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La suerte de los tres primeros canales comunitarios de la historia argentina en obtener una licencia legal comenzará a definirse esta semana. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deberá contestar el pedido de declaración de inconstitucionalidad planteada por Artear/Grupo Clarín contra la norma nacional del servicio de la televisión digital abierta (TDA) y sus resoluciones conexas. La respuesta del organismo es clave para los derechos de Barricada TV y Urbana TV de Ciudad de Buenos Aires y Pares TV de Luján, las televisoras sin fines de lucro que se presentaron a concurso público y ganaron sus respectivas licencias para operar en la TDA.

Se trata de un caso testigo que no sólo tiene consecuencias directas para estos canales comunitarios, sino que también incidirá en el estatuto del sector no lucrativo en las políticas públicas de comunicación frente a las presiones de los poderes económicos. Además, permitirá observar el accionar del Enacom ante las recomendaciones de no regresividad en materia de derechos humanos elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la audiencia realizada en los primeros días de abril en Washington.

En el caso de Barricada, el posicionamiento del organismo implicará tomar una decisión frente a la interferencia generada por Artear en la frecuencia 33. Esta frecuencia fue reservada para emisiones de baja potencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y asignada por concurso a Barricada, según el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales y sus resoluciones complementarias. La frecuencia 33 es utilizada por Canal 13 para realizar sus transmisiones experimentales en televisión digital sin que medie concurso alguno. Como consecuencia, la señal del Grupo Clarín –considerablemente más poderosa–, interfiere las emisiones del canal sin fines de lucro e impide que llegue a las pantallas de los hogares de Buenos Aires. La interferencia genera una señal en negro en una parte importante de la ciudad, mientras que en el resto se capta la señal del Grupo. Esta frecuencia debe ser despejada para que la emisora comunitaria pueda ajustar sus parámetros técnicos para terminar el proceso de habilitación definitiva de su planta transmisora. La interferencia afecta, por lo tanto, el derecho de la televisora comunitaria a la libertad de expresión e impacta en su sostenibilidad económica.

Barricada TV es un canal de televisión alternativo y popular que desde 2009 emite de manera regular desde sus estudios y torre de transmisión ubicados en el barrio porteño de Almagro. En mayo de 2015, luego de 4 años de exigir la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la legalización de los medios sin fines de lucro, este canal se presentó a un concurso para la explotación de una frecuencia en TDA, en la modalidad licenciatario operador. Esto significa que es responsable por la instalación de los equipos de transmisión y la multiplexación de la señal. La propuesta, de 679 fojas, incluyó aspectos comunicacionales y de programación, patrimoniales, un plan de inversión, la carpeta técnica y la demostración de un profundo arraigo en la comunidad, con cientos de apoyos de organizaciones y referentes sociales, culturales, políticos, sindicales, de derechos humanos y académicos.

En noviembre, el directorio de la ex Afsca aprobó por mayoría lo actuado, con la firma de Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Claudio Schifer y Marcelo Stubrin, este último director designado por la oposición parlamentaria, actualmente integrante de la coalición oficialista. La resolución 1092 se publicó en el Boletín Oficial los primeros días de diciembre de 2015. Desde entonces este canal alternativo es legítima y legalmente adjudicatario de una licencia en TDA sin fines de lucro en baja potencia, lo cual implica un área de cobertura de 10.3 km alrededor de la torre, en el canal digital 33.1. Pese a la interferencia, Barricada TV mantiene una completa grilla de programación que cumple en todo con las exigencias de la Ley 26.522.

El concurso se realizó sobre la base del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado en 2014 y de otras resoluciones complementarias. Entre ellas, la resolución 24 reservó el canal digital 33 para baja potencia en el AMBA. Asimismo, la resolución 35 reorganizó la grilla de la TDA en función del plan técnico y reubicó los canales “espejo” de las televisoras analógicas que realizaban emisiones de prueba en la TDA, cuyas autorizaciones no generaban derechos a favor de los emisores y, además, se encontraban vencidas. Está resolución reubicó a Canal 13, que operaba en la frecuencia 33, en el número 35 con el fin de liberar la frecuencia para la televisión comunitaria. Por último, la resolución 235 estableció que las emisiones de prueba deben cesar al momento de resolverse los concursos y/o cuando den inicio las transmisiones regulares en las nuevas asignaciones. Esto significa que en el momento en que Barricada TV obtuvo su licencia, Canal 13 debía mudarse a la nueva frecuencia. No obstante, esto no ha ocurrido hasta el momento.

Estas normas son cuestionadas por Artear en la demanda de inconstitucionalidad presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal No 2, sobre la que deberá responder Enacom. Cabe destacar que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una medida cautelar también destinada a suspender el Plan de comunicación digital peticionada por Artear contra la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y que ya había sido desestimada por el juez de primera instancia.

La pelea por la efectiva legalización de los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, que se inició hace más de 30 años, atraviesa un nuevo round. Queda por ver si el Estado se ajusta al derecho nacional e internacional que asiste al sector sin fines de lucro de la comunicación, o si cede ante las presiones e intereses del principal grupo empresario de medios.

* Larisa Kejval, María Soledad Segura, Ana Laura Hidalgo, Alejandro Linares, Natalia Traversaro y Verónica Longo integran el equipo del proyecto de investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26522. Condiciones, estrategias y desafíos”.