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La presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, recibió a Cash convencida de que determinados sectores del establishment, en sus críticas a la nacionalización de empresas de Techint por parte del gobierno de Venezuela, están cuestionando la orientación productiva del gobierno nacional en los últimos años. Advierte sobre las presiones por un tipo de cambio mucho más alto, que según Marco del Pont es una demanda de los grupos más concentrados. Señala que cámaras empresarias mantienen una visión noventista de la economía. Defiende la activa intervención del Estado en la economía, destacando la política de asistencia a las pymes por parte del Banco Nación. También adelanta que se empezará a debatir normas de funcionamiento del sistema financiero local que vienen de la última dictadura.

El dólar pierde valor a nivel global y en Argentina crecen los depósitos en esa moneda, ¿cómo se explica el proceso?

–En el sistema financiero privado, no en el Banco Nación, se advierte cierta propensión a dolarizar carteras en algunos segmentos. Históricamente en Argentina, previo a un proceso eleccionario, hay dolarización de carteras.

Además de coincidir con las elecciones, se da en paralelo al reclamo devaluatorio de algunos sectores de la industria. ¿El actual nivel de tipo de cambio implica una pérdida de competitividad?

–En relación con los niveles históricos el tipo de cambio real se mantiene competitivo. En la comparación interanual el peso se depreció cerca del 24 por ciento en términos nominales y la apreciación del real en los últimos meses implica una recuperación importante del tipo de cambio bilateral. Hoy los sectores de la producción no tienen fundamentos sólidos para decir que su pérdida de competitividad se origina en el nivel de tipo de cambio. Veo con preocupación que sistemáticamente cuando determinados sectores como la UIA hablan de competitividad, o bien se refieren al costo laboral o hablan de tipo de cambio. Mantienen una visión muy noventista, muy estática sobre el tema de la competitividad, rechazan la intervención del Estado cuando éste aspira a lograr una distribución más equitativa del excedente económico, pero sí reclaman que se intervenga para que se fije una pauta de aumentos salariales o para reclamar un súper tipo de cambio.

¿Qué elementos están ausentes en la discusión sobre el tipo de cambio?

–Se tiene que plantear un abordaje a nivel sistémico del tema, donde se incorporen otros elementos fundamentales que hacen a la competitividad de los sectores transables como el costo de los insumos difundidos. La tasa de ganancia de las empresas es un componente fundamental de la competitividad de los bienes que no se discute. Me parece que los sectores de la industria deberían hacer un esfuerzo por discutir competitividad con una mirada más amplia que tome en cuenta otros elementos que los va a llevar a asumir otro tipo de compromisos, sobre todo en sectores más concentrados de la industria Argentina.

¿Cómo interpreta las críticas de las centrales fabriles al rol del Gobierno en las estatizaciones que realizó Chávez en Venezuela?

–Lo que subyace en este terror por “la ola estatizadora” que están agitando determinados sectores del establishment empresario es un cuestionamiento mucho más de fondo a todo lo que ha sido la orientación del gobierno nacional en los últimos años. Hay que seguirlo con atención porque están saliendo de las sombras, cuando reclaman un tipo de cambio varias veces superior al actual, cuando le quieren dictar al Gobierno que hacer o no en materia de políticas de integración regional.

¿Influye la proximidad de las elecciones?

–Todo se exacerba en el escenario electoral. Pero viene desde antes. Se ha polarizado el debate político, económico y social. Llama la atención que después de la nacionalización de Sidor donde trabajan más de 4 mil personas se felicite al Gobierno por su rol como árbitro para que la empresa obtenga un mejor precio. Y ahora por empresas menores y con participación menor aparezca el planteo que se dio en el Congreso.

La UIA y otras cámaras patronales sostienen que el Gobierno no defiende los intereses del capital argentino en el exterior.

–Hay sectores económicos concentrados que ganaron mucha plata en los últimos años gracias al mercado interno y externo. Se contradicen como si estuviéramos comiendo vidrio. ¿Por qué a una política económica que ha mejorado las condiciones de rentabilidad hoy se le hacen estos cuestionamientos? Es un déjà vu con respecto a lo que se vivió el año pasado durante el conflicto agropecuario donde la mesa de enlace supuestamente defendía a los pequeños productores cuando en realidad se estaba defendiendo la apropiación de un excedente que queda a manos de 2000 grandes empresas que concentran el grueso de la renta agropecuaria. Ahora hay algo parecido, se sientan arrogándose la representatividad de los sectores de la industria argentina mientras el entramado pyme, fundamental en el crecimiento de los últimos años y que en muchos casos creció por los negocios que pudo hacer con Venezuela, no tiene representatividad en las gremiales empresarias. Hay una cantidad enorme de burguesía nacional que no está representada en las cámaras tradicionales.

