Río Negro está a punto de convertirse en la primera provincia en legislar sobre el derecho de las personas a decidir cuándo y cómo morir cuando sus vidas dependen de un tubo de oxígeno o una terapia intensiva. La Legislatura provincial dio ayer media sanción a un proyecto que permitirá a los pacientes con enfermedades terminales rechazar los tratamientos médicos. La iniciativa, respaldada por expertos en bioética locales, fue cuestionada por la Iglesia Católica, al asegurar que se trata de “eutanasia encubierta”. A su vez, se aprobó la creación de un registro en el cual las personas podrán expresar anticipadamente de qué forma quieren transitar la última etapa de su vida.

Ambas iniciativas fueron presentadas por la diputada radical Marta Milesi, impulsora de diferentes proyectos para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. En diálogo con Página/12, la médica aclaró que su intención no es legislar sobre la práctica de la eutanasia, sino sobre “el derecho personalísimo del paciente a morir dignamente”, o en términos médicos, a limitar el esfuerzo terapéutico. “Es una mirada de avanzada que considera la muerte como parte de la vida y busca reemplazar el modelo hegemónico del médico que decide por y sobre el enfermo por otro en el cual el profesional informa todas las opciones que tiene la persona.”

El texto del proyecto señala, en su artículo 2, que “toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal, o haya sufrido un accidente que la coloque en igual situación, informada en forma fehaciente, tiene el derecho de manifestar su voluntad en cuenta al rechazo de procedimiento quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurado”. En el caso de que el paciente se encuentre incapacitado para el uso de sus facultades de conocimiento, el rechazo al tratamiento de prolongación de la vida será realizado por su cónyuge, representante legal o descendiente directo del enfermo.

De manera complementaria, Milesi presentó un segundo proyecto que establece la creación de un registro para que las personas declaren en qué forma quieren transitar la última etapa de vida en caso de sufrir una enfermedad terminal o un accidente grave. “Como hoy una persona puede decidir si quiere donar o no sus órganos, con este registro, que dependerá del Ministerio de Salud provincial, las personas podrán decidir si quieren morir ante determinada circunstancia”, explicó la legisladora.

Ambas iniciativas recibieron el respaldo de los bloques de la UCR, el PJ y el ARI y la objeción por motivos religiosos de Claudio Lueiro, del Partido Provincial Rionegrino, y Marta Graffigna, del Movimiento Afirmación Democrática. A pocas horas de su aprobación, el proyecto generó el rechazo de la Iglesia. Según el padre Alberto Bochatei, del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, “cualquier buen médico sabe que no tiene que hacer un tratamiento desproporcionado, por eso este proyecto no hace falta. Cuando se quiere hacer una ley de este tipo, se desconoce la medicina o se tiene otra intención oculta”. Luego consideró: “Esto sería ya eutanasia, porque si te quito la bebida y el alimento te estoy produciendo la muerte. Te estarías muriendo de inanición. Es muy negativo y va hacia una eutanasia encubierta”.

En contraposición, José Alberto Mainetti, director del Instituto de Bioética de la Fundación Mainetti, indicó que el proyecto “en principio está bien porque el final de la vida no compete ya al cuerpo médico. Es la sociedad y la familia la que debe habilitar estas medidas”. “Si se incorpora la figura del Comité de Etica en los hospitales, me parece que se podría lograr un equilibro de poderes entre la sociedad y la comunidad médica”, agregó.

La sanción definitiva de la norma se conocerá recién en agosto. Aprobada en primera vuelta por la Legislatura unicameral, resta esperar que transcurran los 15 días en que se reciben aportes para probables modificaciones y luego se trata en segunda vuelta. El proyecto se debatió ampliamente en la provincia durante los tres últimos años, y recibió el respaldo de la comunidad científica.