Un ex policía bonaerense condenado por la Masacre de Avellaneda fue arrestado ayer, acusado de integrar una banda de secuestradores. Se trata de Carlos Leiva, junto a quien fueron detenidas otras seis personas, entre ellas su hijo y su hermana, agente de la Federal. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la organización de la que se presume que forman parte “tenía una prolífica actividad” delictiva en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Entre otros casos, se los vincula con el secuestro del músico bailantero Cristian Sayago, sucedido el 7 de marzo de 2002 en el barrio porteño de Villa Lugano.

Leiva es un auténtico reincidente: la de ayer fue su tercera detención. Su primer arresto –después de dos años en los que estuvo prófugo– fue por su participación en la represión a la manifestación que se llevó a cabo al pie del Puente Pueyrredón, en la orilla bonaerense del Riachuelo, en junio de 2002. Entonces, los manifestantes Darío Kosteki y Maximiliano Santillán fueron asesinados por efectivos de la Bonaerense, cuyo accionar provocó además heridas de consideración a más de 30 personas.

La Justicia condenó a Leiva tras encontrarlo culpable de tres tentativas de homicidio durante la represión en Avellaneda. Allí, infiltrado de civil, lideró una patota policial que disparó balas de plomo contra los manifestantes. En 2007 le otorgaron la libertad condicional, pero en 2009 volvió a ser detenido por tenencia ilegal de armas y auto robado. Tras pasar un tiempo encerrado en el penal 42 de Florencio Varela recibió el beneficio de arresto domiciliario por no contar con condena firme –aún no lo está–, por “buena conducta” y por “ser el único adulto responsable de su hijo”.

Ayer se cumplió aquello de que no hay dos sin tres. Esta vez a Leiva se le imputa formar parte de una banda de secuestradores y lo detuvo personal de la División Antisecuestros de la Policía Federal que –tras diversos allanamientos en las localidades bonaerenses de Ciudad Evita, Quilmes, Berazategui y La Matanza– arrestó también a su hijo –un joven menor de edad–, a su hermana –una suboficial de la Policía Federal que presta servicios en la comisaría 29– y a otros cuatro hombres. Durante los diferentes allanamientos en los que se lograron las detenciones, los investigadores secuestraron varias armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y municiones de distintos calibres, y otros elementos que también consideraron de importancia para la pesquisa.

A todos los detenidos se los señala como miembros de una organización dedicada a los secuestros. Uno de los casos que se le atribuye a la banda es el secuestro del bailantero Sayago. El cantante del grupo de cumbia Legendario fue secuestrado el 7 de marzo de 2002 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. A cambio de su liberación con vida los delincuentes habrían cobrado un rescate de 102 mil pesos y también un reloj de oro.

El abogado del ex bonaerense, Javier Raidán, explicó que “aún no están claras las razones de la detención”. Según dijo, “hay una relación establecida con firmeza entre el secuestrado y el hijo de Leiva, pero de él no hay nada concreto aún”, explicó.

El fiscal federal que interviene en el caso es Carlos Stornelli, ex ministro de Seguridad bonaerense. Voceros del Ministerio de Seguridad nacional indicaron que los detenidos “tenían una prolífica actividad en secuestros extorsivos producidos en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense”.

Familiares y abogados de las víctimas de la Masacre de Avellaneda no se sorprendieron con la detención de Leiva. “Esto marca la vinculación concreta y real que existe entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad y el delito”, consideró el abogado Claudio Pandolfi. Y añadió: “En casos como el de Leiva, por ejemplo, esa línea de unión es permanente. Se trata de un tipo que hace diez años era sargento de calle de Avellaneda, que purgó una condena por intentar matar personas, luego volvió a caer y ahora se convirtió en secuestrador”. Pandolfi también remarcó el hecho de que a Leiva se le haya otorgado el arresto domiciliario tras su anterior detención. “Para los miembros de las fuerzas de seguridad, el trato –sostuvo– es diferente al que reciben los presos comunes.”

Alberto Santillán, padre de Maximiliano, uno de los jóvenes asesinados en 2002, consideró que “no hay nada nuevo” en la relación entre la policía y la delincuencia. “Quien debería cargar duro con ellos es la Justicia, y no lo hace. Leiva purgó una condena muy corta por hacer lo que hizo en Avellaneda. Cayó nuevamente y obtuvo el beneficio de cumplir un castigo en su casa. Eso demuestra que la Justicia ampara a la mafia de la policía y que no actúa con ellos, los poderosos, los políticos, de la misma manera que lo hace con el pobre, con el que reclama derechos incumplidos.”