La actividad industrial y el consumo están desacelerándose, ¿qué sucede con los planes de inversión de las pymes en este escenario?

–Nos llama la atención la cantidad de proyectos de inversión que tenemos. Es un termómetro importante del sector frente al horizonte de mediano y largo plazo. La línea más competitiva del Banco Nación, que es para financiar proyectos de inversión pymes a una tasa fija del 14 por ciento por 10 años, no se desaceleró, se mantiene. En poco más de un año, se prestaron alrededor de 2700 millones de pesos y gran parte se destinó al sector agropecuario. La línea se ha consolidado. En el área de evaluación de proyectos del Banco hay iniciativas que pertenecen al sector industrial –bodegas, laminados, logísticos, avícolas, comercio, y hotelería– por 500 millones de pesos más. Es una cifra muy relevante para las pymes.

¿Cómo se explica que sólo el 25 por ciento del crédito se destina a las pymes, y que el 60 por ciento de estas empresas se autofinancie?

–Esto demuestra que si no hay políticas deliberadas y un rol importante de la banca pública para llevar financiamiento al sector, las pymes hoy no son sujeto de interés para los bancos privados, excepto una crema muy pequeña y se da porque los bancos buscan la venta de otro tipo de servicios. Cómo se explica que el sector financiero privado, que se ha retirado virtualmente de lo que es el mercado de crédito a la producción, igual siga teniendo márgenes de ganancia importantes. Durante el primer trimestre del año, en un escenario de restricción del crédito tuvieron excedentes importantes. Esto tiene que ver que en situaciones de tensión financieras hay cierta tendencia a maximizar ganancia por la vía de los spreads de tasas, las comisiones y servicios o créditos al consumo a determinados segmentos que son la crema del negocio del sistema financiero. Hoy dentro de ese esquema de negocios sólo marginalmente aparecen las pymes.

Más allá del sector pyme, ¿cómo es la situación del financiamiento a la inversión del Nación?

–Entre enero de 2008 y hasta abril financiamos proyectos de inversión por 9140 millones de pesos. Es mucho. De ese total, 6740 millones son obra pública, como infraestructura de gas o la construcción de caminos. De los 2400 que pertenecen al sector privado más de la mitad se desembolsaron este año. Se trata de proyectos productivos de larga maduración. El nivel de crédito del Banco Nación no tiene antecedente histórico. En dos años nuestra cartera total de préstamos creció dos veces y media.

¿Por qué pueden prestar a tasas más bajas?

–Porque ganamos menos plata. En materia de costo de fondeo no estamos muy lejos de los niveles del sector privado. No nos pueden decir que tenemos tasas bajas porque contamos con el financiamiento del sector público. No es así. A empresas como Aysa o a la Anses se les paga una tasa de interés y eso implica un aumento en el costo del banco. Las tasas tan altas que tiene el sector privado se deben a que atiende el mercado de consumo o para descubierto en cuenta corriente, donde lo único que hacen es maximizar los márgenes de ganancia. Hay que aprovechar la discusión a nivel internacional sobre la nueva arquitectura financiera para instalar el debate sobre qué andamiaje necesitamos nosotros.

¿Hacía dónde debería apuntar esa discusión?

–Necesitamos una discusión más de fondo sobre todo lo que tenemos desde la última dictadura en materia de normativas financieras. Necesitamos tener un sistema público y privado que sea funcional a los objetivos de un país creciendo con inclusión y equidad. Es necesaria una institución que se haga cargo del financiamiento de largo plazo y en este camino apunta la recuperación de un sistema solidario de seguridad social. Tenemos un nuevo instrumento muy potente para plantear políticas de desarrollo. Hay que mirar más allá de la tasa de rendimiento, como se pensaba en los noventa. Hay que ver qué impacto tiene en la ampliación de la capacidad productiva, en la generación de empleo y mejora de las condiciones laborales. Esa es la base de sustentación para garantizar que los jubilados puedan mejorar sus beneficios. La aplicación de esos recursos es un componente fundamental pero además hace falta un compromiso de las empresas privadas