La jueza penal porteña María Cristina Nazar se excusó de seguir interviniendo en la causa por la toma del Parque Indomericano, en diciembre del año pasado, y reiteró que, según su criterio, el hecho no constituyó un delito, sino un reclamo social. La magistrada resolvió apartarse de la causa junto cuando debía resolver la situación de los imputados, seis dirigentes sociales de las villas del sur de la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara en lo Contravencional y Penal porteña había rechazado el cierre de la causa que dispuso Nazar y ordenó la reapertura y la indagatoria a seis dirigentes sociales de los barrios Piletones, Villa 20 y Villa 15, adyacentes al Indoamericano, a los que la fiscalía acusó de “usurpación”.

En esta causa están imputados los delegados Alejandro Salvatierra, Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Ruejas, Antonio Marcelo Chancalay y Berta Elizabeth Revilla. Los tres primeros ya fueron indagados, mientras que el resto será convocado en los próximos días. La fiscalía había pdido que si no se presentaban a la citación, sean traídos por la fuerza pública. La jueza Nazar se negó, ya que estaba pendiente un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, para que dirima si la toma del parque fue un delito, como sostienen los fiscales, o una contravención, como argumentan las defensas de los imputados.

Nazar actuó inicialmente en el expediente y el 6 de diciembre del año pasado hasta ordenó el desalojo del predio de Villa Soldati, lo cual desencadenó una represión de las policías Federal y Metropolitana que produjo dos muertos y otro posterior. Pero luego, al analizar el fondo del tema, la jueza consideró que la toma era producto de un reclamo social y no de un delito, y cerró el expediente, lo que fue apelado por la fiscal Claudia Barcia, que obtuvo el respaldo de la Cámara.

Al volver la causa a sus manos, Nazar reiteró que no existe a su entender el delito de usurpación que se imputa a los dirigentes sociales citados a declarar y dispuso que no podían ser llevados por la fuerza pública. “Sostuve que se trata de una ocupación del espacio público y que debe intervenir el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad y no tipificarlo en la figura penal que en el presente se investiga”, sostuvo Nazar en la resolución con la cual se excusó.

Sostuvo que los acusados “deben ser desvinculados del delito que se le atribuye” y cnsideró que “al afirmar la inexistencia del mismo, mal podría continuar interviniendo en las presentes actuaciones adoptando decisiones contrarias al juicio que ya emití y opuestas a mi conciencia que como jueza debo respetar”.

Los seis imputados por los fiscales son dirigentes sociales que incluso participaron de las negociaciones con los gobiernos nacional y porteño para desalojar el predio. El abogado Adrián Albor, patrocinante de Revilla, confirmó que su defendida se presentará a declarar el 22 de noviembre. Las defensas argumentan que a lo sumo existió una contravención: ocupación indebida del espacio público, pero no un delito.

Ahora, el expediente quedó en manos del Juzgado Nº 14, a cargo de María López Iñíguez.