El 4 de febrero de 2006, Juan Pintos Garrido, porteño, fue detenido en Barcelona, acusado de “incitar el apedreo” de un guardia urbano que había caído en medio de una reyerta contra asistentes a una fiesta ilegal. Juan pasó por ahí camino a su casa, pero “alguien tenía que pagar” la agresión, denuncia su madre. Juan, dos chilenos y seis europeos fueron detenidos. Los de la UE fueron liberados, pero a los americanos se les podría dictar hasta once años de prisión. Para que “la opinión pública mire al tribunal” durante el juicio, a partir del 7 de enero, sus allegados marcharon ayer en Buenos Aires hacia el Congreso. Según su madre, la causa “inventada esconde responsabilidades del Ayuntamiento, de la policía y de la Justicia” de Barcelona.

“Juan fue detenido sin razón y con violencia: la Guardia Urbana le pegó en las manos, le arrancó el pelo y le dio una patada en la cara”, denunció Maria Inés Garrido, su madre, a Página/12. Según contó, alrededor de las 4 de la madrugada del 4 de febrero de 2006, su hijo pasó por la vereda de una casa del Ayuntamiento barcelonés que había sido ocupada. El lugar no tenía habilitación para las concurridas fiestas que ahí se hacían y Juan tuvo “la mala suerte” de pasar cerca justo cuando un guardia urbano que intentaba echar a los que se apostaban en la puerta cayó al suelo.

Aunque el entonces alcalde de Barcelona, actual ministro de Industria de España, declaró ese día que al guardia urbano “le cayó una maceta en la cabeza”, la causa dice que Juan alentaba a dos chilenos a tirar cascotes a los policías, al grito de “¡Perro cabrón, nos hemos cargado al madero!”

“Un argentino no habla en esos términos, y la supuesta agresión no tiene fundamentos porque el guardia urbano (que en España porta arma) entró al hospital sin heridas”, evaluó Garrido. Esos detalles, sumados al hecho de que el servicio de limpieza del Ayuntamiento, entonces dirigido por el actual alcalde, limpió el lugar donde se hacía la fiesta al instante, borrando todo rastro, cimentan la denuncia de una “causa armada por discriminación”.

La acusación apunta a la Audiencia Provincial 8 de Cataluña, que en casi dos años de llevar el caso amplió los cargos contra Juan hasta la “agresión a la autoridad con lesiones agravadas por el uso de armas en curso ilegal”. Además, ese tribunal “negó el pedido de excarcelación, no se expidió sobre el valor y mérito de las pruebas, no admitió testigos aportados por la defensa, desestimó la no preservación del lugar de los hechos y negó la presunción de inocencia de los detenidos”, denunció Garrido. La fiscalía pide once años de prisión para él y los dos chilenos acusados de tentativa de homicidio, porque presuntamente “arrojaron piedras” al guardia urbano. Al joven “español nacido en Buenos Aires”, según su madre, o “argentino nacionalizado español”, tal como figura en la causa, que entonces tenía 22 años, se le dictó prisión preventiva el 6 de febrero de 2006 y fue llevado preso al Centro Penal de Jóvenes de la Trinidad, donde fue filmado por un civil encapuchado a su ingreso. En el video aparece “desfigurado por la patada en la cara, con la cabeza sangrando porque le arrancaron el pelo y con una mano enyesada y otra entablillada por los golpes”. Durante su estadía en el penal no se repitieron las agresiones físicas por parte de la policía. Pero tampoco se le permitió la excarcelación, ya que para la Justicia “los familiares en su país de origen facilitarían su fuga”.

El próximo 7 de enero, Juan, Rodrigo y Alex comenzarán a ser juzgados “por un delito que no cometieron” y del que “sólo son válvulas de escape sudacas para los intereses corporativos y políticos que rodean el caso”.