arroje el informe”. El ámbito de evaluación se compondrá de un titular y un adjunto de las áreas a cargo del personal y de la formación de cada fuerza –Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería–, más la Subsecretaría de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio y la Dirección Nacional de Derechos Humanos de esa cartera, que actuará de coordinadora del grupo.

“Es muy incipiente la perspectiva de género” en las fuerzas de seguridad, apuntó Barbagelata, quien espera que con las políticas encaradas desde Seguridad se logre “no sólo incluir a las mujeres de la fuerza” sino que también “se promuevan servicios hacia el exterior” con esta concepción. “Por ejemplo la atención a las mujeres que van a denunciar violencia de género en condiciones de vulnerabilidad.” “No me sorprende que la ministra Garré tome esta medida, porque ha hecho un trabajo encomiable respecto al tema cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa”, subrayó Barbagelata.

Por su parte, la diputada Rodríguez recomendó que, además de analizar la normativa, se tenga como “un elemento indispensable” la creación de “canales de participación donde puedan expresarse las mujeres afectadas” por estas normas. “Para eso –agregó– deben hacerlo en un ámbito de libertad, fuera del control de sus superiores.”

La realidad es que la participación señalada por Rodríguez, hoy en día y como están establecidas las normativas, sería imposible. Una mujer que se desempeña hace más de una década en la Policía Federal dialogó con Página/12. La empleada policial aseguró que “por reglamento nadie podría ir a asesorar al ministerio sin pedir autorización” y “tampoco plantearía algo así” dentro de la institución “por miedo a perder el trabajo”. “No se puede hablar hacia afuera”, dijo y simultáneamente exigió el off.

Y sobre lo planteado en la resolución ministerial la mujer fue contundente: “Adentro de la policía no está bien visto tener una criatura porque les alterás el servicio. Para ellos significa tener un uniformado menos”. No obstante, la institución cuenta con guarderías y colegios para los hijos e hijas de sus empleados, pero según expresó la trabajadora policial, “siempre es para la gente de jerarquía o sus conocidos”.

Cuando una madre o padre quiere ir a un acto de la escuela de su niña o niño “tiene que pelearlo mucho”. Las más de las veces “tienen que conseguir certificados médicos truchos” para poder faltar y asistir a la actividad escolar, contó la policía. En la Policía Federal “no te permiten ser papá o mamá”, remató.

La fuerza “tiene una estructura de la dictadura porque el reglamento interno viene de esa época”. Entre otras cosas, eso implica “un fuerte machismo” que limita a las mujeres en su desarrollo laboral. “No hay mujeres en los cargos más altos”, ejemplificó. Por todo esto, la empleada policial reflexionó: “Lo que está haciendo la ministra Garré es importante y todavía debe ser más profundo”.

Informe: Leonardo Rossi.