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Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una educación pública de calidad, concepto que -cabe aclararlo desde el comienzo- diferenciamos del de “calidad educativa”, una definición impuesta en los `90 y que busca encuadrar a la educación como un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico se fue construyendo la idea de que la educación es de baja calidad, atribuyéndole la responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del problema. Una educación pública de calidad pone en juego múltiples factores.

Si bien hay que valorar los avances obtenidos en la última década, desde la Ley de Financiamiento Educativo hasta los programas socio educativos, como los CAJ y los CAI, Conectar Igualdad y Fines, entre otros, o el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación, todavía queda mucho por hacer. Partimos de una buena base para lograr esas transformaciones.

Una educación pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, permitiendo que, con un solo cargo con horas frente alumnos y horas institucionales, puedan vivir dignamente.

Respecto a la formación docente, ésta se fue fortaleciendo a través del tiempo hasta llegar en la actualidad a una carrera de nivel superior de cuatro años. Por supuesto que hay aspectos para mejorar, entre ellos darle otro dinamismo y actualizar la currícula. Pero a la par de la formación, es central la actualización permanente de los docentes. Por eso fue un logro muy importante incluir en las paritarias el Programa Nacional de Formación Continua, con una inversión de 1.200 millones de pesos, al que el actual gobierno prometió darle continuidad.

Otro aspecto central son las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Si se suspenden las clases por problemas de infraestructura, si hay chicos que no pueden ir todos los días a clases porque hay escuelas que no tienen capacidad edilicia o porque no tienen maestro suplente, es difícil alcanzar una educación de calidad. Todas estas son causas de ausentismo escolar, que no sólo hay que lograr que disminuya, sino que hay que avanzar hacia la jornada completa en todas las escuelas, porque además de tener más horas de escolarización, los estudiantes tendrán acceso a un segundo idioma, al conocimiento de nuevas tecnologías y otro tipo de saberes al que hoy sólo acceden si sus familias pueden costearle cursos privados.

También atenta contra una educación de calidad la falta de equipos de orientación escolar en cada escuela y en cada turno, así como tutores en las escuelas secundarias. Hay situaciones sociales, familiares, que dificultan el proceso de aprendizaje, más aún en la actual coyuntura en la que vemos crecer los niveles de pobreza e indigencia y donde cada vez más chicos necesitan asistir a los comedores escolares.

En el mismo sentido, otro grave problema es la carencia de cargos directivos. No se nombran vicedirectores y secretarios, por lo que el director se debe ocupar de múltiples tareas, muchas de ellas burocráticas, alejándose de su rol esencial que es el acompañamiento del proceso pedagógico, con el maestro en el aula.

También se debe mejorar la asistencia de docentes, en particular en algunos niveles que por la organización del trabajo escolar y la dispersión de los lugares de trabajo se genera una discontinuidad mayor que en otros. Y por supuesto es necesario que el Estado establezca los controles y las sanciones correspondientes en caso que haya docentes que incurran en conductas abusivas e ilegales.

Con referencia a la evaluación, ésta tiene que ser en términos integrales. Tenemos que construir dispositivos de evaluación que superen las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Por ejemplo, tomando aportes de sistemas como el Terce que implementa la Unesco o el IACE, que impulsa Unicef, junto a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para resignificarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema educativo. La evaluación no debe ser entendida como un arma punitiva contra el docente, sino como una herramienta pedagógica que nos permita hacer un diagnóstico para saber qué áreas hay que reforzar o en cuáles hay que cambiar las estrategias didácticas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente sustancialmente la inversión.

El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una educación pública de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del gobierno y de los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr.

* Secretario general de Suteba y miembro de la Junta Ejecutiva de Ctera.