Un organismo público reconoció por primera vez que el Estado argentino ha discriminado y perseguido al colectivo trans y que existe “un deber de pedir perdón por las violencias y discriminaciones sistemáticas que por acción u omisión (la comunidad) ha sufrido”. La toma de posición fue realizada por el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Pedro Mouratian, en la introducción de un estudio sobre el proyecto de ley de identidad de género con media sanción en Diputados. Y fue más allá en esas líneas preliminares para un debate pendiente, silenciado: “No se puede ni debe permanecer en silencio con la realidad del colectivo trans, a quien se le negó el goce del derecho a la dignidad humana”. Según investigaciones citadas en el informe, el 91 por ciento de las personas trans fue víctima de algún tipo de violencia y el 64 tiene la educación primaria incompleta. Otros trabajos arrojan que el 86 por ciento de las travestis sufrió abusos policiales, el 95 por ciento se encuentra en situación de prostitución y su expectativa de vida es de 35 años.

“Ser travesti, transexual o transgénero en Argentina implica estar condenada/o a distintas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión social”, argumenta el interventor del Inadi en el prólogo de Hacia una ley de identidad de género, publicado a fines de 2011, mientras se debatía ese proyecto en la Cámara baja. Según explicó a Página/12, el proyecto es no sólo “un acto de reparación del Estado a la situación de vulnerabilidad y estigmatización de la comunidad trans”, sino la expresión de una voluntad de cambio. En ese sentido, la instrumentación del proyecto de ley, dijo, “formará parte de un deber de todo el Estado argentino de pedir disculpas a esta población por las violencias y discriminaciones sistemáticas que por acción u omisión ha sufrido”.

Diana Sacayán, coordinadora del Mal (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación), es travesti. Milita, investiga y escribe desde la zona oeste del conurbano. “La ley es una bisagra para el acceso a otros derechos que fueron negados. Las travestis no somos reconocidas como sujetos de derecho desde el momento mismo en que nos violan el derecho a la identidad. Hoy ser travesti te margina, es enorme la relación entre clase económica e identidad de género.”

Con ella coincide Marlene Wayar, directora de la revista El Teje. “Una de las pocas posibilidades que tiene una travesti de salir de la prostitución es ejercerla afuera, en Europa, armar cierto capital, por ejemplo para comprar un departamento, y luego alquilarlo”, explica. Del 95 por ciento de las travestis que se encuentran en situación de prostitución, el 77 por ciento afirma que si tuviera la posibilidad dejaría de hacerlo.

El Estado, asume el Inadi en su informe, “accionó persiguiendo y avasallando las garantías de esta población, reprimiendo con detenciones ilegales y arbitriarias por la expresión de género”. La aplicación de códigos contravencionales y de faltas, legislaciones heredadas de la dictadura militar y “una democracia restringida”, implicaban que una travesti podía ser detenida sólo por transitar en la vía pública de día.

Recién en 2007 se comenzaron a derogar esas figuras, que aún persisten en algunas provincias. Por artículos de escándalo o persecución una travesti podía terminar en comisarías, donde se producen el 69,5 por ciento de las agresiones, según “La gesta del nombre propio” (Ediciones Madres de Plaza de Mayo), uno de los estudios consultados por los investigadores del Inadi.

En la escuela también se evidencia la exclusión. El 84 por ciento no terminó el secundario y el 64 ni siquiera el primario. ¿Por qué? El miedo a la discriminación en un 39 por ciento y la falta de dinero, el 30. “Para quienes queríamos continuar en la escuela, íbamos a comprar pan y nos llevaban presas. No teníamos cómo explicar esas faltas o reconocerla frente a un aula de chicos a los que se les enseña a discriminarnos”, relata a este diario Wayar.

Las modificaciones corporales que llevan adelante la mayoría de las personas trans –el 88 por ciento–, sigue el informe del Inadi, están supeditadas a ser prácticas clandestinas, por “lo expulsivo de los hospitales públicos y la prohibición explícita del decreto ley de la dictadura militar de Onganía”. Según cita el Inadi, se consideran los problemas derivados de la aplicación de siliconas como la tercera causa de muerte dentro del colectivo. Dicho sea de paso, el 40 por ciento no controla regularmente su salud por el temor a ser discriminada.

Para Mouratian, “sin la ley de identidad de género es imposible garantizar los derechos a la comunidad travesti, sean los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda o al trabajo y por eso su aprobación es necesaria y urgente”.

La norma, que podrá ser aprobada este año –el interventor asegura que existe el consenso para que así sea– permitirá el reconocimiento oficial al nombre asumido por las personas trans y al acceso a los tratamientos de hormonización y operaciones quirúrgicas de reasignación genital, sin condicionamientos judiciales ni médicos.

“Haciéndonos cargo de la violencia y la discriminación que el propio Estado ha generado o consentido en la historia –asegura Mouratian– es nuestra obligación subsanar décadas de invisibilización y exclusión y dar vuelta la página de una historia repleta de olvidos y abandonos.” Ese es el “deber de todo el Estado argentino de pedir disculpas a la población trans por las violencias y discriminaciones sistemáticas que por acción u omisión han sufrido las personas trans”.

A Wayar se le pone la piel de gallina al pensar en la posibilidad de que el Estado pida perdón. “Somos personas adultas que fuimos desamoradas, excluidas cuando niñas y cuando decidimos ser travestis se nos tiró a la calle. Históricamente, desde el Estado, es mucho más lo que se ha actuado en contra nuestra que lo que se ha omitido.” Pero por primera vez, con la llegada de esta ley, piensa Marlene, las personas trans ven un futuro distinto para los niños y niñas por venir. Estarán protegidos “de tanto odio” que el colectivo ha sufrido.

“Hubo un genocidio particular de las personas trans, un hostigamiento policial y social sistemático. Pero no hemos dado el brazo a torcer. Y merecemos las disculpas públicas, de la misma manera en que todos nos enteramos cuando Néstor (Kirchner) bajó los cuadros de Videla o –su voz se entrecorta– cuando pidió disculpas en nombre del Estado por las atrocidades cometidas en la dictadura.”

Informe: Rocío Magnani.