Otros tres eclesiásticos estuvieron mentados con distinta suerte dentro del caso que derivó de la acusación a Mario Napoleón Sasso: el obispo de Zárate-Campana Rafael Rey, el vicario general de Pilar José Ramón Villa Iglesias y su secretario Gabriel Michelli. “Rey zafó de milagro –dijo Moreau–. Le pidieron la jubilación.” A Villa y Michelli, no. A ambos se les formó una causa por encubrimiento. El 28 de septiembre de 2004 la causa fue llevada a juicio con el expediente 30.941, y se le había fijado fecha de juicio oral para marzo de 2007.

Pero antes de iniciar el juicio oral y público por una pena que podría alcanzar los seis años, sus defensores propusieron que se suspendiera el juicio a prueba porque los acusados reconocieron su responsabilidad con sutilezas: dijeron que al principio habían creído que era una persecución y una campaña en contra de Sasso y decidieron protegerlo, pero que cuando comprendieron que había sospechas reales, dejaron de hacerlo.

El Tribunal 7 decidió rechazar el ofrecimiento de cumplir con la probation entregando 100 kilos de alimentos no perecederos cada uno al comedor comunitario La Escondida, de Pilar, con el argumento de que diariamente realizan tareas comunitarias. Y, en cambio, decidió que debían pagar su responsabilidad distribuyendo fe en sus misas.