El titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, que encabeza la delegación argentina en la 58ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Austria, aseguró que, “más allá de los distintos enfoques, deben ser los derechos humanos el eje para el desarrollo de políticas de drogas”. Los delegados de otros países latinoamericanos, como Uruguay, Ecuador y Bolivia, también respaldaron la necesidad de revisar el funcionamiento de las políticas internacionales de drogas y apoyar otras con un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos.

La Comisión de Narcóticos reúne a mil delegados, entre representantes gubernamentales, miembros de ONG y expertos, que debatirán hasta el próximo 17 de marzo sobre distintos aspectos de las políticas de drogas. La particularidad de la sesión de este año es que los delegados trabajan con miras a la reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (Ungass) de 2016. En esa oportunidad, se evaluarán los avances realizados desde 2009 y abrirá el debate para nuevos planteos y posicionamientos sobre esta problemática.

Molina instó a “transformar realidades y dejar de redactar documento tras documento, ya que la actualidad de nuestros pueblos nos obliga a dar ese golpe de timón”. Y agregó: “Este es un proceso que nos exige un profundo cuestionamiento de nuestras aparentes certezas en relación con el sistema actual de fiscalización de drogas”.

“Muchos de nosotros –continuó el secretario de la Sedronar– estamos convencidos de que droga y delito no están automáticamente asociados y, sin embargo, todavía no hemos logrado que este aspecto puntual sea tratado en distintos programas y en distintas agencias especializadas de las Naciones Unidas.”

El funcionario estimó que “para hacerlo quizá debemos prestarles más atención a las iniciativas de los gobiernos nacionales que buscan abordar de manera diferenciada los distintos eslabones de la cadena, combatiendo al narcotráfico con medidas duras y optando por el fin de la criminalización y del encarcelamiento, que incrementa los daños a la salud y estigmatiza y segrega a poblaciones vulnerables y usuarios de drogas”.

Varios países latinoamericanos, como México, Colombia, Uruguay y Bolivia, compartieron la necesidad de cambiar la estrategia mundial antinarcóticos. En 2009, la comunidad internacional acordó eliminar o reducir de forma significativa la demanda de estupefacientes hasta el año 2019, un objetivo que por el momento está lejos de cumplirse, según los delegados de numerosos países.

En el núcleo del debate está la idea de reemplazar las medidas puramente represivas, que dominaron la agenda internacional hasta hace pocos años, por otras políticas basadas en la evidencia científica, la salud pública y los derechos humanos. “Las políticas de drogas no están dando los resultados esperados y por lo tanto no pueden continuar sin modificaciones”, dijo Yesid Reyes, el ministro de Justicia de Colombia, en su intervención. Abogó por “una revisión profunda” de la estrategia internacional para hacerla “más humana y eficiente” y calificó la reunión extraordinaria de 2016 en Nueva York como una “oportunidad única” para adaptar la respuesta internacional. “Debemos poner en el centro de las políticas de drogas a las personas, sus derechos, su salud y su bienestar”, recalcó.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró en la misma línea que el mundo no puede “repetir acciones del pasado y esperar resultados diferentes”. Gómez Robledo pidió un debate “sin prejuicios ni condiciones” previas sobre las políticas internacionales antinarcóticos, ya que el actual enfoque no ha dado resultados.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Hugo Moldiz, criticó la actual estrategia antidrogas y mostró su “preocupación” por la insistencia de Estados Unidos en lo que calificó como “estrategia fracasada” contra las drogas. En América latina, aseguró, esa forma de combatir las drogas “ha sido motivo de intervención militar directa e indirecta”.

La delegación de Lituania, en nombre de la Unión Europea (UE), indicó que respaldaba también políticas centradas en derechos humanos y basadas en resultados científicos demostrables.

Sin embargo, no todos los países están a favor de debatir sobre la estrategia aplicada hasta ahora, ya que existe un bloque de países, como Pakistán, China, Egipto, Irán o Rusia, que abogan por una política represiva de “tolerancia cero”.

“La brecha entre un grupo cada vez mayor de países de América latina con ideas afines y los que obstinadamente se oponen a toda revisión en el debate sobre los nuevos enfoques sigue creciendo y se encamina hacia una colisión frontal”, resumió Martin Jelsma, analista de la ONG Transnational Institute.

El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Yuri Fedotov, también puso el acento en un enfoque basado en la salud pública y no en la respuesta represiva. Abogó por “proteger la salud de la gente, garantizar el acceso a servicios de tratamientos y a medicinas esenciales, promover los derechos humanos, construir medios de vida alternativos y detener a los criminales que explotan a los vulnerables”.