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Por Roxana Sanda

Hablemos de impunidades: el 5 de febrero de 1996, una escultura de hierro de dos metros de altura y 270 kilos de peso que se exhibía en el Paseo de la Infanta aplastó a una niña de 6 años e hirió a otras dos pequeñas. Marcela Iglesias murió en el acto víctima de una estructura sostenida en forma precaria, de la ausencia de control municipal sobre esa instalación, de la indiferencia del autor de la obra hacia medidas básicas de seguridad y de una actitud similar por parte de la dueña de la galería que organizó la exposición. Esta semana, al cabo de nueve años, la jueza Susana Nocceti de Angeleri hizo lugar al pedido de prescripción de la causa que le elevaron los abogados del ex director de Policía Municipal, Héctor Torea; del artista Danilo Danzinger y de la propietaria de la galería Der Brucke, Diana González de Lowestein. La jueza consideró que había pasado ya un tiempo excesivo en el que nunca sucedió nada, como si en todos estos años no hubieran existido innumerables pedidos de la familia Iglesias y planteos permanentes del fiscal Marcelo Martínez Burgos para que se celebrara el juicio oral y público que siempre se suspendió por ese costado más miserable de la Justicia argentina, las vías recursivas que todo lo matan y demoran.
Los motivos del fallecimiento de Marcela Iglesias y de infinidad de accidentes desgraciados que vienen ocurriendo en sitios públicos asoman como la consecuencia de muchas desidias enfocadas hacia un desprecio común por la vida humana. Desprecio manifestado por el entonces intendente Jorge Domínguez, molesto frente “al escándalo que se armó” por esa muerte, si en definitiva, dijo, era como si a cualquiera “se le hubiera caído una maceta en la cabeza”; por el autor de la herradura gigante, Danilo Danzinger, que intentó depositar sobre la nena la culpa de lo ocurrido acusándola de colgarse del esperpento, lo cual provocó su derrumbe. O por Diana Lowestein, que pese a la muerte de Marcela no se le achicharró la dignidad al recibir el Premio Arlequín en honor a su trabajo “a favor del arte” desarrollado en la galería de los arcos durante nada menos que 1996.
Capítulo aparte para el intento de Lowestein, en julio de 2000, de obtener una probation. Como trabajo comunitario propuso visitas guiadas en su galería dos lunes por mes a grupos de chicos que también recibirían clases de iniciación al arte. Y además se ofreció para promover a artistas argentinos en Miami y Europa. Hoy no está de más decir que la propuesta fue rechazada de plano por el fiscal, que ahora cuenta con diez días de plazo para interponer algún recurso contra lo dispuesto por la jueza Nocceti de Angeleri, quien aplicó el principio de “la ley más benigna”: la polémica nueva ley 25.990 del Código Penal aprobada por el Congreso en febrero último.


La solicitud de prescripción de la acción penal presentada por los procesados y que seguramente alcanzará a los policías municipales Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale, también comprometidos en esta causa, se basa en la normativa que acota los plazos de prescripción al eliminar lafigura de la “secuela de juicio”, un argumento que permitía a los jueces interrumpir esos períodos legales con argumentos diversos y, para algunas fuentes del Gobierno, “mantener cajoneados” expedientes delicados. Sin embargo, la decisión de esta jueza viene a favorecer a un grupo de personajes acusados de homicidio culposo y lesiones culposas, con responsabilidad probada en el accidente que le costó la vida a una persona, y cristaliza los temores de muchos jueces contrarios a esa normativa por considerar que “podría consagrar la impunidad” en causas que involucren a ex funcionarios o en actividad y al Estado, o aun al ámbito de la Ciudad. Precisamente, tal como acaba de suceder en este caso.
“¿Qué puedo decir? La corrupción mata; la impunidad tapa todo.” Nora se estruja las manos para deshacer angustias que se le acumulan desde que su hija murió; hace nueve años que soporta junto a su esposo, Eduardo, un accionar coordinado y sistemático de los procesados a través de sus abogados, “que fueron interponiendo pedidos de prescripción, nulidades y cantidad de recursos con resultados adversos, pero que con la excusa de ejercer el derecho a la defensa fueron distorsionando el tiempo y esta causa terminó atrapada en una maraña judicial.”
A la mesa de un comedor inundado por las campanadas de la capilla de Lugano, los Iglesias acercan álbumes con las fotos de una nena risueña, con hoyos en las mejillas acariciadas por el peluche preferido, sonriéndole a las cámaras de una familia que la adoraba y a la posibilidad de un futuro que la tenía algo orgullosa desde aquella vez en que la hicieron posar enfundada en su pintorcito de jardín de infantes.
“Lo más increíble fue que el 5 de febrero de 1996 había ido con la colonia de vacaciones a pasear al Parque Tres de Febrero, a divertirse con sus compañeras, y a las dos y media de la tarde murió de una manera espantosa”, relata Eduardo, que todavía recuerda ese aturdimiento de todo el cuerpo al otro día, mientras caminaba hacia el colegio donde inscribió a su hija para retirar la matrícula, y de regreso a casa, al observar el uniforme, el bolso repleto de objetos infantiles sobre una silla, la habitación que guardó el olor particular de la ropa y los juguetes durante algunos meses. “Todo eso se derrumbó para siempre en segundos por un absurdo: la cantidad de irregularidades que podían haber sido evitadas desde mucho tiempo atrás.”


