Desde San Miguel de Tucumán

Una condena a 25 años de prisión. Eso pidió el fiscal Carlos Sale para siete de los trece imputados por secuestrar a Marita Verón y obligarla a prostituirse. Entre esas siete personas se encuentran quienes, a fuerza de testimonios, la fiscalía consideró autores materiales e intelectuales y partícipes necesarios. Para los seis imputados restantes, considerados partícipes secundarios de los mismos delitos, el pedido fue de 12 años y seis meses de prisión. Agregó Sale: “También pido la inmediata detención de todos los imputados” al menos hasta que se dicte el fallo, para garantizar su presencia. En la sala de audiencias, primero sobrevino el silencio. Tras unos instantes de consulta con sus colegas, el presidente del tribunal indicó que el juicio pasaba a cuarto intermedio hasta las 8.30 de esta mañana. Los imputados se pusieron de pie mientras el público abandonaba el lugar. A unos metros, Susana Trimarco se acercaba para abrazar a los fiscales. “Estamos conformes, porque después de escuchar los testimonios, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena más elevada que la que había anunciado”, explicó a este diario el abogado de la querella, José D’Antona. Poco después, Trimarco repetiría ante micrófonos la misma satisfacción, pero también que “la única manera de que reparen el daño causado es que digan dónde está, cómo está. Que me la devuelvan”.

La acusación de la fiscalía fue emprendida en dos tramos consecutivos por el fiscal adjunto Sale y el de Cámara Manuel López Rougés, una vez que el abogado Carlos Varela Alvarez hubo terminado el alegato iniciado el lunes. Como parte de la acción civil, explicó Varela Alvarez, su rol era pedir “reparación” para el proyecto de vida de Marita Verón, que fue truncado por su secuestro, desaparición y sometimiento a un mundo de “campos de concentración privados” donde las mujeres son torturadas y explotadas sexualmente. “Que nos traigan el dinero de Marita, lo que no pagaron a Andrea Darrosa, a Patricia Costilla y a todas las demás víctimas de trata”, reclamó Varela Alvarez de frente a los acusados. “Que devuelvan a Marita, que digan dónde está” Marita, que “reconozcan su responsabilidad civil en su privación de la libertad y que pidan disculpas por secuestrarla” y “que paguen por indemnización solidaria la suma simbólica de 1 peso”.

Por su parte, Sale pidió condenas por las responsabilidades de cada imputado en el secuestro, retención y ocultamiento agravados –por ser mujer– de Marita y por obligarla a prostituirse. “La fiscalía acusa”, dijo, y comenzó a enumerar y describir: a Víctor Rivero como autor material y a su hermana María Jesús como autora intelectual del secuestro; para ellos pidió 25 años. A Daniela Milhein, Alejandro González, Liliana “Mama Lili” Medina y sus hijos, los mellizos José “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, como “partícipes necesarios”, por lo que pidió para cada uno 25 años. Finalmente, para Juan Derobertis, Mariana Bustos –esposa de Chenga Gómez–, Azucena “doña Claudia” Márquez, Paola Gaitán y su esposo, Carlos Luna, y el ex policía Pascual Andrada solicitó 12 años y 6 meses, por considerarlos partícipes secundarios.

