La muerte de Verónica Contreras, de 19 años, como consecuencia de un aborto clandestino, dejó muda a la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Simoncini, que se rehusó a hablar del asunto. Pero el jefe del servicio de ginecología del hospital Cullen, Miguel Angel Carusotto, donde la joven había llegado el domingo pasado con una hemorragia generalizada, fue contundente: el raspado uterino para completar abortos realizados en condiciones inseguras –con riesgos de salud y de muerte para las mujeres– es la principal práctica quirúrgica de ese centro sanitario. La ministra eligió mirar para otro lado y no responder las preguntas. Es que los derechos sexuales y reproductivos le queman como una brasa en la mano: hace sólo 15 días se negó a firmar el documento del Consejo Federal de Salud (Cofesa) respaldando la garantía del aborto no punible a dos jóvenes discapacitadas que habían sido violadas. Argumentó que lo había considerado “poco oportuno” porque el tema no se trató en el gabinete provincial. Pero su antecesor, y actual diputado nacional, Juan Héctor Sylvestre Begnis la acusó de dejar en una posición retrógrada a Santa Fe con esa negativa. Es decir, que él habría firmado el documento si todavía fuera el titular de la cartera sanitaria.

Desde que Simoncini ocupa su cargo, los avances en la aplicación del Programa Provincial de Salud Reproductiva se diluyeron: las ONG que trabajan en la problemática denuncian que los insumos girados por la Nación no se distribuyen eficazmente y el consejo asesor creado por ley se reunió sólo dos veces. En ese consejo participan las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, los colegios de psicólogos, la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones no gubernamentales.

A fines del año pasado, antes de que Sylvestre Begnis pasara a ocupar su banca en el Congreso nacional, el consejo asesor había elaborado un plan de capacitación para 2000 docentes que ya contaba –según habían asegurado las autoridades– con el presupuesto para realizarse. Todo quedó en la nada con el recambio ministerial, que trajo también otra ministra de Educación, Adriana Cantero. Primero, desconocieron la capacitación elaborada y aprobada. Después, Educación dio el aval a un curso denominado “Sexualidad, formación en valores”, que estaba a cargo de la ONG Con Mirada de Mujer, vinculada con la jerarquía de la Iglesia Católica y cuya titular, Nereida Brumat Decker, se cansó de repetir públicamente sus posiciones contrarias a la entrega de métodos anticonceptivos.

Brumat Decker fue la abogada de la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución durante la última dictadura militar. En esa seccional combativa, la dictadura dejó un saldo de 20 muertos, 200 detenidos políticos y 1000 despedidos de las fábricas de la zona. Muchos años después, la profesional arma una ONG para afirmar públicamente que la homosexualidad es una enfermedad, que los métodos anticonceptivos son abortivos, y que la ley de salud reproductiva “se opone a la cultura de la vida”. Envía cartas de lectores a los diferentes diarios para quejarse por la entrega de métodos anticonceptivos, defender la familia tradicional y considerar “un crimen” al aborto.

La Coordinadora para la Aplicación de Educación en Sexualidad repudió el curso y señaló que “el Ministerio de Educación desconoció las recomendaciones sobre educación sexual realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Guatemala en el año 2000”. Apuntó que “también desconoce el artículo 16 de la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer (Cedaw)”. Una vez que esta situación se hizo pública, la propia ministra retiró el aval. El curso se realizaba, además, en un edificio público, que ahora cerró las puertas a la ONG Con Mirada de Mujer.

“Acá se dejaron de lado todas las evidencias científicas para volver a trabajar en base a creencias”, expresó la psicóloga Liliana Pauluzzi, integrante del consejo asesor, de larga trayectoria en educación sexual, quien trabajó activamente para elaborar la capacitación docente que hoy no se está aplicando.

“La ideología de las actuales ministras de Salud y Educación hace que el consejo asesor les resulte incompatible. Mientras Sylvestre Begnis fue ministro nos reunimos muchísimas veces y él siempre concurrió. En los 10 meses que lleva Simoncini, sólo tuvimos dos reuniones y ella ni siquiera tuvo la deferencia de venir a conocernos”, explicó Walter Barbato, ex jefe del servicio de ginecología del hospital Centenario de Rosario y profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNR.

Barbato criticó duramente la negativa de Simoncini a firmar el aval a lo actuado en los casos de Mendoza y Guernica. “Me preocupa mucho, porque se trataba de dar apoyo a dos situaciones completamente legales. Si mañana se produjera un caso así en Santa Fe, se plantea un escenario muy complicado, muy conflictivo”, consideró.

Lejos de plantear la remoción de la ministra, y aunque la oposición planifica pedir su renuncia durante esta semana, el gobernador Jorge Obeid la respaldó este martes, cuando volvió de una gira por Rusia. Defendió que no haya firmado el documento del Cofesa y afirmó que el debate por el aborto es nacional. “Ella tuvo sus razones porque consideraba que era tomar una decisión que no era necesaria ni imprescindible en ese momento. La opinión de la provincia es que éste es un tema que se resuelve nacionalmente”, dijo el mandatario, quien agregó: “Cada uno tiene derecho de tener su propio pensamiento y hay que respetarlo”.

Por su parte, la diputada provincial por el Partido Socialista, Lucrecia Aranda, que realizó distintos pedidos de informes sobre la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva que sólo recibieron respuestas vagas e imprecisas consideró que “el gobernador Jorge Obeid jamás respaldó al anterior ministro de Salud. Jamás se escuchó una declaración o preocupación del mandatario con respecto a la mortalidad materna o la salud reproductiva. No es un tema que aparezca entre las preocupaciones o las políticas de su gestión. No es un detalle menor que Obeid, cuando era diputado nacional, haya votado en contra de la ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva”. Y argumentó que “puede haber cambiado de idea, pero no se traduce en una política pública”.

Para Aranda, la decisión de no firmar el documento del Cofesa de Simoncini fue “personal pero también desnuda la política del gobierno de Santa Fe en todos estos temas, que es no hacer nada, desconocer esta realidad, no hablar del aborto, ni brindar educación sexual en las escuelas, y limitarse a distribuir los métodos que provee la Nación, dejando la eficacia de la llegada a las usuarias del programa en manos de la buena voluntad de los agentes de salud”.

Mientras la polémica estallaba, la ausencia de respuestas ante el problema de salud pública que es el aborto se cobró la vida de Verónica. El médico que la atendió en el hospital Cullen reconoció que el raspaje para culminar operaciones clandestinas es “la principal práctica quirúrgica” de ese centro de salud. En ese marco de desprotección, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe salió a reclamar “el derecho al aborto legal, seguro y gratuito” para evitar más muertes de jóvenes. “Lamentamos profundamente la muerte de Verónica, como consecuencia de la clandestinidad de la práctica. A Verónica y a otras muchas mujeres, el Estado les debe información y herramientas para decidir el momento de llevar adelante un embarazo deseado.”