Luego de un proceso judicial que duró casi seis años, cuatro jóvenes que habían escapado de una comunidad terapéutica en la localidad bonaerense de Tortuguitas fueron absueltos ayer porque la fiscalía desistió de la acusación. “Quedó probado que las víctimas eran los jóvenes”, comentó ayer el abogado defensor Walter Reinoso y pidió que se reactive la causa en trámite contra quienes manejaban la comunidad Volver a Empezar. Allí, los chicos eran obligados a correr durante cinco horas y al que desistía se le daba una “medida curativa”, el submarino. Estos hechos, además de ser denunciados por las víctimas, fueron admitidos ayer por Mariano Núñez Gordillo, ex operador terapéutico de esa comunidad, quien agregó en su testimonio: “Yo también me hubiera escapado”.

El juicio comenzó a las 8.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín y tenía, en principio, una lista de 40 testigos. A los cuatro jóvenes se los acusaba de “robo calificado”, un delito que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. El 1º de abril de 2005 los cuatro y otros cinco que eran menores de edad huyeron de Volver a Empezar, luego de que sus coordinadores les negaran la posibilidad de irse. Los chicos amenazaron con palos y cuchillos, los ataron y los encerraron en un baño.

“Les pidieron las llaves y como estaban en la mochila de uno de ellos, se llevaron la mochila, sin saber que había un celular y 70 pesos. Por esto último les armaron la causa aunque hoy (por ayer), Gordillo aclaró este punto”, comentó a este diario Reinoso. Los nueve fugitivos fueron capturados porque Núñez Gordillo, señalado por los jóvenes como uno de los más sádicos dentro de la comunidad, logró desatarse y denunciar el escape a la Policía Bonaerense, cuyos oficiales nunca creyeron la historia que contaron los chicos.

Los menores fueron trasladados a institutos, los cuatro mayores estuvieron dos meses presos en la comisaría de Tortuguitas y fueron procesados por el juez de Garantías de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, a pedido del fiscal Héctor Scebba. “Fallaron estos filtros judiciales, este juicio no se tendría que haber hecho y en realidad, lo que falta es investigar las responsabilidades de los dueños de esta comunidad terapéutica”, señaló ayer el abogado Reinoso.

Los cuatro jóvenes que llegaron a juicio son tucumanos y fueron enviados desde esa provincia por el juez de menores Oscar Ruiz a la Fundación Hoffman de Buenos Aires, que los derivó a la comunidad terapéutica Volver a Empezar. Ayer, Núñez Gordillo admitió los malos tratos y aseguró que él “estaba en desacuerdo y los disponía Carlos Nenning”, quien manejaba la fundación con el psiquiatra Silvio Hoffman. Este testimonio, el tercero de la audiencia, hizo deliberar a los jueces Julio Di Giorgio, Mónica De Benedetto y Agustín Gossn y a la fiscal Paula Leiva, quien finalmente declinó la acusación.

Antes del ex operador terapéutico, pasó al estrado Matías Reinoso, acusado junto a Mauricio Melo, Marcelo Viñas y Alvaro San Juan. En diálogo con Página/12, Matías relató que había viajado a Buenos Aires porque sus padres le dijeron que “vería a un médico y estaría sólo 15 días”. Cuando llegó a la comunidad, le adelantaron que estaría al menos “un año y medio”. “Yo sólo fumaba marihuana, tenía 19 años y a veces pasaba dos o tres días sin volver a casa. Era rebelde, ése era mi problema”, comentó. También recordó que en la comunidad “los hacían comer y tomar agua hasta vomitar, era una medida curativa decían ellos”.

“Ese lugar era un campo de concentración disfrazado”, sentenció ayer Alberto Calabrese, integrante de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas que asesora al gobierno nacional. “Hay un modelo que justifica esto desde antes de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Empezó con la unión de positivismo médico y el puritanismo religioso y después se trasladó a la ética jurídica. A esos chicos se les requería una ‘expiación’ por el ‘demonio’ que tenían dentro, que sería la droga. Para retenerlos, se les decía a los padres que los adictos mienten y son manipuladores. Fue algo sádico y vejatorio”, explicó Calabrese.

Nenning y Hoffman fueron denunciados en 2005 por los padres de los chicos, aunque esa causa –la 42.725– ni siquiera tiene un juez, ya que no se tomaron medidas que precisen esa autoridad, como un allanamiento. Recién la semana pasada los llamaron a indagatoria por “lesiones”. Esta causa puede prescribir pronto, aunque por tratarse de torturas y habiendo recibido dinero del gobierno tucumano, a través de un convenio, “debe investigarse si no hubo un crimen de lesa humanidad”, advirtió Calabrese.

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