Al cumplirse un año del asesinato de Cristian Ferreyra –miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina–, por parte de grupos armados que respondían a un empresario sojero, la causa sigue sin resolverse y sólo hay dos detenidos que podrían quedar en libertad. En diálogo con Página/12, Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero, dijo que el empresario santafesino “Jorge Ciccioli, quien está acusado de ser el autor intelectual del crimen, y el cuidador de su campo, Javier Juárez, acusado de ser el autor material del homicidio, podrían quedar en libertad; en un principio, la Justicia dictó el procesamiento de ambos, pero la defensa apeló la medida y la Cámara declaró nulo el acto”. En tanto, organizaciones campesinas indígenas, de la agricultura familiar y movimientos sociales realizaron una jornada de intercambio y construcción conjunta en el anexo del Congreso para impulsar el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de Suspensión de Desalojos de comunidades campesinas, indígenas y de agricultores familiares para proteger el legítimo derecho a la tierra y al territorio, activando mecanismos de protección y reconocimiento de las posesiones ancestrales.

El asesinato de Ferreyra, de 23 años, ocurrió en la tarde del 16 de noviembre de 2011 en la comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero. Hasta su casa llegaron armados con escopetas los hermanos Javier y Arturo Juárez, empleados del empresario Ciccioli, y le dispararon en una pierna a sangre fría cuando intentaba resistir un desalojo. En esa oportunidad, también sufrió heridas Darío Godoy, otro integrante del Mocase-VC, y tuvo que ser hospitalizado. Ferreyra era un referente de la comunidad Lule-Vilela, de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. “Recordamos a nuestro compañero Cristian por su incansable lucha para mejorar la calidad de vida de toda la población campesina. Y seguimos avanzando y apoyando la sanción de una reglamentación justa para que los derechos de los agricultores sean respetados”, expresó Cariló Olaiz, miembro de la organización campesina.

Pocos días después del crimen de Ferreyra, fueron detenidas cuatro personas, además de Javier Juárez. Por el asesinato, la policía local detuvo a Walter Juárez –hermano de Javier– y a los hermanos Carlos y Mario Abregú, quienes fueron acusados como “partícipes secundarios” del homicidio, y en la actualidad se encuentran libres. Ciccioli estuvo prófugo algunos días, hasta que se entregó a la policía luego de que se ordenada su captura. Este empresario sojero fue imputado como “partícipe secundario de todos los delitos investigados”.

“Está claro que existe una maniobra para que los responsables salgan en libertad. Hubo muchas idas y vueltas en la causa, primero con el juez Alejandro Sarría, destituido por mala instrucción de la causa. Este hombre había recibido varias denuncias sobre el accionar de estas bandas privadas que responden a los sojeros y no hizo nada para frenarlos. Luego llegó el juez José Toriello, quien fue separado por la Cámara de Apelaciones Penal y ahora Marcelo Trejo es quien está a cargo de esta instancia de la causa, que esperamos se eleve a juicio a la brevedad, antes de que los responsables queden en libertad”, sostuvo el abogado de la APDH.

“Lo ocurrido el año pasado es algo que se vive a diario: el conflicto por la tierra. En aquella oportunidad, los integrantes del Mocase-VC estaban reunidos en la casa de Ferreyra para elevar una denuncia en la Dirección de Bosques, a raíz del desmonte que estaba llevando a cabo Ciccioli, quien había comprado un campo del empresario tucumano Emilio Luque, con quien la comunidad ya había tenido conflictos por el alambrado de varias hectáreas. Esta problemática se agudizó con la escalada de violencia generada por la banda armada de Ciccioli”, afirmó Ferreyra.

El abogado comentó que “antes del crimen de Cristian, Ciccioli alambró cinco parajes libres para el pastoreo de animales, más de 3500 hectáreas, y todo se agudizó cuando dejaron adentro del alambrado, cercada y sin salida, una escuela pública de la provincia. Las familias de la zona fueron amenazadas por la banda armada de los Juárez; en ese momento, los integrantes del grupo les advirtieron a las familias del lugar que ‘a cada chico que cruce el campo le iban a pegar un tiro’”.

Miembros del Mocase-VC vienen resistiendo al intento de desalojo por parte de los empresarios que contrataron matones armados para amedrentar a los campesinos en el norte de Santiago del Estero. El 10 de octubre, otro integrante del movimiento fue asesinado de una puñalada en el paraje Simbol, en el límite con la provincia de Salta. Al respecto, el movimiento campesino denunció que “el asesino está suelto, mientras que Gabriel Galván, hermano de la víctima, fue a declarar por el crimen de su hermano y quedó detenido aparentemente por una declaración que el homicida habría hecho en su contra”.

Informe: Sabrina Améndola.