El profesor Horacio Potel acaba de ser procesado por haber subido a Internet textos filosóficos que en muchos casos era imposible conseguir en librerías argentinas. La justicia penal consideró que la publicación de estas obras en bibliotecas digitales gratuitas atenta contra el orden público, y le dictó al docente un embargo de 40.000 pesos, amén de haber amenazado meses atrás con la intervención de su teléfono y el allanamiento de su domicilio.

Se espera que una apelación de la defensa abra una nueva instancia del pleito. De todas maneras, los fantasmas de una condena injusta siguen rondando. El calvario comenzó con una queja de la editorial europea Les Editions de Minuit, que posee derechos sobre una parte de la obra de Derrida. La empresa consiguió el apoyo de la embajada francesa, y la Cámara Argentina del Libro se sumó al ataque. La ecuación es simple: jacquesderrida.com.ar y heideg geriana.com.ar se habían convertido en referencias para aquellos que pretendían indagar en esos pensadores y no tenían plata. Hoy esas fuentes ya no existen. La ley ordenó darlas de baja. “Estoy bastante shockeado –se sinceró Potel en una conversación con este diario–. Las medidas tomadas demuestran que quienes deciden sobre el asunto recaen continuamente en imprecisiones y no entienden nada de tecnología. Me siento perseguido.” El acusado –que aún conserva un espacio dedicado a Nietzsche (www.nietzscheana.com.ar)– no esperaba nada de lo que está aconteciendo. Por un lado, porque no obtenía ningún beneficio económico de su actividad difusora. Y por otro, porque lo que estaba haciendo con ayuda de la web era aumentar la disponibilidad de materiales de estudio que, de otro modo, hubieran sido inaccesibles para buena parte de los hispanohablantes.

En un comunicado difundido en la tarde de ayer, el docente advirtió que “al parecer, mantener bibliotecas públicas de filosofía en Argentina es ilegal porque viola la ley 11.723”. En otro tramo de su mensaje, Potel añadía que “si las cosas se guiaran por la razón, se debería revisar esa ley de 1933, que está provocando que se criminalice a las bibliotecas públicas y a sus bibliotecarios. Eso, claro, si se sigue pensando que éstas son instituciones útiles y necesarias, como me enseñaron en la escuela primaria, donde me decían que entre las principales funciones del Estado está la difusión de la cultura, en la convicción ilustrada de que sólo el conocimiento nos hace libres”.

“Los jueces –alegó el profesor– están para hacer cumplir las leyes, no para cambiarlas, pero deben tener su criterio. En este caso, tal criterio parece ser que he cometido una falta gravísima que los autoriza a perseguirme y castigarme –entrar en el sistema judicial penal ya es de por sí un castigo– como si fuera el peor de los delincuentes, procesándome en tiempo record e imponiéndome un embargo insólito a sabiendas de que no tengo ninguna propiedad, que soy docente y que en mi último recibo de sueldo figura que gano 1350 pesos de bolsillo.” La nota transmitía indignación y sorpresa: “¿Es tan tremendo, tan inmoral para el Estado argentino la existencia de bibliotecas públicas, bibliotecas adaptadas a las nuevas tecnologías que decuplican el poder de difusión (...)? Este es un problema político que excede el marco legal y necesita de definiciones políticas. Necesitamos saber si esta criminalización de las bibliotecas es una política de Estado o solamente la interpretación del juez Pablo Raúl Ormaechea, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37”.