[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los chicos de la comunidad wichí que viven en la reserva Pizarro, en Salta, veían ayer a la tarde caer los alambrados que les prohibían pasar al monte. Junto a las casas, sus padres celebraban que el conflicto sobre las tierras que pisan hubiera alcanzado un desenlace favorable. Por la mañana, el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, firmó con la Administración de Parques Nacionales (APN) un acuerdo para que la reserva vuelva a ser un “área protegida nacional”. La solución llegó un año y medio después de que los wichí comenzaran a protestar por la intervención de empresas sojeras en la selva que les brinda sustento desde hace siglos.
En febrero de 2004, el Parlamento salteño quitó la protección a las 25 mil hectáreas de la reserva Pizarro, constituida en 1995. En junio del año pasado, la lotearon y pusieron en venta. La compraron Everest SA e Initium Aferro SA, que habían comenzado a talar la selva para plantar soja.
Ayer, quienes vieron entrar al gobernador Romero al lugar donde se firmó el acuerdo dicen que tenía “mala cara, pero pasó el momento”. Como representante del Ejecutivo nacional estampó su firma Héctor Espina, titular de la APN. De las 25 mil hectáreas de la reserva, 22 mil serán restituidas a la reserva. Las tres mil restantes quedan para la soja. Las nueve familias wichí tendrán título de propiedad sobre 800 hectáreas y podrán hacer uso de 2200. Calculan que la reserva poseerá 30 mil hectáreas, ya que se le anexarán seis mil hectáreas de la finca lindera El Chagural. Además, se agregarán lotes cercanos al límite con Jujuy. Las 2200 hectáreas de los wichí serán adquiridas por la APN a dos millones de pesos. Lo restante será cedido por la provincia, que todavía no definió por qué instrumento legal recuperará los suelos vendidos. Para que la reserva regresara a manos aborígenes, fue necesario que la Justicia les reconociera “todos los derechos que les caben sobre la tierra, por ser de uso histórico de la comunidad”, dijeron desde la ONG.
Noemí Cruz, coordinadora por el NOA de Greenpeace, contó que “en la reserva están todos celebrando. Es raro verlos reír, porque los wichí son gente muy seria”. Ayer al atardecer, varios obreros se dedicaban a sacar los alambrados y los carteles de “Prohibido pasar/ Propiedad privada”. El cacique Donato Antolín contó a este diario que “los changos se han ido a ver. Nosotros vamos a ir más tarde”. De momento, los mayores estaban “alegres, charlando y comentando lo que pasó”. Antolín, que vino a Buenos Aires para probarse el sillón de Rivadavia, dijo que está “muy agradecido” por la presión que ejerció el sector del espectáculo para que el gobierno nacional mediara en el conflicto. Hace dos semanas, decenas de artistas y personajes de la farándula se manifestaron atrás de la Casa Rosada para pedir por la reserva de los wichí. Esto propició la intervención del Ejecutivo, que se comprometió a actuar para preservar el territorio.
Romero aseguró que la movida mediática no influyó en la firma del acuerdo. “No veo televisión”, dijo cuando lo consultaron sobre la charla que Diego Maradona y Ricardo Darín tuvieron sobre la reserva en La noche del 10. Según él, en la reserva Pizarro hubo “un problema como cualquier problema que solucionaron el gobierno provincial y Parques Nacionales”.
Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, sostuvo que “lejos de asistir a una situación ideal, porque siguen los desmontes en todo el norte del país, se trata de un avance muy importante”. Evaluó que “Pizarro fue el espejo donde se reflejó la realidad de nuestros últimos bosques, destruidos por el avance veloz y descontrolado de la soja”.
En este sentido, Juan Casavelos, de Greenpeace, consideró que “los desmontes son una tragedia nacional: desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando el presidente Kirchner dijo que su gobierno ‘ha puesto en marcha políticas y medidas de preservación de los bosques nativos’, se han desmontado el equivalente a 146.400 canchas de fútbol. El Presidente debe llevar sus palabras a la realidad”.
Para ahorrar a los funcionarios gestos de grandeza, la ONG reclamó “una moratoria a los desmontes de al menos dos años”. Este lapso debería destinarse a “establecer un plan de ordenamiento territorial que permita salvar los últimos bosques de la Argentina, que se encuentran amenazados por un rápido proceso de conversión de monocultivo de soja”.

Informe: Sebastián Ochoa.