En una polémica decisión, la Cámara de Apelaciones de San Isidro ordenó modificar la calificación del delito en el caso de los dos adolescentes detenidos por el crimen de Santiago Urbani. El fallo sostiene que se debe pasar de homicidio en ocasión de robo a homicidio criminis causae, que en términos jurídicos viene a ser un homicidio cometido para ocultar otro delito, en este caso, el robo. Aunque la Cámara no precisó la condena, la pena que corresponde al criminis causae es la perpetua, una pena que las normas constitucionales y la Corte Suprema rechazan, ya que se trata de adolescentes. La decisión de la Sala I de la Cámara tiene lugar en momentos en que Argentina está acusada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque jueces porteños y mendocinos condenaron a perpetua a cinco adolescentes. De este modo, la Cámara fue favorable a la pretensión del fiscal del juicio, Andrés Zárate, quien pese a ser un funcionario del Fuero de Responsabilidad Juvenil reclamó perpetua como si se tratara de un fiscal de adultos.

En julio del año pasado, los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro, responsabilizaron a los dos adolescentes, los mantuvieron detenidos y decidieron postergar la condena, de haberla, después de que cumplieran los 18 años. De ese modo, rechazaron el pedido del fiscal Zárate, que insistió en solicitar la perpetua pese a que no está contemplada dentro del Régimen de Responsabilidad Juvenil. Como en casi todos los casos donde adolescentes aparecen acusados de un delito, el de Urbani no fue la excepción: funcionó más hacia afuera del estrado, como bandera de la mano dura apuntando a las cámaras y ventilando hechos que luego no se representaron en el juicio. Ahora, los camaristas Ernesto García Maañón y Duilio Alberto Cámpora, votaron en mayoría el cambio de calificación que deriva en la perpetua.

“Lo más grave en esta causa es que el fiscal haya pedido perpetua –dijo a Página/12 Claudia Cesaroni, abogada, criminóloga e integrante del Cepoc–, cuando el Estado tiene una causa ante la Comisión Interamericana.” Cesaroni recordó que además de los tratados internacionales firmados por Argentina, que ordena que los adolescentes sean tratados en forma progresiva, la propia Corte sostuvo en el fallo Maldonado que a un adolescente no se le puede aplicar una condena propia de adultos como es la perpetua. “Pero los fiscales siguen pidiendo perpetua como si el Estado fuera esquizofrénico –sostuvo Cesaroni–. No entiendo cómo el procurador Righi (federal) y la procuradora Falbo (bonaerense) no instruyen a los fiscales para que no pidan más perpetuas.”

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