Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.

Alcides Santillán y Rafael Martín Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, del Tribunal Criminal Cuarto, ordenó la captura de otros doce integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Se ha de-satado un raid judicial y policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el “crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.

Una semana antes, en la chaqueña Colonia El Guanaco, el Juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace setenta años habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació, trabajó y acá nacimos sus nueve hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra.

La Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), donde participa la familia, se movilizó para evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el sistema judicial hace otra cosa”.

Situaciones muy similares se repiten en Jocolí (Mendoza), Villa la Angostura (Neuquén), Colalao del Valle (Tucumán), Ñorquinco y paraje El Foyel (Río Negro), Cachi (Salta) y Puerto Piray (Misiones), sólo algunos de una larga lista.

Además de desalojos, se acentúa la criminalización. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reveló que en Neuquén hay al menos 250 mapuches procesados por defender el territorio ancestral.

En Santiago, “al menos 500 compañeros y compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc).

Diego Montón integra la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, y también es referente del MNCI. Destaca que históricamente la idea de progreso de las clases dominantes estuvo asociada a la destrucción y sometimiento de los campesinos e indígenas. “Actualmente con la ofensiva del capital financiero sobre los bienes naturales se ha intensificado el nivel de disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales”, explica Montón y asegura que la conflictividad se va a profundizar. “La disputa es por las hectáreas que aún están en manos campesinas indígenas. El agronegocio, el capital y las transnacionales quieren toda la tierra a su servicio. Todos los territorios que se resisten a la lógica del agronegocio serán escenarios de conflictos.”

El dirigente del MNCI apuntó a los gobiernos provinciales “en su mayoría con intereses ligados al modelo agrominero exportador”, pero principalmente a la “alianza Poder Judicial y poder económico” como principales responsables de la criminalización y represión.

El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales”, explica la decena de científicos sociales que integra el Gepcyd.

Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural –señalan– más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.” “Lo que probablemente esté expresando la violencia rural, además de la existencia de débiles dispositivos democráticos, es sobre todo la intensidad con la cual el capital puja por el aprovechamiento de áreas que aún guardan una dotación importante de recursos naturales”, agregan.