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“El sistema judicial argentino también discrimina a los aborígenes”, afirma el coordinador nacional de Endepa, Germán Bournissen. Es que la falta de traductores en instancias legales es un elemento que puede transformar testigos en cómplices e inocentes en culpables. Un caso recordado entre las organizaciones indigenistas y de derechos humanos es el de una mujer wichi que sufrió un intento de violación hace dos años y cuando el abuso estaba por consumarse, alcanzó un cuchillo con el que se libró del hombre blanco, que por las heridas recibidas luego murió. La mujer estuvo ocho meses detenida, sin poder entenderse con el defensor oficial y camino a un juicio que la llevaba a una muy probable condena por homicidio. Cuando intervino el abogado de la organización, y con la ayuda de un intérprete, se pudo comprobar que actuó en legítima defensa y fue liberada de culpa y cargo.
Todos los abogados que se especializan en la problemática indígena remarcan la existencia de infinidad de casos que ni se denuncian o que no trascienden y, por ende, que ellos no pueden asumir la defensa. Además, cuando se involucran en derecho indígena saben que las exigencias son muchas: largas distancias por recorrer, mucho tiempo en cada caso y gastos enormes que casi nunca los pobladores originarios pueden solventar, aún más notorias si no hay una organización que respalde las acciones legales.
Julio García, abogado de Endepa en el norte argentino, también remarca que el sistema judicial argentino “no prioriza los derechos otorgadas por la Constitución Nacional de 1994, que debe ser considerada por encima de las demás leyes del país, y por eso motivo en casi todos los conflictos de tierras siempre los jueces fallan a favor de los terratenientes, de las grandes empresas, en lugar de las familias aborígenes que tienen posesión ancestral de las tierras reclamadas”.