Durante el primer semestre de este año, la represión a manifestaciones sociales, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil fueron los argumentos más utilizados por las fuerzas de seguridad para sugerir que nadie se aparte de las indicaciones presidenciales. Estos y otros datos como que la Bonaerense seguida por la Federal fueron las fuerzas que más pasión le pusieron a partirle la cabeza a alguien, surgen del primer Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE) desarrollado por el Centro de Estudios en Política Criminal y DD.HH. (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Del mismo modo que el Registro de Femicidios de la Casa del Encuentro, el ReCaVE se nutrió de la información periodística ya que no existe una estadística oficial de la propia violencia. También, para entender los límites que surgen del Registro, la cobertura periodística de la violencia estatal estaría resultando, últimamente, cobertura y encubrimiento.

La producción del ReCaVE surgió a partir de una serie de evidencias que revelaban a los autores que, a partir del 10 de diciembre pasado, se había abierto la puerta a la fórmula represiva con amplia participación de las fuerzas de seguridad. El decreto de la Emergencia en seguridad; la elaboración del protocolo para reprimir protestas sociales; la inclusión en agenda de la idea de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades vinculadas con la seguridad interior, con el caballito de batalla de la guerra contra las drogas; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que habilita a las fuerzas de seguridad a la utilización de la identificación de personas en base al olfato policial; la prisión preventiva política de Milagro Sala; la habilitación de la Corte Suprema de la Nación para el uso de pistolas Taser, fueron síntomas de la regresión punitiva.

El relevamiento, realizado sobre diarios nacionales, agencias de noticias no oficiales y el portal de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, registró 200 notas periodísticas que informaron sobre 113 casos.

El rubro de mayor violencia de las fuerzas de seguridad se verificó en la represión a manifestaciones sociales (20 casos sobre 113; 17,7 por ciento) a los que se debe sumar el 4,4 por ciento (5 casos) de violencia sobre trabajadores ambulantes (diferenciado por los autores “dada la especificidad que se da con el sector”). Las detenciones arbitrarias y los casos de gatillo fácil (15 en cada uno de los ítems) representan el 13,3 por ciento cada uno. “Uno de los denominadores comunes de estos casos tiene que ver con las facultades de ‘control’ de las fuerzas seguridad en la vía pública”, sostienen los autores. “Así, detectamos que un 8 por ciento (9 de 113) de ellos tuvieron que ver con el desarrollo de operativos policiales desplegados sin una motivación aparente y 5,3 (6 de 113) con detenciones por averiguación de identidad/antecedentes (DAI)”.

En la misma línea de control territorial, las razzias llevaron un 2,7 por ciento (3 casos) y 3,5 por ciento (4 casos) a denuncias por hostigamiento y persecución continua de fuerzas de seguridad.

El Registro además agrega los casos de violencia en contexto de otro delito, una manera de mencionar a los casos de polichorros, entre ellos un caso de participación directa en una red de trata de personas, una tentativa de homicidio, la complicidad en un secuestro, por ejemplo. En 2 casos participaron en un femicidio y en 3 en violencia sexual.

De los 113 casos, en 77 (68,1 por ciento) “se utililzó la violencia física (cuando excede las facultades reglamentarias), y en 32 (20,4 por ciento) se incluyó también el uso de armas, reglamentarias o no.

En la producción del Registro participaron en forma directa Denise Feldman, Florencia Sorichetti y Claudia Cesaroni, del Cepoc; Fernando Martínez Forlong y la socióloga Mariana Mosteiro Vaselli. “La idea fue dejar registrada la violencia estatal este primer semestre para tener una base sobre la que se pueda seguir trabajando”, dijo Feldman a Página/12. Como el registro de notas se realizó sobre diarios nacionales, la mayoría de los hechos aparecen concentrados en el Gran Buenos Aires con 41 casos (36,3), la CABA con 28 (24,8) y el resto de la provincia, 15 casos (13,3). Entre los tres suman 84 casos sobre 113.

De las fuerzas involucradas, la Bonaerense es la que más aplicó el garrote (27 casos); la Federal, 22; las provinciales y locales 17 en la suma. La Gendarmería es la fuerza que más fuerte pegó (9). Los chicos de la murga la recuerdan.

Párrafo aparte merecen la cobertura (encubrimiento) mediático. Los autores se mostraron preocupados por la cobertura mediática y la “tergiversación de los hechos que deliberadamente encubre y legitima la intervención ilegal, desproporcionada, estigmatizante y violenta de las fuerzas de seguridad”, pero señalaron la multiplicación de denuncias y testimonios que se comparten en las redes sociales. En definitiva, el ReCaVE fue diseñado para “impedir la naturalización de estas prácticas” violentas.