El caso Belén es uno de los reclamos de actualidad más urgentes del movimiento de mujeres.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó ayer al Estado argentino a revisar “el caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, “con miras a su inmediata liberación”. El organismo, con sede en Ginebra, puso el foco en la situación de la joven de 27 años, presa desde hace más de dos años –tras sufrir un aborto espontáneo cuando fue a atenderse a un hospital público en Tucumán–, luego de examinar el informe periódico presentado por la Argentina. En sus observaciones finales al gobierno de Mauricio Macri, el Comité expresó su “preocupación” por la aplicación a Belén de la figura de “homicidio agravado por el vínculo” y por el hecho de que “esté todavía privada de libertad”; y también, por “los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes”. Entre sus recomendaciones, le pidió que “considere la descriminalización del aborto”, multiplique y asegure los programas de educación sexual –justo en momentos en que es crítica la situación del Programa Nacional que se ocupa del tema–, e incremente “sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia de género, asegurando la aplicación efectiva del marco legislativo en vigor en todos los niveles del Estado y dotándolo de los recursos necesarios para su cumplimento”. Además, consideró que la Justicia debe “investigar de manera pronta y efectiva los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciando e imponiendo sanciones apropiadas”, y que se “debe además hacer efectivo el derecho de las víctimas a una reparación que incluya una adecuada y justa compensación, así como capacitación y sensibilización para enfrentar la violencia de género en todos los ámbitos”.

El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. En las sesiones celebradas el 29 y 30 de junio, en su sede de Ginebra, examinó el quinto informe periódico presentado por el país. Los expertos independientes que conforman el organismo interpelaron a la delegación del gobierno de Cambiemos, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Varias ONG elevaron “contrainformes”, entre ellas, el CELS. Ayer, el CDH difundió las observaciones finales. “Estamos muy satisfechos porque el Comité recogió las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, y pide acciones bien concretas en relación al encarcelamiento ilegal de Belén y la criminalización del aborto, entre otros temas. Esperamos que el Estado tome medidas al respecto y cumpla con sus compromisos internacionales”, señaló a este diario la abogada del CELS, Edurne Cárdenas.

En las observaciones al Estado argentino se incluyen tres ejes vinculados con los derechos de las mujeres: “Igualdad de género”, “violencia de género y doméstica” e “interrupción voluntaria de embarazo”. Sobre el primer tema, el CDH señaló que aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado para promover la igualdad entre hombres y mujeres, “lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio de 25 por ciento”. También “lamenta que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios”. En tal sentido, considera que el Estado debe:

- “Redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto”.

- “Procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto”.

- “Adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad”.

En relación a la violencia contra la mujer, el CDH observó “con preocupación” los informes que señalan que continúa representando “un serio problema” en el país y lamentó “la persistencia de las deficiencias” en la aplicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), “la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación” y “la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece”. Sobre este último punto, adeudado desde la gestión anterior, la nueva titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, prometió presentar ese Plan a fines de este mes. Por otra parte, el Comité celebró la sanción a fin de 2015 de la ley que crea un cuerpo de abogados para las víctimas de violencia machista, pero “lamenta que ésta todavía no haya sido implementada”. La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, anunció días atrás que están trabajando en la reglamentación de la norma y que “seguramente” se pondrá en marcha en un primer momento a través de un plan piloto en Tucumán.

En relación a la interrupción voluntaria del embarazo, el CDH destacó el fallo de la Corte Suprema (caso F.A.L., 2012), que clarificó los alcances de los abortos no punibles. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por el hecho de que su aplicación “no es uniforme” en todo el país, y que “el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto”.

Puntualmente sobre el “caso de Belén”, pidió que sea revisado teniendo en cuenta “los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación”, y a la luz su encarcelamiento arbitrario, exhortó al Estado a “considerar la descriminalización del aborto”. También recomendó al Gobierno “multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva”.