Las videocámaras de seguridad, instaladas por el gobierno porteño, siguen generando polémica. A la decisión del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de entregar a los canales de televisión las imágenes en vivo captadas en los diversos barrios, en abierta violación a la ley que regula su funcionamiento –tal como reveló Página/12– e instalar cámaras en escuelas, se suma la denuncia de un vecino que teme que su intimidad sea vulnerada por una videocámara instalada frente a la ventana de su baño. El vecino hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el organismo acaba de emitir una resolución por la cual recomendó al gobierno de Mauricio Macri que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara” al fin de evitar que el vecino sienta “la amenaza de que está siendo vigilado”. En su dictamen, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, advierte que en la colocación de videocámaras en la vía pública se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”.

El vecino, cuya identidad se mantendrá en reserva, planteó su preocupación en la Defensoría del Pueblo cuando advirtió que el gobierno porteño había instalado una cámara tipo “domo” –son aquellas que captan imágenes con un giro de 360 grados en la línea horizontal y 180 grados en la vertical– en una columna de alumbrado público, “muy próxima a una ventada de su domicilio, en el segundo piso de un edificio”, ubicado en una avenida de un barrio céntrico de la ciudad. La ventana es la del baño. En su presentación, el vecino cuestionó que la presencia de la cámara “viola su intimidad, ya que podría capturar imágenes del interior de su vivienda”.

El caso fue derivado al Centro de Protección de Datos Personales, de la Defensoría, que encabeza Eduardo Peduto, desde donde se viene siguiendo el cumplimiento de la Ley 2602, sancionada en 2007, por la Legislatura porteña, que regula el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la ciudad.

La Defensoría confirmó que la videocámara efectivamente está colocada a la altura de la ventana del baño del vecino y es una de las casi mil que ya ha instalado el gobierno porteño, cuyas imágenes son visualizadas por operadores del Centro de Monitoreo Urbano del Ministerio de Seguridad. Ante una consulta de la Defensoría, el gobierno porteño informó que solo se captan imágenes provenientes del espacio público y que no se obtienen sonidos. Además, indicó que no se habían captado imágenes del edificio del vecino como tampoco de otros inmuebles, dado que las videocámaras cuentan con un software que bloquea la visión cuando el zoom permite apuntar al interior de un domicilio y también cuando se acerca al rostro de una persona.

El Centro de Protección de Datos Personales evaluó que si bien la Policía Metropolitana “ha recurrido al procedimiento de enmascaramiento en pos de la protección de la vida íntima del ciudadano”, de todas formas “la sola amenaza sobre el derecho a la privacidad del vecino sería causal suficiente para modificar la ubicación del artefacto. Ello es así ya que no hay ninguna duda de que la colocación de una videocámara próxima a la ventana del baño de una vivienda –como lo está en este caso– genera de mínima una duda razonable sobre que uno podría estar siendo vigilado. Esto es así toda vez que los ciudadanos desconocen el funcionamiento y alcance de estos potentes aparatos”, señala la resolución 1456/11, firmada en los últimos días por Pierini, en la que recomienda al superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo José Martino, que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara”.

Pierini agrega que en la instalación de videocámaras se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”. Es decir, que “corresponde que las autoridades tomen medidas acordes entre el avance de las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales de los individuos, como lo es el de la privacidad”, considera Pierini.

Consultado por Página/12, Peduto observó que “la mayoría de los porteños desconoce la existencia de las videocámaras y cómo funcionan”. Y advirtió que aunque la ley obliga al gobierno a colocar carteles que adviertan sobre la presencia de cada cámara, no siempre se cumple con esa regulación. El funcionario explicó que las imágenes capturadas por las cámaras en el espacio público se consideran, de acuerdo con las leyes vigentes, “datos personales”. En función de ello, “la recolección de datos debe ser en base a una razón legítima que, si bien en este caso podría estar fundada en la prevención del delito, debe revestir ciertos límites y garantías”.