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En dos meses, las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos del país empezarán a recibir una guía con recomendaciones para intervenir en casos de acoso escolar, de violencia de estudiantes hacia docentes, sospecha o presencia de armas en las aulas y vulneración de los derechos de los chicos como el maltrato infantil intrafamiliar, entre otras situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. El manual fue aprobado por unanimidad dos semanas atrás en el marco de la última reunión del Consejo Federal de Educación, en el que participan los ministros del área de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Vamos a mandar dos guías por escuela. Incluye además un mapa, donde cada escuela puede verse en contexto y conocer los organismos públicos de su comunidad que pueden intervenir ante situaciones complejas”, explicó a Página/12 Gabriel Brener, subsecretario de Equidad y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación.

El funcionario detalló que la guía fue elaborada a partir de consultas a especialistas en la temática, aportes de sindicatos docentes, y el análisis de otros protocolos similares ya aprobados en algunas provincias. “Se hizo federalmente, fueron casi ocho meses de trabajo”, precisó.

En relación con los casos llamados de bullying, Brener opinó que “como adultos, nuestro trabajo debe ser reponer la palabra donde se pone el cuerpo para resolver conflictos”. Y agregó: “Hablamos de un procedimiento antes, durante y después”, de la situación conflictiva. “Tenemos que generar capacidades en las escuelas para adelantarse y prevenir situaciones como ésta”, dijo, en relación con la que ocurrió en la escuela de Hudson, con una niña de 8 años que resultó golpeada por otros alumnos, según denunciaron sus padres (ver aparte).

“Lamentablemente, en la sociedad existen situaciones de violencia, como vemos que ocurren en las canchas de fútbol. La escuela no la podemos ver como una isla”, observó. Brener advirtió que “hay cierta mercantilización mediática de la violencia escolar y cualquier problema que se etiqueta como bullying se reduce a un culpable y una víctima. Por supuesto hay un culpable y una víctima pero esa simplificación oculta las situaciones de conflicto, que hay que trabajar en las escuelas. La sanción no es la solución definitiva. Debe ser un punto de partida. Los conflictos que surgen en el contexto de las escuelas deben resolverse en las escuelas: ni en los medios ni judicializándolos”, aclaró. Brener recordó que el año pasado el Congreso aprobó una Ley sobre Convivencia Escolar y precisó que se está reglamentando.

En la primera página de la “Guía Federal de orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” –tal es su nombre– se aclara que no se trata de “un listado que prescribe el trabajo individual de cada docente en relación con la convivencia en la escuela, sino que se propone como un texto para ser leído, discutido y analizado en forma colectiva dentro de cada escuela”.

“La negación del conflicto es tan perjudicial como su no resolución”, apunta. Y agrega que “es importante no minimizar los pedidos de ayuda de alumnos y alumnas para resolver conflictos; intervenir con rapidez puede prevenir situaciones de agresiones físicas o verbales más graves”.

Otras sugerencias que realiza frente a un hecho de acoso escolar u otra problemática entre alumnos y alumnas son:

- Es necesario que cualquier persona adulta de la escuela que presencie situaciones de conflicto entre alumnos intervenga con el fin de bajar la carga emocional, intentando apaciguar cualquier episodio de agresión física o verbal.

- Es importante que quien haya recibido una agresión encuentre en un adulto la posibilidad de albergar y contener ese momento, y que pueda percibir una actitud de empatía, se sienta comprendido y tranquilizado, ya que hay personas adultas que se harán cargo de la situación.

- Frente a una agresión física se debe separar a los intervinientes, calmarlos, propiciar serenidad en ese momento; y conversar por separado acerca de los hechos una vez que sea posible dialogar con más tranquilidad. En todos los casos, las y los estudiantes deben quedar en compañía de personas adultas. Si están lastimados, es necesario comunicarse en forma inmediata con el servicio de urgencias, el hospital o la sala de emergencias y luego contactarse con la familia.

También aborda qué debe hacer la escuela luego de una situación conflictiva y en ese sentido propone “involucrar al grupo y no suponer que el problema es sólo ‘de algunos’”; “convocar a las familias o adultos responsables de las o los estudiantes”; “proponer espacios de diálogo entre las partes” y “generar acuerdos y compromisos para la convivencia posterior”. Además sugiere la “reparación del daño si lo hubiera” para que no se dé lugar a la sensación de impunidad en la institución.

La Guía tiene un apartado especial dedicado a los conflictos generados a partir de publicaciones de los chicos y chicas en las redes sociales, en el que “la recomendación fundamental que se debe dar a los estudiantes es lo que se dice por chat o se cuelga en la web puede causar la misma o mayor incomodidad, daño u ofensa que una conversación en presencia del otro”.

En el caso de que una pelea haya ocurrido frente a un grupo, “es clave” –advierte– evitar que se transforme en una escena mediática: “La difusión de las imágenes de niñas, niños o adolescentes que participan en escenas de violencia se convierte en una vulneración de sus derechos, aunque ellos mismos hayan sido quienes las han difundido”.

Otro de los temas abordados es la discriminación y el hostigamiento por orientación sexual o por identidad de género, episodios de violencia de estudiantes hacia docentes, sospecha o presencia de armas en el aula o de detección de maltrato infantil intrafamiliar, entre otras situaciones complejas.