Distintos representantes de radios comunitarias conformaron en Tecnópolis un panel en que relataron su experiencia como nuevos licenciatarios de medios. En el marco de la segunda edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), los panelistas expusieron las particularidades de sus casos frente al cambio de escenario generado a partir de la ley de medios. Radios de Santiago del Estero, Chubut, Mendoza y Tucumán estuvieron presentes en la mesa organizada por la flamante Defensoría del Público.

Luego de la sanción del nuevo marco regulatorio, los medios comunitarios, que hasta entonces eran considerados ilegales, fueron incluidos por primera vez en el mapa mediático audiovisual del país. Sobre ese pasaje histórico de la legitimidad a la legalidad se refirieron el viernes pasado los panelistas invitados.

María de los Angeles Calero, integrante de la radio mapuche Petu Mogeleiñ, de El Maitén, Chubut, consideró que “para nosotros la posibilidad de la radio significa poder abrir y desalambrar el aire. Siempre decimos que nuestro pueblo está alambrado por los Benetton. Por eso una radio nos permite desalambrar el aire, oír otras voces e incluir la palabra de aquellos que antes no podían”. La emisora de la comunidad mapuche funcionaba desde el año 2008, y tras la aprobación de la Ley 26.522 pudo acceder a la posibilidad de una licencia, obtenida finalmente este año. “De la legitimidad a la legalidad hay un proceso complejo. Antes trabajamos solos y ahora podemos contar con líneas de financiamiento, con capacitación, aunque es verdad que la articulación todavía se está generando y falta mucho por hacer. En el caso de los pueblos mapuches esta radio tiene que ver con una deuda que tenía el Estado para con los pueblos originarios. La radio es una forma fundamental para proteger nuestros derechos y para la integración con el resto de la comunidad”, indicó Calero.

El artículo 151 de la Ley 26.522 establece que los pueblos originarios pueden ser “autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual”, ya sea radio como televisión abierta.

Otra de las emisoras que venía transmitiendo previamente a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la radio Tierra Campesina, de la localidad de Jocolí, al norte de la provincia de Mendoza. “Celebramos este paso a la legalidad, nos alegra muchísimo, y entendemos que nos va a abrir otras puertas más, como es el acceso a recursos, la posibilidad real de defender este espacio en el aire que ahora tenemos”, dijo Juan Burba. La organización a la que pertenece, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Cuyo, nació luego de la crisis del 2001 por conflictos de tierra, y desde ese tiempo hasta esta parte “aparecieron otros derechos vulnerados, por ejemplo el de la comunicación. Cuando en el 2009 nos dimos cuenta de eso, surgió la intención de tener una radio y a fines del 2012 la Afsca nos entrega la licencia”, relató el representante de la emisora Tierra Campesina.

Eva Fontdevila, del Colectivo de Educación Popular “Abrojos”, de Tucumán, destacó “el desafío de gestionar y llevar adelante un medio que ya no está solo, sino que está en diálogo con el Estado. Para nosotros la legalidad es haberle puesto un moño al trabajo que venimos haciendo hace 6 años. Algo que empezó como un taller de periodismo para adolescentes y que en enero de este año se transformó, por el artículo 49, en la obtención de la licencia”. A través de ese artículo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) adjudica de manera directa las licencias consideradas de “baja potencia”, con la condición de una programación de “carácter social”. “Pretendemos que nuestra radio sea un medio interesante y atractivo. Que pueda tener coherencia entre lo estético y lo periodístico. Que a su vez exprese lo que nuestra comunidad es, y que pueda tratar los conflictos que allí se generan”, agregó Eva Fontdevila.

De la Organización Campesina Copo, Alberdi y Pellegrini (Occap), de Santiago del Estero, Walter Manquez recordó “que la FM funciona desde el 2006 como herramienta pensada para la comunidad campesina. A fin de año nos entregan la licencia y ahora estamos organizándonos para ofrecer contenidos de mejor calidad. Pensamos en programas para niños, para la salud, para contar la realidad y los problemas de las comunidades de la provincia, que son, sobre todo, problemas de tierra”.

El panel en el que expusieron los cuatro integrantes fue organizado por la Defensoría del Público, a cargo de Cynthia Ottaviano. El organismo, creado por la ley de medios, y cuyo objetivo es defender el derecho a la comunicación, se ha puesto en funciones en noviembre del año pasado tras la designación propuesta por la Comisión Bicameral.

Informe: Nicolás Andrada.