El domingo pasado, Página/12 publicó una entrevista que Eduardo Fabregat le hizo en Madrid a la ministra de Cultura española, Angeles González-Sinde. Allí la funcionaria anticipó sus expectativas sobre el IV Congreso Iberoamericano de Cultura, a realizarse en septiembre en Mar del Plata. Pero no se quedó sólo en eso. La promotora de la llamada “ley Sinde” –que regula el tráfico de archivos por Internet en el país de los indignados– deslizó la posibilidad de “coordinar políticas públicas” en la región y también vertió conceptos acerca del vínculo entre los artistas, las empresas y los usuarios en el contexto de la creciente digitalización de contenidos. Se sabe que no es mujer de andar con medias tintas, así que la reacción de las organizaciones locales fue casi inmediata y ahora la polémica está que arde.

Y hay bronca. Mucha. Desde la Fundación Vía Libre acusaron al gobierno de Zapatero de estar “criminalizando prácticas sociales profusamente extendidas”. Si bien la ministra aseguró que la democracia española es “sólida y garantiza todos los derechos fundamentales”, le salieron al cruce remarcando que la ley Sinde es abusiva y violatoria y que su “exportación” sería muy perjudicial. La norma crea una Comisión de Propiedad Intelectual dentro del Ministerio de Cultura, para dar de baja a sitios web que contengan enlaces a material con derechos de autor. ¿Por qué sería violatoria? Entre otras razones, porque en los bloqueos de contenido, si bien participa un juez, éste “no puede emitir opinión de ningún tipo, sino simplemente manifestar si se debe dar o no de baja la página”. La batuta, en definitiva, la lleva esa comisión ad hoc, en lo que representaría un avance sobre la independencia del Poder Judicial.

De esto derivan consecuencias de toda clase. “Se avasallan derechos como la presunción de inocencia, puesto que se presupone que quien mantiene una página web de enlaces es culpable y es esta persona quien debe proveer las pruebas de lo contrario”, puntualiza el texto de la Fundación. Vía Libre destacó además que el gobierno estadounidense es uno de los principales lobbistas a favor de estas medidas. “Los cables de Wikileaks dieron cuenta de la fuerte presión que ejerció Estados Unidos para su aprobación”, avisaron los especialistas. Otro cuestionamiento tiene que ver con la lectura meramente “industrial” que hace la ministra Sinde, visión que mide los éxitos de su gestión sobre la base de variables económicas, y considera a los artistas como seres “en abstracto”.

Desde diversas comarcas del activismo se oyeron más voces. En el Partido Pirata Argentino estaban encendidos. “¿Queremos realmente tener las mismas políticas culturales que en España?”, se preguntaron los militantes en un documento conjunto. “La ministra no entendió el mensaje que está llegando desde las calles (...) Y si las políticas públicas que se debatirán durante el Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata pasan por el monitoreo de la web y el incremento del precio de productos para ‘compensar’ la copia privada, en el fondo no se estarán discutiendo políticas inclusivas”, advirtieron.

Sebastián Vázquez, del Colectivo La Tribu, no tuvo pelos en la lengua. “Seamos claros: nosotros creemos que hay que celebrar la piratería en todas sus formas, como práctica disruptiva del orden. No se trata de leyes, siempre escritas desde la oscuridad, sino de ética. Todo atentado a la propiedad privada –columna vertebral de los horrores de hoy– es bienvenido”, dijo. Para el activista “la piratería es la poesía maldita de esta época” y una “estrategia de supervivencia que en un futuro próximo deseamos ver convertida en estrategias de lucha”. Por lo tanto la disputa sería más importante de lo que a primera vista parece. “No queremos nuevos modelos de negocios, ministra Sinde. Queremos nuevos modelos de vida autosustentables, regidos por lógicas diferentes a las del mercado y el Estado”, recalcó el entrevistado.

En un siglo donde la capacidad de acceder al conocimiento será bisagra de la inclusión social, estos temas son clave. De ahí que la mayoría de los consultados coincidan en la necesidad de incluir en la campaña electoral la discusión sobre libertades en la red, las leyes de propiedad intelectual y el derecho a la información.