El rechazo a la megaminería dijo presente en la primera semana del año en cuatro provincias. Chubut, La Rioja, Catamarca y Río Negro tuvieron movilizaciones de repudio a la actividad extractiva, que en las cuatro provincias cuenta con apoyo de los gobiernos provinciales. Por un corte permanente de camino en Famatina (La Rioja), ya fueron citados a declarar ante el Poder Judicial ocho activistas socioambientales. El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta abierta donde rechaza la judicialización de la protesta y la Asamblea de Vecinos de Esquel (Chubut) alertó que las empresas mineras quieren derogar las leyes provinciales que protegen el ambiente y limitan la megaminería.

Esquel marcó un quiebre respecto de la acción que las comunidades tomaron frente al avance de empresas mineras. En 2002 se instaló la compañía canadiense Meridian Gold, que pretendía explotar el proyecto Cordón de Esquel para extraer oro y plata a sólo seis kilómetros de la ciudad. Movilizaciones, jornadas informativas y un histórico plebiscito rechazaron la megaminería. También lograron la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la actividad en la provincia.

A pesar de la ley, las empresas extranjeras siguieron explorando el centro de la provincia, con el fin de extraer plomo y plata (proyecto llamado Navidad). Las comunidades indígenas, que cuentan con leyes específicas sobre el territorio, rechazan el avance minero.

La mayor sorpresa volvió a tener epicentro en Esquel. A pesar de que en el municipio también rige la ordenanza 33/2003, que prohíbe la minería, en diciembre pasado la comunidad se enteró de que el polémico proyecto a seis kilómetros del pueblo sigue su marcha: fue rebautizado Suyai y está en manos de la empresa canadiense Yamana Gold.

El miércoles hubo una movilización por las calles de Esquel. Participaron comunidades mapuche-tehuelche y asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. “Algunos gobernantes confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos”, alertó Pablo Galperín, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. El asambleísta denunció que “las empresas mineras, avaladas por la Secretaría de Minería de la Nación, se proponen como meta para el 2012 la derogación de todas las leyes antimineras provinciales”.

“Nos movilizaremos para defender la Ley 5001. Su derogación supondría un retroceso legal, y también la destrucción de regiones y comunidades enteras de nuestra provincia”, afirma el comunicado de la asamblea. Desde el gobierno provincial no respondieron las consultas de Página/12.

En La Rioja se repite la historia. Las asambleas socioambientales riojanas nacieron como rechazo a la actividad, que en la provincia era encabezada por el entonces gobernador Angel Maza y la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. La intención empresaria era explotar el cordón montañoso de Famatina (a 300 kilómetros al norte de la capital provincial). Movilización, campañas informativas y cortes de ruta fueron la respuesta asamblearia. En 2007, Barrick abandonó el proyecto.

Luis Beder Herrera era vicegobernador de Maza. Fue importante en la destitución de su antecesor y llegó al Ejecutivo con un fuerte discurso antiminero. Al asumir cambió de parecer y hoy es un férreo defensor de la actividad. Tampoco respondió los llamados de este diario.

A fines de 2010 trascendió que la empresa canadiense Osisko Mining Corp hizo pie en La Rioja para explotar lo que Barrick había abandonado. En diciembre la asamblea denunció que la empresa tenía “listas negras” de asambleístas y realizaba inteligencia contra los militantes. Exhibieron como prueba una carpeta de la empresa con nombres de activistas, lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.

El lunes 2 de enero comenzó un corte de las asambleas de Chilecito y Famatina en el Alto Carrizal (Famatina), un camino que lleva a la zona en exploración. Bajo un algarrobo, al lado de un canal y con el cerro de fondo, el objetivo es que no pase ninguna empresa minera. El martes 3 llegaron al corte una treintena de presuntos trabajadores mineros, con machetes, picos, rastrillos. Hubo discusiones y tensión.

El miércoles 4 llegaron notificaciones judiciales a ocho asambleístas ante el juzgado de Chilecito para “prestar declaración indagatoria, acompañado de su abogado defensor”. Están imputados en base al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (...) será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.

Ayer a la mañana en el corte había 200 activistas y, a dos cuadras, había llegado la Brigada de Acción Operativa (BAO), grupo especial de asalto de la policía provincial. “Están llegando más compañeros porque vamos a resistir. El corte es permanente y por tiempo indeterminado, hasta que se dé de baja el convenio entre la empresa y el gobierno provincial”, explicó María Pía Silva, de la Asamblea de Vecinos de Chilecito.

El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta pública al gobernador de La Rioja. “Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor”, señala el titular del Servicio de Paz y Justicia, que llamó al diálogo entre las partes, exigió que no se reprima a la población y lamentó que “el gobierno de la provincia privilegie el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano”.