“En México creíamos que no había mujeres encarceladas por aborto, que era un mito”, cuenta Verónica Cruz Sánchez, coordinadora de Las Libres, una ONG que trabaja hace más de una década por los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Guanajuato, ubicado en el centro del país, y uno de los más conservadores del territorio mexicano. Sánchez, junto a otras integrantes de la ONG, empezaron a recorrer las diez cárceles de Guanajuato y a preguntarle, una a una, a las 450 detenidas que encontraron tras las rejas las razones de su encierro. Así descubrieron nueve casos parecidos de mujeres campesinas, pobres, con relatos de abuso sexual o violación, sentenciadas a penas de 25 a 30 años de prisión. Las habían metido en la cárcel alrededor de los 20 años, y no sabían bien por qué. Ninguna había tenido acceso a una defensa adecuada. “Leyendo los expedientes nos dimos cuenta de que les habían imputado un delito especial: estaban presas por homicidio agravado por razón de parentesco por producto en gestación, una figura que no existía en el Código Penal, es decir, las habían condenado desde la moral católica y no desde la objetividad del derecho”, señala Sánchez. La lucha de la ONG por sacarlas de la cárcel es el eje del documental Las libres... La historia después de..., que se está exhibiendo en distintos espacios culturales en el país, e invita a reflexionar sobre el impacto en la vida de las mujeres de la criminalización del aborto no sólo en México, también en la Argentina y los Estados Unidos. A su paso por Buenos Aires, Sánchez detalló el proceso que llevaron adelante para liberar a las mujeres y la batalla que siguen dando en México contra las leyes que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo.

–¿Cómo surgió Las Libres? –le preguntó Página/12 a Sánchez.

–Es una organización feminista que nació en el año 2000, cuando se quiso penalizar con 8 años de cárcel a las víctimas de violación que quedaban embarazadas si intentaban hacerse un aborto. Logramos que esa ley fuera vetada por el gobernador de Guanajuato al mes de su aprobación. Guanajuato, junto con Querétaro, son los estados más restrictivos de México en relación con el aborto. Sólo se permite en casos de violación.

La legislación sobre aborto en México varía de acuerdo con los estados, porque cada uno tiene su propio Código Penal. Yucatán, por ejemplo, contempla siete causales de excepción y es el único que lo despenaliza si se practica por razones económicas. El Distrito Federal es el único en el que está legalizado y se permite la interrupción de un embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación. Pero a partir de la despenalización en el DF se reformaron las constituciones en 17 estados para incluir una cláusula antiaborto y proteger la vida desde el momento de la concepción. La creencia que estaba instalada en el movimiento de mujeres –cuenta Sánchez– era que no había mujeres presas por aborto. Pero en 2008 encontraron los primeros casos, algunas mujeres con sentencias de hasta 30 años de cárcel, y que llevaban presas un promedio de diez años. “Ni siquiera se habían inducido los abortos, habían tenido abortos espontáneos”, señaló la activista, que es trabajadora social. En el recorrido por las prisiones fueron detectando las distintas historias. Y encontraron, además, que entre 2000 y 2008 otras 130 mujeres del estado de Guanajuato habían sido denunciadas por aborto: se trataba en la mayoría de estudiantes jóvenes, que habían recurrido al misoprostol –el medicamento que se usa para interrumpir embarazos– y que habían llegado a un hospital con hemorragias y, en lugar de atenderlas como necesitaban, les habían hecho legrados sin anestesia –a modo de castigo– y las habían denunciado. “Once tenían sentencias de cumplimiento domiciliario, que iban de 9 meses a 2 años y 9 meses”, indicó. La pena máxima por aborto en Guanajuato es de 3 años. “No entendíamos por qué algunas mujeres habían sido acusadas por homicidio agravado en razón de parentesco por producto en gestación, con penas de hasta 30 años de cárcel, y otras por aborto. Y descubrimos que el primer delito no existía en el Código Penal”, apuntó Sánchez.

De las nueve mujeres presas por esa figura ficticia, sólo una no tenía condena y otras tres no tenían sentencia firme. Las demás, todas habían recibido condenas de 30 años, y en la apelación habían conseguido una pequeña reducción a 25 o 27 años de prisión. La que menos pena llevaba cumplida rondaba los 3 años, la que más años hacía que estaba encarcelada, ya había cumplido una década privada de su libertad. Por entonces, la Justicia condena a 27 años y 6 meses de cárcel a la única que quedaba sin sentencia, cuyo nombre es Alma Yareli Salazar. Tenía 23 años. Los abogados convocados por Las Libres apelaron y lograron que fuera absuelta. “En el fallo, de febrero de 2010, el magistrado reconoce que la habían condenado desde la moral católica y no desde la objetividad del derecho. Eso era lo que nosotras queríamos demostrar. La difusión del caso generó una indignación generalizada a nivel nacional. Entonces, el gobernador ordenó una reforma legislativa express para reducir la pena a 3 años en todos esos casos. Muchas ya habían cumplido entre 7 y 10 años de cárcel. Y el 7 de setiembre de ese año todas recuperaron su libertad”, relató Sánchez. Las libres también rescató a mujeres presas por aborto en el estado de Guerrero.

Este largo proceso de liberación de las mujeres encarceladas por aborto es el nudo central del documental Las libres... La historia después de..., del director de cine colombiano, músico y psicólogo Gustavo Montaña.