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El fiscal platense Marcelo Romero presentó ayer un recurso de amparo para que los gobiernos nacional y bonaerense intimen a las compañías telefónicas a no suspender el servicio en las cárceles. Sucede que por resolución de la Secretaría de Comunicaciones, y para impedir los denominados secuestros virtuales, existe la obligación de que en cualquier llamada originada en una cárcel, la voz de una locutora o locutor debe advertir al destinatario que la comunicación proviene de un penal. El fiscal dice que, dado que en algunos casos Telecom o Telefónica todavía no tienen ajustada la forma de incorporar ese mensaje de advertencia, suspenden o reducen el servicio telefónico, lo que significa aislar a los presos. En el penal de San Nicolás, por ejemplo, la semana pasada hubo una protesta de los reclusos por ese motivo, y en realidad las autoridades penitenciarias están de acuerdo con el pedido de Romero porque ya los últimos motines –Córdoba y Coronda– han terminado en verdaderos descalabros.
En todos los penales y en prácticamente todos los pabellones existen teléfonos públicos, que suelen funcionar con tarjetas. El mensaje de advertencia viene siendo implementado desde hace tiempo, pero hay penales en los que todavía no funciona y en otros aparecieron tarjetas que permiten realizar llamadas a un teléfono 0-800 de Paraguay o Brasil, desde donde se redirecciona la comunicación, no hay mensaje de advertencia y se utiliza esa vía para intentar un secuestro virtual.
Según informó ayer el subsecretario de Coordinación de Innovación del Ministerio de Justicia de la Nación, Jorge Srur, un estudio evidenció que sólo 2 de las 21 tarjetas que utilizan los presos efectivamente funcionan como corresponde, es decir que se escucha con claridad el mensaje de advertencia. Por ello, Srur anunció que les propuso a las empresas telefónicas la instalación de aparatos distintos, con capacidad de retener la huella digital del interno que llama. De esa manera, el preso pondrá su dedo en un dispositivo del teléfono público y sólo de esa manera obtendrá tono. Esa tecnología disuadiría el uso de los teléfonos de las cárceles para los secuestros virtuales. Según informó Srur, las telefónicas quedaron en responder a la propuesta.
Mientras tanto, el fiscal Romero insiste en que por ninguna razón –y aunque no esté garantizado el mensaje de advertencia– se debe suspender el servicio telefónico. El único caso de muerte debido a un secuestro virtual, el del despachante Facundo Azulay, se produjo a raíz de llamadas realizadas desde la cárcel federal de Ezeiza, por lo cual el cuadro de situación aparece con dos peligros paralelos: sin control, hay posibilidades de que se reproduzcan hechos de secuestro virtual, y si se reducen las chances de los presos de hablar por teléfono, es casi seguro que habrá más protestas en los penales, que ya de por sí están al borde del estallido.