La causa por la desaparición de Iván Eladio Torres, ocurrida el 2 de octubre de 2003 a manos de la policía de Chubut, con ayuda de su brazo gubernamental y tribunalicio –según acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– sumó un nuevo escabroso hecho: la muerte de Juan Pablo Caba, cuñado de Iván y testigo de la causa, pese a que tenía orden de protección sobre su persona por parte de la CIDH en enero de 2005 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2006. Caba fue baleado en la calle el 7 de marzo pasado, y murió después de 15 días de agonía en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La dudosa fuente policial dijo que fue baleado en un “confuso incidente” y que murió por infección hospitalaria. Caba es el sexto testigo de la desaparición de Iván que sufre muerte violenta en circunstancias “confusas”. Dos de ellos estaban detenidos el día en que Iván fue amasijado a golpes en la comisaría 1ª de Chubut. Y un tercero vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: “Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia”. La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo.

Dos días antes del 24 de marzo, que hace memoria sobre las miles de desapariciones forzadas durante la dictadura, Juan Pablo Caba murió en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro. Fue baleado en el estómago el 7 de marzo en un incidente que, según las versiones policiales regadas a diestra y siniestra, fue “confuso”. Caba no pensaba lo mismo. Consciente, cuando lo internaron, dio a entender que lo habían emboscado. Para entender quién y por qué, la memoria siempre trae aire fresco: Caba era cuñado de Iván Torres, desaparecido en democracia el 2 de octubre de 2003. Junto a Iván, indiazo, pobre, de piel oscura, y sostén de los chicos de la calle, eran perseguidos permanentemente por los policías, especialmente de la 1ª. Caba y un grupito de amigos de Iván (Tamara Bolívar, Cristian Gamín, Gerardo Colín, Luis Oliva y Mauricio Agüero) conocían los métodos de persecución policial y habían escuchado del propio Iván el relato de su detención anterior, el 26 de septiembre de 2003, cuando lo llevaron a la comisaría, lo molieron a palos y después lo llevaron a un monte fuera de la ciudad, lo desnudaron y le gatillaron en la cabeza.

De aquella detención quedaron los testimonios de Dante Camaño y Diego Alvarez. Camaño porque estaba detenido y vio cuando lo ingresaban. Y Alvarez porque fue detenido junto con Iván. Camaño, testigo de la metodología de persecución de la policía chubutense, apareció muerto en otro incidente “confuso”. Alvarez, no, pero otro muchacho, Hugo Alvarez, apareció colgado en lo que sostienen que se trató de una “confusión” de identidades. El Alvarez sobreviviente fue intimidado por la propia fiscal Ibáñez, a cargo de la causa, cuando enterada de que el joven sostenía su declaración cayó en su casa a la 1 de la mañana acompañado por Bustos, jefe de la Brigada de Investigaciones, “El, que no entre porque es el que me pegó cuando me detuvieron”, dijo Alvarez. “Es de mi absoluta confianza”, cruzó la fiscal y lo hizo pasar.

Testigos de la segunda detención de Iván fueron Alberto Gajardo, Miguel Sánchez y David Hayes, que estaban alojados en las celdas de la 1ª el 2 de octubre de 2003. Hayes escribió una carta que entregó a María Leontina Millacura Llaipén, madre de Iván, en la que describía cómo, dónde y quiénes habían golpeado a su hijo, y quién lo había retirado del lugar. El 10 de enero de 2005, los familiares de Iván pidieron a la CIDH la protección de los testigos, entre ellos Hayes. La orden de protección llegó el 18 de enero. Un día antes, Hayes fue acuchillado y detenido, en un incidente “confuso”. Gajardo no murió, pero asesinaron a un homónimo. Tras la muerte de Hayes, Sánchez también escribió una carta a la madre, relatando lo que vio. Amenazado y golpeado, le salvaron la vida al trasladarlo a Río Grande por indicación de la Corte Interamericana. Otros dos testigos, Walter Mansilla y Gastón Vara, también murieron en hechos “confusos”, el primero apareció como NN y el segundo, cuya acta de defunción apareció cuando fue citado a declarar.

Habrá que agregar la violación a Tamara con tarjeta policial y las amenazas a familiares y a las abogadas, Verónica Heredia y Silvia de los Santos. Todos, con protección de la CIDH y la Corte. Pero en Chubut, la protección es confusa y policial.

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