Eran las 10.15 de la mañana y el primer alegato, de la acción civil –realizada en nombre de Micaela, la hija de Marita Verón–, llegaba a su fin. Varela Alvarez recordó frase a frase la letra de la canción “Los pájaros de Hiroshima”, que refiere desapariciones de personas y se pregunta constantemente “¿dónde están los hombres?”. “¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?”, dijo el abogado antes de callar un segundo y señalar hacia el sector de la sala donde permanecían los acusados: “La única respuesta es ahí, ahí, ahí”. Antes de sentarse, se abrazó con otro abogado de la familia Trimarco, José D’Antona –que expondrá esta mañana–. De inmediato, y durante poco más de media hora, el fiscal de Cámara Manuel López Rougés historió la causa, con especial énfasis en cuánto los testimonios daban cuenta de “la moral” de Marita, “una mujer correcta y decente” que llevaba una “vida normal”: “Excelente madre, mujer, esposa; dedicada a su hija y su familia”. Los relatos de los testigos, todos ellos “auténticos” y coincidentes en la construcción del recorrido al que fue forzada Verón tras su secuestro, recordó, reiteraron que ella “fue destruida física, psíquicamente por drogas”. Por ello, estableció, los detalles que puedan diferir a veces entre relatos “son intrascendentes a juicio de esta fiscalía”.

A continuación, el fiscal adjunto Carlos Sale retomó el hilo para ordenar los puntos en que los testigos coincidieron y sustentaron la reconstrucción de lo que pasó con Marita Verón. “Queda claro que fue sustraída de manera violenta e intempestiva de su seno familiar” y que de ello los autores fueron los hermanos Rivero: María Jesús ordenó secuestrarla; Víctor ejecutó la acción. Desde ese 3 de abril, todo cuanto puede saberse es por “elementos indiciarios”: el llamado anónimo y los relatos de vecinos que alertaron sobre el secuestro operado que se sirvió de un auto de la remisería manejada por María Jesús Rivero; también, la desaparición súbita de algunos de esos testigos y la confirmación, en careo con Víctor Rivero, de un testigo a quien el propio acusado le había confesado haber secuestrado a Verón.

“No hay un solo testimonio incriminador: hay muchos”, señaló Sale. Liliana Medina, “Mama Lili”, sindicada como dueña de los prostíbulos en los que Marita fue retenida y obligada a prostituirse, cruzó miradas con Alejandro González, marido de Daniela Milhein y acusado, como ella, de haber mantenido secuestrada a Marita en su casa. Negaron con la cabeza entre sonrisas socarronas. En tanto, el fiscal Sale daba por acreditado que Verón “fue llevada de casa de Rivero a casa de Milhein”, donde la vería la testigo Fátima M., una joven rescatada de las redes. Luego, Azucena Márquez, “doña Claudia”, la mujer robusta de pelo larguísimo y amarillo referida como madama de un prostíbulo de “la familia Medina Gómez”, obliga a Marita a teñirse el pelo, usar lentes de contacto de color y prostituirse. Sale continuó trazando un camino a partir de detalles de los testimonios, un alegato que debió ser interrumpido poco más de media hora por una protesta que la CCC llevaba adelante, micrófonos y altoparlantes mediante, justo bajo la ventana de la sala.

Al reanudar el alegato, el fiscal explicó que por el criterio de aplicar la ley más benigna para un acusado, y porque era la vigente al momento de cometerse los delitos juzgados, el tribunal debía recurrir al artículo 142 bis del Código Penal en su redacción de 2002. Esa versión, a diferencia de la que rige actualmente, estipula condenas de entre 5 y 15 años a quien secuestra a alguien y lo obliga a hacer algo contra su voluntad; además, esa misma versión de la ley considera agravante que la secuestrada sea una mujer (mientras que la vigente hoy día sólo considera agravante que la mujer esté embarazada al momento de ser secuestrada). Además, ese artículo también establecía agravante cuando el delito era cometido por tres o más personas.

Luego pidió y fundamentó las condenas para cada cual. También pidió la inmediata detención de todos los imputados, que el Tribunal –al menos ayer– no resolvió. Minutos después, bajando las escaleras del palacio de Justicia, Daniela Milhein conversaba con sus hijos, Alejandro González encendía un cigarrillo y dejaba el lugar a bordo de su scooter colorada. En otra esquina de los Tribunales, Susana Trimarco esperaba para responder preguntas en un móvil de televisión mientras a su lado, sin preocuparse por no cruzar miradas, pasaban los hermanos Gómez.

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