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Una empresa petrolera argentina está acusada de gravísimas violaciones a los derechos de pueblos indígenas ecuatorianos. Una delegación de estos pueblos, respaldada por organismos internacionales de derechos humanos, está en Buenos Aires para sostener su reclamo. La compañía obtuvo autorización del gobierno de Ecuador para explotar el subsuelo en tierras que son propiedad legal de estas comunidades, adonde entró con apoyo del ejército de ese país. Los pueblos respondieron mediante una elaborada estrategia política que, en el plano nacional, obtuvo el apoyo de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas y, en el plano internacional, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sus tierras, desarrollan una prolongada resistencia civil, en cuyo curso, según denuncian, “empleados de la petrolera argentina retuvieron y torturaron durante 24 horas a cuatro jóvenes”. Mujeres del pueblo quichua de Sarayaku se enfrentaron a efectivos del ejército de Ecuador y les arrebataron sus armas, en una acción que terminó de instalar el tema a nivel nacional. En Buenos Aires, los representantes indígenas fueron recibidos por el vicecanciller y dejaron este mensaje: “El gobierno argentino debe dejar claro que no admite políticas de violación a los derechos humanos en otros países, tampoco si son promovidas por empresas argentinas”.
En la tarde de ayer, Marlon Santi, presidente del pueblo quichua de Sarayaku, vistió su llautu, la corona de plumas ceremonial, para recibir a delegados de pueblos indígenas argentinos, a quienes narró su lucha. En 1996, el gobierno de Ecuador había autorizado a la Compañía General de Combustibles (CGC) –empresa argentina, integrante del grupo Santiago Soldati– la explotación petrolera en tierras que pertenecen legalmente a los pueblos de Sarayaku y de Achuar. En 2001, la empresa inició actividades de exploración y “desde 2002 hubo enfrentamientos fuertes –contó Santi–. Sabíamos que si nos levantábamos, íbamos a enfrentarnos con el ejército. Se nos ocurrió hacer campamentos de paz en los límites de nuestras tierras: allí fueron hombres, mujeres y niños; sólo los ancianos quedaron como apoyo logístico, cuidando las huertas y enviando alimentos”.
En ese conflicto se produjeron “graves violaciones a los derechos humanos”, según denunció Mario Melo, representante jurídico de estos pueblos y del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CEDS), quien, junto con Kenny Bruno, de Earth Rights International, acompaña a los representantes indígenas. La violación más destacada “se produjo a principios de 2003, cuando patrullas militares que protegían a la CGC detuvieron a cuatro jóvenes que resguardaban el territorio y los entregaron a empleados de esa empresa”. Estos, “incluyendo a un ingeniero argentino, torturaron un día entero a los jóvenes: los golpearon y los amarraron junto a un hormiguero, en la selva, para que los picaran las hormigas”, según Melo.
Poco después, en contrapartida, un grupo de mujeres del pueblo indígena avanzó sobre una patrulla del ejército ecuatoriano. Los militares vacilaron. “Si mataban a esas mujeres –comentó Santi–, el gobierno hubiera sufrido un grave impacto en los medios.” Las mujeres se aferraron a las armas que empuñaban los militares y se las quitaron. No para usarlas, sino para devolverlas después. “Los militares querían que las devolviéramos sin testigos pero convocamos a toda la prensa del Ecuador.”
También enfrentaron un arma quizá más poderosa: “Representantes de la CGC nos ofrecían dinero: 60 mil dólares para los dirigentes, 700 mil para el pueblo, pero la tierra no se puede vender; la tierra no es para negocio”, afirmó Santi. A esa altura, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) había dado su apoyo al principio que Milton Callera, presidente del pueblo Achuar, definió como “no admitir ninguna explotación sin consentimiento de los pueblos”. La lucha se desarrolló en lo que Santi define como “tres frentes: la resistencia en el territorio, la acción en las ciudades y la acción ante organismos internacionales”.Ya en mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares “requiriendo que el gobierno ecuatoriano garantizara la integridad del territorio de estos pueblos y las vidas de sus líderes”, contó Melo. Lo de las vidas tenía que ver con que “cuando, en pleno aeropuerto de Quito, el presidente del pueblo de Sarayaku estaba por viajar a la sede de la CIDH en Washington, fue amenazado con armas de fuego y le sustrajeron el pasaporte”, explicó Melo.
Hasta hoy, la CGC no logró empezar a perforar en la zona, pero “sus agentes impiden a estos pueblos transitar por el río Bobonaso, que es su principal vía de comunicación. Lo más grave –concluyó Melo– es que el gobierno ecuatoriano anunció que militarizará el territorio de Sarayaku para posibilitar la entrada de la empresa argentina”.
En Buenos Aires –donde obtuvieron el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel–, los delegados fueron recibidos por el vicecanciller, Jorge Taiana, a quien solicitaron “que el gobierno argentino deje en claro que no promueve políticas violatorias a los derechos humanos en otros países, aunque vayan en beneficio de empresas nacionales”. Según Melo, “el gobierno argentino debe aprovechar su participación en el Grupo de Río, que actúa como mediador en la crisis política ecuatoriana, para poner en relieve que los derechos humanos deben ser respetados por todos los gobiernos latinoamericanos”.