“Mi pueblo la canta siempre/ como si fuera una ausencia/ la cara hundida en el pecho/ hasta mirarse la pena.” La voz de Mercedes Sosa soltaba esos versos en la “Zamba de los humildes”, tema incluido en un disco de 1961, La voz de la zafra, que pronto estaría en condiciones de pasar al dominio público. Pero la ilusión puede durar poco, porque en tiempo record y sin demasiado debate previo, la Cámara de Diputados espera aprobar hoy el proyecto S3030/09, que busca modificar la ley 11.723 y extender en veinte años más los derechos sobre fonogramas para intérpretes y productores de la industria musical. De concretarse el cambio, que ya tuvo el visto bueno del Senado, deberán transcurrir siete décadas después de publicada una interpretación para que pase a ser propiedad de toda la sociedad.

A favor de la iniciativa que impulsaron los legisladores Miguel A. Pichetto (FPV Río Negro), José Pampuro (FPV Buenos Aires), Ernesto Sanz (UCR Mendoza), Pedro Guastavino (FPV Entre Ríos) y Liliana Fellner (FPV Jujuy) se alinearon unos cuantos popes de la música, acompañados por las principales empresas del ramo. Entre los argumentos del texto que se someterá a votación se menciona el “peligro” de que obras de los años ’40 y ’50 pasen a formar parte del capital común.

En respuesta, una constelación de organizaciones ha salido al cruce con una carta en la que asegura que, en quienes pretenden la aprobación de la norma, “subyace la idea de que el dominio público es tierra de nadie”. “Lamentablemente, en ninguna parte de sus argumentaciones los interesados en esta extensión dicen que es, en verdad, el acervo cultural de nuestra Nación; aquel espacio donde ya nadie puede impedir a otros el acceso a la cultura, y es, en definitiva, donde vivirá la memoria de nuestros artistas nacionales para el goce y disfrute de las generaciones que nos sigan.” El comunicado insiste en que “el dominio público no es tierra de nadie. Allí no se pierden los derechos morales de los artistas, no se pierde su nombre ni su reconocimiento (...). Es donde está la cultura en forma plena y a libre disposición, sin importar quién pueda o no pagar por ella”. En la lista de firmantes está la Fundación Vía Libre, la Asociación Civil Gleducar, RedPanal y la Cooperativa de Trabajo en Tecnologías de la Información y el Conocimiento (Cottic), entre otros.

Actualmente, los derechos sobre fonogramas son de 50 años, en sintonía con lo que recomiendan los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Lo que ocurre es que la concentrada industria discográfica local –representada por Capif, Sadaic y AADI– y algunos herederos de derechos de intérpretes ven con malos ojos la pérdida de su potestad sobre productos que podrían seguir generando dividendos, aun cuando los artistas que los crearon ya no estén. Por otra parte, llama poderosamente la atención la velocidad record con que se ha motorizado el pedido. Es más: al ser consultados por este diario, varios especialistas convocaron a la movilización y expresaron su sorpresa ante la novedad, destacando que Brasil está evaluando modificar sus regulaciones justamente en sentido contrario.