La localidad catamarqueña de Andalgalá conoce de megaminería hace veinte años, desde que se instaló el primer proyecto en Argentina (llamado Bajo la Alumbrera). Desde hace más de quince años que la comunidad denuncia las falsas promesas y rechaza nuevos proyectos. El Concejo Deliberante, por impulso de los vecinos, acaba de dar un golpe impensado: prohibió la megaminería y cerró el pasó al proyecto Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Es un logro de la lucha de la comunidad. En materia ambiental los pueblos tienen autodeterminación frente a gobiernos provinciales y nacionales, y Andalgalá ya dijo no a la megaminería”, afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo.

“Prohíbase la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río Andalgalá”, determina el artículo 1° de la ordenanza 029 del Concejo Deliberante. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico.

La ordenanza, de 16 carillas, señala en el artículo 3° la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva.

Rosario Carranza es parte de la Asamblea El Algarrobo. Explicó que la ordenanza tiene el mismo valor que el plebiscito que nunca les permitieron realizar y señaló que los concejales actuaron por “la presión popular” que desde hace años exige que se vayan las mineras.

El jueves 8 a la mañana, y de manera imprevista, los siete concejales de Andalgalá aprobaron la ordenanza 029/16, que prohíbe la megaminería en la localidad pionera de la actividad. En 1994, de la mano de Carlos Menem y del gobernador Arnoldo Castillo, llegó Minera Alumbrera, un consorcio de multinacionales canadienses y suizas para explotar el oro y cobre del oeste catamarqueño. Las promesas iniciales fueron un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de trabajo, un hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y desarrollo local.

Nada se cumplió. Sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en el yacimiento y se confirmaron roturas del dique de colas (un enorme piletón de residuos tóxicos que filtra contaminación al acuífero) y hubo al menos cuatro roturas del mineraloducto (caño de 300 kilómetros de extensión que transporta los minerales) con contaminación en distintas localidades de Catamarca.

En 2009 se conoció un proyecto minero (llamado Pilciao 16) que afectaba a gran parte del centro de la ciudad. Y en 2010 se produjo el corte de camino para cerrar el paso al proyecto Agua Rica (a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las vertientes de agua). El proyecto, en mano de la multinacional canadiense Yamana Gold, lo califican como “el tiro de gracia para Andalgalá”. De ahí la férrea oposición. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión sobre el corte de camino de la minera y la población respondió con una gran movilización popular. En 2010 estuvo a punto de realizarse un plebiscito, pero el Poder Judicial (por intervención del gobierno provincial) lo suspendió.

El intendente Alejandro Páez asumió con discurso crítico a la minería y sostiene que Agua Rica no se hará. Hace años le exigen un gesto político claro, la ordenanza. En 2015, asambleístas presentaron un proyecto de ordenanza, pero no tuvo tratamiento. El jueves pasado fue aprobado por unanimidad, incluso los tres concejales del Frente para la Victoria, alineados con la política provincial de apoyo a la actividad.

Desde la Asamblea El Algarrobo, espacio de referencia frente al extractivismo minero, lo explican como un paso más para cerrar el paso a Agua Rica.

La última semana de agosto, el juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción, Rodolfo Cecenarro, falló a favor de un amparo presentado por asambleístas y suspendió todas las actividades del proyecto Agua Rica. Lo hizo luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo había resuelto en favor de los vecinos pero envió la causa a la provincia. Sergio Martínez, también de El Algarrobo, recordó que el mismo juez fue el que ordenó la represión de 2010, lo cuestionó por criminalizar a los vecinos y pidieron su apartamiento. También aclaró que exigen la paralización definitiva de Agua Rica (no sólo la suspensión).

El mismo jueves de la ordenanza, la gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por el secretario de Minería de la Nación (Daniel Meilán) respondió: “Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería”. Y anunció que avanzará con nuevos proyectos. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo, cuestionó a los concejales, advirtió sobre “graves implicancias” y adelantó que la provincia analizará la legalidad de la ordenanza.

Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo, recordó que la minería no tiene licencia social en Andalgalá, y afirmó que los proyectos de la región violan la Ley de Glaciares y de Bosques. “El fallo judicial y la ordenanza nos hacen aún más fuertes, seguiremos con la movilización e impulsamos a otros municipios a ordenanzas similares”, destacó.

La ordenanza recuerda la vigencia de la Ley General del Ambiente y el principio precautorio: ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá impedir la toma de medidas de protección para la población y el ambiente.