El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, reveló ayer que se abrieron expedientes contra los policías que intervinieron en el caso Candela, incluyendo a gran parte de la cúpula de la Bonaerense. Casal señaló que la Auditoría de Asuntos Internos inició sumarios el mismo día que salió el dictamen de la comisión del Senado que analizó la investigación del caso Candela. “He tomado las medidas que pidió la comisión. Para sancionar se requiere previamente la instrucción sumarial”, sostuvo Casal. De todas maneras, el funcionario volvió a defender la actuación de su área y de la policía en la investigación: “Siempre acompañamos con recursos humanos y logísticos lo que la Justicia requirió, pero de ningún modo interferimos en la investigación”. No es lo que sostuvo la comisión del Senado que concluyó que los policías llevaron la voz cantante en el armado de un expediente falso que desvió la investigación y la apartó de lo que estaba detrás del secuestro de Candela: una banda de narcos, con participación uniformada.

Casal deslizó una crítica a la comisión del Senado porque todavía no envió ninguna copia del informe a su ministerio. “Les hemos pedido una copia para agregarla a los sumarios que se abrieron no bien se conoció el dictamen. Cuando se remitan las copias, empezarán las actuaciones.” Es decir que los sumarios se abrieron, pero la investigación sobre los policías acusados de irregularidades no comenzó. También dejó entrever que las cosas no se hicieron tan mal como establecieron los senadores: “Habrá que ver qué decisión toma el nuevo fiscal, pero si se mantienen íntegramente las pruebas colectadas y tienen la misma entidad que se le dio oportunamente, los responsables estarían, creo, ya identificados para su detención”. La hipótesis del ministro y de otros allegados a la causa judicial es que efectivamente la investigación inicial fue fallida, pero que de todas maneras algunos de los detenidos tuvieron que ver con el asesinato de Candela.

Esa evaluación del expediente Candela contrasta con lo dicho por la mayoría de la comisión de senadores. El informe fue arrasador:

- Los policías apuntaron en la investigación contra una banda inexistente. Los primeros detenidos no tenían antecedentes y fueron apuntados por testigos de identidad reservada que eran confidentes policiales o personas que habían cometido delitos y, se supone, los “convencieron” para que declararan. Fue una banda peculiar: no registraba llamadas entre sí.

- La comisión sostuvo que se armó falsamente la casa donde tuvieron a Candela secuestrada, aquella de la calle Kiernan. Los senadores detallan que por esa vivienda pasaron numerosas personas durante aquella semana, que no tenía condiciones para tener a alguien secuestrado, y que los ADN de Candela fueron plantados en dos elementos móviles: un bol y un vaso. La toma de muestras fue irregular y hay contradicciones sobre la forma en la que se obtuvieron.

- Hubo intención policial de ubicar el centro del caso en Hurlingham y no en San Martín, donde se movía la banda mixta de narcos y policías que estuvieron detrás del secuestro de Candela. “En San Martín tuvieron secuestrada y asesinaron a Candela”, dice el dictamen.

- Se armó un móvil trucho. Se pretendió señalar que se trató de una venganza contra el padre de Candela por discrepancias dentro de una banda de piratas del asfalto, cuando la realidad es que Alfredo Rodríguez estaba detenido desde hacía un año y medio, y el trasfondo del caso era otro: la venta de drogas en Villa Corea, San Martín.

- Lo más grave que señala la comisión es que mientras públicamente se tramitaba el expediente, hubo negociaciones paralelas con los secuestradores. El dictamen incluye a Carola Labrador en el mundo narco y como partícipe de los diálogos. Finalmente la negociación falló, hubo presión mediática y de los narcopolicías, todo lo cual precipitó el asesinato. Esa es la conclusión del dictamen.

Semejante cúmulo de acusaciones llevó a la mayoría de senadores de la comisión a pedir que se exonere o se separe a unos 30 policías, en su mayoría comisarios. El titular de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, ordenó una investigación sobre el juez, Alfredo Meade, y la procuradora María del Carmen Falbo instruyó un sumario (todavía no hay dictamen) sobre el fiscal del caso, Marcelo Tavolaro, hace más de dos meses. Casal dijo ayer que Asuntos Internos se expedirá sobre la actuación de los uniformados, pero se envió el mensaje de que no todo estuvo mal.

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