Manifestantes de organizaciones campesinas y movimientos sociales, acompañados por un grupo de diputados nacionales, marcharon ayer hasta el Congreso nacional para expresar “el más enérgico repudio al asesinato de Cristian Ferreyra”, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Esto fue un grito de justicia para que se castigue a los responsables materiales del crimen, pero también para repudiar a los sectores empresarios, de la política y de la Justicia que no están respetando los derechos de los campesinos, de los pueblos originarios, de la agricultura familiar”, le dijo a Página/12 el diputado nacional Martín Sabbatella. El legislador informó, además, que los manifestantes acompañaron la presentación en el Congreso “de un proyecto de ley que venimos trabajando desde hace un año con los sectores campesinos para que se declare la emergencia territorial para frenar los desalojos por cinco años para que se pueda realizar un relevamiento ocupacional y evitar que sean avasallados los derechos de los que viven en esas tierras desde tiempo inmemorial”.

En el acto realizado frente al Congreso, Adolfo Farías, del Mocase-Vía Campesina de Quimilí, llamó a “defender el territorio” porque “para seguir avanzando con las hectáreas de soja, el único camino que tienen (los empresarios) es el desalojo de los campesinos”. Farías dijo que es necesario “cuidar la soberanía en algo que tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos y que significa que la gente del interior siga produciendo en sus tierras y que no se trasladen a villas miseria en torno de los grandes centros urbanos”. Puntualizó que lo que buscan es que “los compañeros trabajen en el campo, para evitar que el ‘paco’ sea el fin de su historia”.

Por su parte, Ramiro Fresneda, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, consideró que “es necesaria la aprobación de la ley de tierras para evitar el desalojo de familias campesinas y el avasallamiento por parte del agronegocio”. Participaron de la concentración el Movimiento Evita, el Frente Transversal de la CTA, la Asamblea Popular por el Agua y el Comedor Los Pibes, además del Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar, la Federación Nacional Campesina Indígena, el Movimiento Campesino de Liberación, el Partido Comunista y la Federación Tierra y Vivienda, entre otras organizaciones.

En apoyo a la movilización llegaron hasta el Congreso Hugo Yasky, de la CTA; los diputados nacionales Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Edgardo Depetri (FPV), Diana Conti (FPV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y el legislador electo Andrés Larroque (FPV). Los convocantes exigieron que “el Poder Judicial entienda la posición histórica de las comunidades campesinas que no tienen títulos –de propiedad– contra la de los que tienen títulos y los usan como herramienta de expulsión y de violación a los derechos humanos”.

El proyecto de ley del que habló Sabbatella fue presentado ayer, a las 14.30, en la Cámara de Diputados, y propicia la suspensión por cinco años de “toda ejecución, sentencia, actos procesales o administrativos que tengan por objeto desalojar tierras rurales ocupadas”. La presentación fue avalada por los diputados Conti, Heller, Depetri, Sabbatella e Inés Pilatti (FPV). Sabbatella aseguró que el proyecto “va de la mano de la iniciativa de la presidenta (Cristina Kirchner) respecto de la regularización de las tierras, que va en el mismo sentido, para garantizar la soberanía alimentaria, el desarrollo y la inclusión, y para ponerle fin a los negocios inescrupulosos que tratan de avanzar sobre los históricos derechos de campesinos y de los pueblos originarios”.

Ayer se realizó otra marcha en la ciudad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, donde está el juzgado que investiga el asesinato de Cristian Ferreyra y las heridas graves sufridas por Darío Godoy, los dos miembros del Mocase-Vía Campesina. Los manifestantes se reunieron en uno de los accesos a la ciudad santiagueña, ubicada a 360 kilómetros de la capital provincial. Luego marcharon frente a distintos edificios públicos en reclamo por “el esclarecimiento del crimen de Cristian Ferreyra”.

La marcha fue seguida de cerca, en todo momento, por un numeroso grupo de policías que llegaron a la ciudad cabecera del departamento Copo desde distintas localidades y desde la capital provincial. Los manifestantes realizaron pintadas en las calles y en los frentes de edificios y luego se reunieron en un predio del ex Ferrocarril Belgrano. Las pintadas le apuntaron al empresario santafesino Jorge Ciccioli, quien se encuentra detenido por orden del juez de la causa (ver aparte), y al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.