Mirta Irene Gil es ama de casa y madre de tres hijos. Tiene 46 años y está detenida con prisión domiciliaria en la ciudad de Trelew. A partir de hoy será juzgada por un tribunal oral por el asesinato de su esposo y podrían aplicarle la pena máxima de reclusión perpetua y mandarla a la cárcel por el resto de su vida. La fiscalía mantuvo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, aunque durante la investigación judicial del hecho se ventiló –según varios testimonios, entre ellos los de los hijos de ambos– que Mirta era víctima de violencia familiar desde hacía casi cinco años, que ella sabía que él le era infiel, y que atacó con un cuchillo a su marido, José Luis Quiroga, en el marco de una discusión, como otras que habían tenido, en la que ella resultó golpeada, con magullones y moretones, según constataron pericias forenses. El defensor público que la asiste, Sergio Rey, dijo a Página/12 que “la imputación es completamente injusta” y justificó la reacción de Mirta en el marco de una agresión hasta ese momento contenida. “Durante cinco años vivió un calvario. Tanta agresión explota y es la agredida quien termina agrediendo”, consideró Rey. Organizaciones vinculadas con la Universidad Nacional de la Patagonia se están movilizando en apoyo a Mirta.

El defensor oficial sostuvo que la mujer, de acuerdo con pericias incorporadas a la causa, sufría el “síndrome de indefensión adquirida”, típico de víctimas de violencia sistemática, donde la persona aprende a creer que no puede defenderse y que cualquier cosa que haga es inútil. Como en otros casos de violencia machista, el marido la fue aislando de su círculo, cortando sus vínculos con familiares y amigos, apuntó Rey.

El hecho por el cual está acusada Mirta ocurrió el 28 de marzo de 2010 por la mañana en la casa en la que vivían juntos, en el barrio Amaya, en las afueras de Trelew, provincia de Chubut. Quiroga, de 44 años, trabajaba como sereno en obras en construcción. Estaban casados hace casi treinta años. Sus tres hijos tienen 22, 23 y 27 años. Los tres declararon en la Justicia (ver aparte). Contaron que lo querían mucho a su papá, pero que le decían a su mamá que se separara de él, por los maltratos que le propinaba. Aseguraron que él le era infiel, que ella lo sabía, que incluso llegó a engañarla con la hermana de Mirta –unos siete años atrás– y que cuando se enteró trató de suicidarse arrojándose al río. Pero que ella siempre les decía que lo amaba, y tenía una actitud completamente sumisa frente a sus agresiones, que se manifestaban como insultos y golpes. Mirta testificó ante la Justicia que Quiroga, incluso, la forzaba a tener relaciones sexuales cuando ella no quería. Sus hijos afirmaron que el padre era alcohólico y se ponía más violento con su madre bajo los efectos de la bebida, describieron que la celaba, que una noche “fría” la hizo dormir fuera de la casa y no la dejó entrar porque se enojó con ella, y que todos los viernes se iba a la casa de un primo, soltero, donde hacían reuniones y fiestas con mujeres y regresaba los domingos. Y que Mirta sabía que tenía otras mujeres, porque se lo insinuaba el pariente y amigos de Mario, que lo cargaban sobre sus amantes delante de ella. Incluso, Mario recibía mensajes de texto amorosos en su celular.

Según contó el defensor público a este diario, fue en la mañana de un domingo que regresó de una de sus juergas cuando se desató la discusión que terminó con la reacción de Mirta, que tomó un cuchillo de la cocina y le dio una puñalada en el rostro. Según declaró ella, Quiroga llegó a las 8.30 y al verla despierta a esa hora montó en cólera porque imaginó que Mirta le había sido infiel. Juan Alberto, el menor de sus hijos, estaba en la casa durmiendo. Dijo que cuando se despertó por los gritos de su madre, la encontró abrazando a su padre pidiéndole perdón. “El hijo declaró que la ambulancia demoró en llegar unos cuarenta minutos y el hombre murió desangrado”, agregó Rey. Mirta quedó detenida y luego se le dictó prisión preventiva. “Al día siguiente vinieron los hijos desconsolados llorando para decirme que habían visto a su madre en la Alcaidía y le habían visto lesiones en los brazos. Ni siquiera ella había declarado que él la había agredido esa mañana. Pedí que la revisara un médico forense y se constató que había sido golpeada por el marido”, señaló a este diario el defensor oficial. A pesar de que a lo largo de la investigación del hecho fueron surgiendo elementos que corroboraron que el homicidio se dio en el marco de una discusión, en un contexto de violencia de género, donde Mirta hacía unos cinco años venía sufriendo humillaciones, insultos, y golpes, la fiscal Claudia Ibáñez mantuvo la acusación de homicidio agravado por el vínculo. En Trelew, desde el Gremio Asociación de Docentes Universitarios, la Federación Universitaria de la Patagonia y el Consejo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia (que reúne a diferentes organizaciones de la ciudad) se están movilizando en apoyo a la mujer.

Unos meses atrás, el defensor oficial solicitó la prisión domiciliaria para Mirta. En la audiencia ante la jueza de Garantías Patricia Asaro, la fiscal se opuso y alegó que estaba en condiciones de presentar pruebas de que “había agresiones recíprocas” entre Mirta y su esposo. La magistrada finalmente otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Tuvo en cuenta “las condiciones sociales y los síntomas de violencia familiar, aun sin dejar de ponderar el grave daño causado, manifestando que el encierro iría en contra de su persona y sería más nocivo”, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal. Primero Mirta vivió con un hermano y posteriormente la jueza la autorizó a regresar a su casa, donde actualmente vive con sus hijos Paola, de 23 años, y Juan Alberto, de 22. Paola es la responsable del cumplimiento del encierro.

A partir de hoy, Mirta estará sentada en el banquillo de los acusados. Contará su drama a los jueces del Tribunal Oral de Trelew. Como en otros casos similares, su representante es probable que alegue que actuó en legítima defensa o bajo emoción violenta, delitos que tienen una pena de uno a 4 años, y que aun recibiendo condena le permitirían recuperar pronto la libertad, dado el tiempo que lleva presa.