El boom inmobiliario de Buenos Aires, que precisa de edificios que reciclar, casas donde montar restaurantes y predios donde satisfacer la creciente demanda turística que paga en dólares y euros, es el principal factor de desalojos en territorio porteño. Según la Defensoría de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social porteño y la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), durante 2007 los desalojos crecieron entre 72 y 142 por ciento, según la fuente, y están vinculados con el turismo. Según la Justicia porteña, se sentenciaron 1976 desalojos efectivos. A un promedio de tres familias por desalojo, ya que muchas causas se realizan contra viviendas colectivas, quedaron unas 24 mil personas en la calle. Desarrollo Social da un número menor: 22 mil miembros de 5386 familias, dato que se obtiene del pago del polémico subsidio oficial (ver aparte). En cambio, según CIBA, la cifra de desalojados llegaría a 30 mil, un 142 por ciento más que en 2006, cuando se registraron oficialmente 12.438 desalojados.

La tendencia se había pronunciado con fuerza entre enero y mayo pasados, cuando fueron puestas en la calle 11.400 personas, una cantidad apenas menor que los 12.438 desalojados en todo 2006. A fines de 2007, la cifra trepó a entre 22 y 30 mil, según la fuente. Es decir, entre un 77 y un 142 por ciento más que el año antepasado. Se trata tanto de ocupantes ilegales como de familias a las que no se les renovaron alquileres, en proporciones casi idénticas. Según la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, se trata de “una consecuencia del ‘boom inmobiliario’, que hace que muchos propietarios quieran recuperar sus inmuebles y reciclarlos en hoteles para turistas, que hoy son un mejor negocio”. De hecho, indicó a Página/12 que “la mayor parte de los desalojos realizados en 2007 respondió a variables de reutilización inmobiliaria en función de nuevas demandas comerciales del turismo, sin escuchar la demanda de las familias de bajos recursos”.

La misma causa encontró Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), para explicar el fenómeno: “El aumento del precio de la propiedad está impulsado por inmobiliarias y constructoras que ven a la vivienda como un negocio y no como un derecho, y la mayor rentabilidad acelera el proceso de expulsión de la gente pobre de la Ciudad”. Según su visión, la suba del precio del metro cuadrado en Palermo hace que se eleve el de piezas de hoteles, inquilinatos y casillas de villas. Además, “crece la presión que las inmobiliarias pueden hacer al Estado y la Justicia”. Hoy por hoy, dice, un juicio de desalojo, que hace 3 años tardaba entre 36 y 48 meses, se resuelve “en menos de 180 días”.

Las cifras clarifican el escenario propuesto por Abasto y Pierini: según la Justicia porteña, en 2007 se duplicó el promedio diario de desalojados (de 34 en 2006 a 75) y se dictaron 1976 sentencias de desalojo efectivas, que afectaron a unas 24 mil personas; el área de Desarrollo Social porteño atendió a 5386 familias, lo que significa alrededor de 22 mil personas; y para CIBA hubo “entre 6 y 7 mil familias desalojadas según datos oficiales e investigaciones propias”, es decir 30 mil nuevas personas en la calle.

Algunos, como Joel y Mercedes, que llegaron de Perú en 2001. Desde que desalojaron el hotel de Cátulo Castillo 144, en Villa Crespo, donde alquilaban por 500 pesos mensuales, al igual que otras 22 familias, viven en la casa-comité de CIBA. Joel y Mercedes no pueden alquilar: “Somos una familia numerosa (tienen tres hijas y un nieto) y lo primero que nos preguntan en los hoteles es: ‘¿Cuántos son?’. No pasamos el primer filtro, pero para los que lo pasan, si son solteros o parejas sin chicos, hay otro: ‘¿Tienen garante?’. Y el que lo pasa tiene que poder pagar 700 pesos mensuales, que es lo que se cobra hoy por una piecita de doce metros cuadrados, que muchas veces se comparte con otras familias”.

“Un propietario hace lo que quiere, es natural que quiera ganar más alquilándoles a turistas o jóvenes estudiantes solteros, pero acá es el Estado el que tiene que ocuparse, es el Gobierno el que tiene la palabra para darles solución a miles”, sigue Joel. Esos miles que esperan la solución del Gobierno son treinta mil según las ONG y cooperativas de vivienda consultadas por este medio. Treinta mil razones por las que desarrollar una política integral en torno del problema de la vivienda.

Un ejemplo claro de esta tendencia es “Chanta 4”, el restaurante donde cantaba Gardel, en la cortada Gardel y Anchorena. Cuando el barrio se vino abajo, el lugar fue ocupado y subalquilado. Donde ahora se agrupan turistas para cenar y bailar tangos, hace varios años vivían unas 80 familias. Pero el dueño vio la veta comercial de su inmueble, no renovó contratos y todos fueron desalojados, tras un proceso judicial que se resolvió con extraña rapidez. Este tipo de casos, explicó Abasto, son “muy comunes” en San Telmo y Abasto, dos barrios “que se revalorizaron con el turismo y la reactivación económica e inmobiliaria”. En tanto que en una rápida recorrida por avenida Hipólito Yrigoyen, entre el 2800 y el 3500, se divisan tres carteles de inmobiliarias que prometen que las fachadas de casas antiguas de las que cuelgan tienen detrás un “inmueble ideal para hostel”.

La ombudsman de la Ciudad, Alicia Pierini, agrega una veta judicial: “En caso de desalojo privado, la mayor responsabilidad es de los juzgados, que no verifican la cantidad y situación de los ocupantes y no siempre avisan a áreas sociales que se desalojará un inmueble. La Justicia no es ajena a la responsabilidad social del Estado”, concluyó.

La titular de Derechos Sociales de Desarrollo Social porteño, Silvina Penella, indicó a Página/12 que “no existe una política de Estado que defienda a la gente frente a un mercado que avanza progresivamente en expulsar a los pobres de las tierras y viviendas porteñas, y la cuestión más difícil de resolver es que no hay dónde construir”. Como contrapartida, Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, rectificó que “no es que no exista una política de Estado, sí que la hay: expulsar a los pobres de la Ciudad”.

Como la gran mayoría de las causas por desalojo se presentan contra unidades de vivienda, afectan a más de una familia por vez. Existen casos como el del inmueble de Bolívar 480, donde viven 130 familias, o el de Paseo Colón 1588, que ocupan cien, y que tienen sentencia de desalojo. Cuando se efectivicen, aportarán casi mil personas a las estadísticas del año naciente, en tanto que uno de los casos más resonantes de 2007 fue el desalojo de un asentamiento cercano a la ex Estación Buenos Aires a mediados de junio, que arrojó a 500 familias pobres a la intemperie.

La culpa no es del holandés que almuerza lomito en un bar recién inaugurado en San Telmo, pero lo cierto es que el aumento de la demanda de inmuebles para uso turístico llevó a que, durante 2007, los propietarios recuperaran sus propiedades por su revalorización. En ese marco, el desalojo efectivo es sólo el final de un proceso judicial que reafirma los derechos de los propietarios. Que son legítimos. Tanto como el derecho a la vivienda de al menos 30 mil personas cuyas necesidades no deben ser ignoradas.

Informe: Luis Paz.