El esperpento monumental que se derrumbó sobre la espalda de Marcela se había desprendido porque el material estaba corroído y oxidado, y las soldaduras que lo fijaban a su base eran insuficientes, advirtieron las pericias policiales. La Asociación Amigos del Lago de Palermo, en cambio, señaló en un informe de 2002 que el desprendimiento de la escultura era apenas un síntoma manifiesto de todas las irregularidades que se cometen en el Parque Tres de Febrero desde las primeras épocas de la dictadura militar. La venta fraudulenta de tierras del mayor y más antiguo parque de la ciudad comenzó el 27 septiembre de 1978, con la promulgación del decreto ordenanza 34.449 del intendente de facto, Mario Cacciatore, que dispuso la venta de los terrenos municipales cedidos en forma precaria a entidades deportivas; previamente, por el decreto no publicado 34.280, el brigadier Cacciatore había desafectado a esos predios del dominio público.
En 1987, el ingeniero Jacobo Fiterman, secretario de Obras y Servicios Públicos del intendente Facundo Suárez Lastra, firma una resolución ante la solicitud del gerente de la firma Panter SRL, Humberto Poidomani, autorizando la construcción –mientras dure el contrato con la empresa Ferrocarriles Argentinos– de una playa de estacionamiento delimitada por el viaducto del Ferrocarril San Martín, el terraplén del Mitre, la avenida Libertador y la calle Marcelino Freyre, pese a que las tierras calificaban como Distrito Urbanización Parque, por lo que sólo podían existir comoespacios verdes. En adelante, ninguno de los locales comerciales construidos contará con habilitación ni planos aprobados pese a que les permiten instalarse debajo de los arcos del Paseo de la Infanta.
Los personajes que continuaron firmando contratos municipales en representación de Panter SRL eran la cara visible del empresario Alfredo Lowestein, dueño del complejo Las Leñas, en Mendoza. Su esposa, Diana González, instaló en uno de los arcos del Paseo de la Infanta la galería de arte Der Brucke (el puente). Del ex funcionario Jacobo Fiterman puede decirse que en los últimos años ganó cierta notoriedad por su dedicación al negocio de las obras de arte y a partir de la presidencia de la Fundación Arte BA.


En 1991, Femesa volvió a entregar en concesión a Panter SRL veinte arcos pertenecientes al viaducto del Ferrocarril San Martín; la concesión rige hasta el 28 de febrero de 2009. En 1995, el ex secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Marcos Pasinato, aprueba la explotación comercial del Paseo de la Infanta, prohibido por ley. A partir de 1996, la Constitución de la Ciudad autoriza a su legislatura a desafectar el dominio público. En febrero de ese año fallece Marcela Iglesias; seis años después, el 2 de marzo de 2002, el joven Martín Esper es asesinado de varias puñaladas en la disco Apocalipsis, ubicada en los Arcos del Sol. El entonces procurador general de la ciudad, Juan Carlos López –que este año debió renunciar como secretario de Seguridad de la Ciudad por lo ocurrido en Cromañón–, adopta una extraña determinación al firmar el dictamen de clausura de esa disco por no reunir los requisitos para su habilitación, pero no toma medidas similares para el resto de los boliches que funcionan en los arcos.
A mediados de marzo, la fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 33 eleva un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad con el argumento de que tanto la muerte de Esper como la de Marcela Iglesias “tienen como génesis en la cadena de causas” que las provocaron “la inacción de las autoridades comunales que han venido tolerando una situación irregular manifiesta que repugna al estado de derecho”.


Por el accidente de la niña, el primer juez de la causa, Luis Schegel, procesó a Danilo Danzinger y a Diana González de Lowestein por homicidio culposo y lesiones culposas; al ex secretario Mario Pasinato por abuso de autoridad, y a los policías municipales Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale por homicidio culposo por omisión de deberes concernientes a su cargo. Todas, penas excarcelables o que se deshacen a través de multas o embargos.
“Este es el premio a la impunidad de clase”, reflexiona Nora. “Hace años que venimos pidiendo el juicio oral y público, y ahora la jueza nos da este revés. No lo esperábamos y lo que es peor, nos deja la sensación insoportable de que pueden hacer lo que quieran, de que los chicos siguen muriendo, total no pasa nada. Hoy comparo nuestra tragedia con la de Cromañón y lo único que nos queda por pensar es que a los familiares de las víctimas tampoco van a dejarlos llegar hasta el final y que todos los funcionarios involucrados seguirán en sus puestos. Si en un país no existe Justicia ni derecho a la vida, tampoco habrá valores ni democracia.”
Para la abogada Laura del Cerro, que representa a los Iglesias, la prescripción de la causa “deja al descubierto la verdad sobre el acceso a la Justicia, reservada a los ricos y a sus defensores pagos. La aplicación de la prescripción sólo por el transcurso del tiempo determina la privación del derecho a la justicia. Una injusticia hecha a un solo ser humano se convierte en una amenaza a todos los seres humanos”.A Marcela, dice su madre, la mataron dos veces: cuando se la tragó el esperpento de metal y esta semana, cuando la jueza dictó el estado de amnesia. A nueve años de esa tragedia, a casi tres meses de la de Cromañón, a veintinueve del 24 de marzo de 1976 queda por pensar que las formas de la impunidad y la corrupción alcanzan los registros más curiosos. Para algunos sectores del poder el olvido es el precio de la paz y a ese costo la sociedad va acostumbrándose a despreciar la vida y a desmemoriarse, creyendo que las cosas suceden porque sí. Bajo esta errática manera de observar la realidad, las esculturas oscilantes, las puertas sueltas en los peloteros, 200 personas con los pulmones quemados en un recital o 30.000 desaparecidos se convierten en trastadas del destino que obligan a atar los pies a la injusticia como único presente. “Por mucho que intenten silenciarnos, vamos a seguir luchando por la memoria de nuestra hija Marcela; no para anclarnos en un recuerdo terrible, sino para evitar que el pasado se repita y siga matando inocentes, permitiéndoles una libertad sin escrúpulos a corruptos y a funcionarios cómplices.”