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Las disposiciones oficiales condicionan la adquisición de moneda extranjera para diferentes usos y anulan la posibilidad de adquirir las mismas, con fines de ahorro. En realidad, el impedimento se centra no en el ahorro, sino en el atesoramiento.

El ahorro y el atesoramiento son dos conceptos emergentes de la literatura económica aparentemente similares, al menos semánticamente. Sin embargo resultan ser no solo distintos, sino antagónicamente contradictorios, por las implicancias que se derivan económica y socialmente de que se manifieste una u otra situación.

El ahorro, el consumo y el atesoramiento resultan ser variables dependientes del ingreso nacional y de cómo se distribuye y re distribuye el mismo, en función de una política económica determinada.

El ingreso nacional como sumatoria de los ingresos parciales de los diferentes sectores sociales es utilizado en proporciones más o menos estables entre consumo y ahorro, como antesala de la inversión privada. La parte del ingreso, que no se consume y alternativamente tampoco se ahorra, se atesora.

La propensión al consumo explica el hábito a gastar en bienes de consumo de una sociedad determinada, que se incrementará en la medida que se sostenga y mejor aún aumente el salario real, desciendan las tasas de desempleo y se apliquen políticas económicas de inclusión social. El incremento del consumo impulsará la inversión productiva, por expectativas de mayores beneficios empresariales y de esta manera –en un círculo virtuoso– crecerá el PBI y por consiguiente el empleo. Lo que no se gasta en consumo se ahorra. El ahorro –previa intermediación bancaria– puede transformarse en inversión, en la medida que existan expectativas de rentabilidad empresariales futuras, que superen la rentabilidad financiera.

A través de la secuencia descripta, la ortodoxia económica desde su ceguera autoimpuesta concluye con simplismo que “ahorro e inversión son variables macroeconómicas idénticamente iguales”. Abriendo un poco los ojos, veremos que el ahorro y la inversión nunca serán iguales, en la medida que exista atesoramiento. Podemos decir entonces que el atesoramiento de dinero resulta ser el ahorro interno nacional que nunca será y, por ende, jamás llegará a ser inversión productiva privada. Su destino –previa transformación en moneda extranjera– será el sueño debajo de un colchón o la inercia en una caja de seguridad. Una parte sustancial conformará la fuga ilegal de divisas al exterior, para transformarse en posible inversión interna o externa, de un país extranjero.

Sintetizando, el atesoramiento de divisas como negación del ahorro que implica la imposibilidad de inversión productiva, provocará recortes en la productividad y con ello incrementará la inflación, derivado de una inversión privada insuficiente comparativamente a una demanda agregada creciente.

Un modelo de política económica cuya esencia es el crecimiento del PBI a través del incremento del salario real, descenso de las tasas de desempleo e inclusión social, tendrá como consecuencia lógica una demanda agregada de solvencia creciente, como resultante de la satisfacción de necesidades sociales siempre presentes. Si a este incremento de demanda, no se le contrapone un incremento proporcional en la oferta de bienes y servicios emergentes de la inversión privada, es natural que la brecha entre oferta y demanda global se transforme en inflación.

En otras palabras, la inflación se inscribe en la lógica necesaria de incrementar beneficios empresariales, como alternativa al recorte de la inversión productiva que a su vez es consecuencia de la parte proporcional de los beneficios, que fueron atesorados.

La inflación deteriorará el salario real y atrasará el tipo de cambio, provocando con ello la desaceleración del crecimiento económico por caída del consumo y la regresión en la distribución del ingreso nacional. Atesoramiento implica inflación. Sin embargo, atesorar no solo se asocia negativamente con inflación, sino con un aspecto tan perjudicial como lo anterior, como es transformar en “imprescindible” –en la medida de existencia de atesoramiento– a la inversión extranjera.

La inversión extranjera directa por aplicarse a la actividad productiva y por ende a largo plazo, puede –según el caso– generar mayores o menores puestos de trabajo. La inversión extranjera indirecta, dirigida a la actividad financiera y, por ende, en el corto plazo no generará puestos de trabajo. Lo que iguala ambos tipos de inversión es que no son gratis para el país. Implican transferencia de divisas al exterior, que pueden llegar a ser excesivamente gravosas, para el saldo de la cuenta corriente. En 2011, a pesar de la intervención gubernamental, creció la remisión de utilidades al exterior alcanzando la cifra de 7331 millones de dólares, el 70 por ciento de las utilidades obtenidas por las filiales transnacionales que operaron localmente en dicho año.

Cuando la transferencia de utilidades crece y el atesoramiento es una constante como ha ocurrido históricamente en nuestro país, el ahorro interno será necesariamente insuficiente. En países latinoamericanos y, por ende, en nuestro país, la fuga de capitales y de utilidades es un aspecto que explica en gran parte la denominación eufemística de “países en vía de desarrollo”, ya que, lamentablemente, su presencia implica el recorte del ahorro interno y, con ello, una seria limitación al crecimiento y desarrollo económico armónico de dichos países.

Resultan gratificantes para la amplia mayoría de la población argentina los impedimentos oficiales que limitan el uso abusivo por parte de sectores minoritarios de muy altos ingresos, de un bien netamente social como resultan ser las divisas

* Integrante del Club Argentino Arturo Jauretche.

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