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Por Gustavo Veiga

El Racing gerenciado se ríe del Racing quebrado. Como en la metáfora del muerto y el degollado, no alcanza a comprenderse bien cómo Blanquiceleste, la empresa que preside Fernando Marín, habla de “un club pujante” mientras comienzan a precipitarse denuncias sobre su sociedad anónima. Las más recientes le apuntan a que ya debería haber cancelado el pasivo y no lo hizo. Pero ésa es apenas una de las imputaciones que se le hacen. Líbero investigó cuáles son las razones que retrasan el levantamiento de la quiebra. Y se topó con varias preguntas sin respuesta: ¿por qué no se utilizan los 6.500.000 dólares que la institución tiene depositados en un plazo fijo del Banco Provincia? ¿Por qué el juez Enrique Gorostegui nunca respondió a un petitorio de 33 puntos que un grupo de socios le presentó en septiembre del 2003? ¿Por qué uno de los integrantes del órgano fiduciario sugirió que pudo haber evasión fiscal cuando la gerenciadora le traspasó a Racing sus trabajadores? ¿Por qué la Ley 25.284 de fideicomiso con control judicial, en el caso de Racing, genera el efecto contrario, que nadie controle a nadie?
Marín no es ajeno a ciertas habladurías que circulan en Avellaneda. Le atribuyen que habría decidido lanzarse a manejar todas las actividades que se desarrollan en Racing. El próximo mayo finaliza el contrato de la otra gerenciadora, Racing 2000, sobre la sede social. Si la quiebra no continuara para entonces, la asociación civil que los ex presidentes Daniel Lalín, Osvaldo Otero y Juan De Stéfano contribuyeron a dinamitar debería volver a sus legítimos dueños, los socios, tras unas elecciones que para Blanquiceleste serían un estorbo.
Pese a todo, la empresa admite en su balance de los tres primeros años de gerenciamiento que ése es su objetivo final: “... la recuperación de las autoridades mediante el voto”. Néstor Jorge Bugallo, uno de los miembros del órgano fiduciario, lo dijo de otro modo en una notificación de cinco carillas que les envió a Carlos Ves Losada y Eduardo Gilberto (los restantes fiduciarios) en junio del 2003: “Debemos aún pensar que Racing Club, en unos años, tomará la titularidad de sus bienes en cabeza propia, que son de gran cuantía en contraposición de una sociedad gerenciadora de 12 mil pesos de capital que no tiene bienes raíces, sus derechos contractuales de los jugadores cercenados por limitaciones de propiedad y que no tiene respaldo real...”.
El crítico comentario de Bugallo estaba contenido en un análisis más amplio sobre otras dificultades: “No menos grave es la situación que configura el reconocimiento de la titularidad laboral y previsional del personal que actualmente pertenece a Blanquiceleste y que se blanquearía en Racing club asociación civil”. El funcionario judicial escribió por qué: “Se estaría tipificando una figura de evasión fiscal”, y agregó en otro párrafo: “Estaríamos agravando aún más la debilidad de la corresponsabilidad jurídica de los futuros juicios por reconocimiento de parte”.
Varios socios liderados por Oscar Cribari, un ex despachante de aduanas (ver aparte), le preguntaron al doctor Gorostegui sobre si ese traspaso de trabajadores complicaría la situación del club ante futuros juicios laborales. Jamás recibieron una contestación. Entonces, en febrero de este año, hicieron una denuncia por evasión fiscal.
Qué pagó, qué no pagó
En un informe difundido entre los socios y que se conoce como 01-02-03, Marín y Fernando De Tomaso –el vicepresidente de Blanquiceleste– sostienen: “Bastante se ha hecho. Pero mucho más se hará”. Allí argumentan que cancelaron a fines del 2003 el 59,28 por ciento de la deuda verificada contraída por el club. Además, que le inyectaron a Racing 16 millones de dólares y que esa suma se destinó para pagar deudas, además de realizar obras. En el estadio (3.774.755 pesos), el predio Tita Mattiussi (413.725 pesos), el centro de entrenamiento de Escobar (613.660 pesos) y en atención al socio (83.134 pesos). “La primera tarea fue poner las deudas del club al día”, se regodearon los empresarios en su ilustrada publicación.
Los empleados de la gerenciadora también confiesan que están al día. “Nunca vimos un patacón ni un lecop, cobramos los sueldos en fecha e incluso antes del 5”, le dijo a este cronista un director técnico de las divisiones inferiores. Sin embargo, el esmero en pagar sus cuentas que pregona la empresa no se compadece con algunas informaciones. Por ejemplo, que Blanquiceleste administra los fondos que recibe Racing –por televisión, sponsors, merchandising y otros rubros– y no desembolsa dinero genuino, salvo 35 mil pesos mensuales para pagar las cuentas y servicios. Que no hay rendiciones documentadas de la cobranza de las cuotas sociales y que a Mariano González se lo transfirió a Europa para pagar una cuota de la quiebra.
“Marín avanza hasta donde lo dejan. Pero si hay cosas que se hacen mal, el primer responsable es el juez. Nadie hace nada y eso me llama la atención”, definió el panorama una fuente que acuñó las dos frases que nadie en el club hubiera querido oír, allá por marzo de 1999: “Racing está extinguido. Dejó de existir como asociación civil”. Es la misma persona que razona: “La ley de fideicomiso es para los clubes, pero en este caso se le concedió a una sociedad anónima”.
El muerto que nadie levanta
La Ley 25.284 de fideicomiso con control judicial, en lo que se refiere a las obligaciones del órgano fiduciario, establece, entre otras, que éste debe respetar en todas las gestiones los principios de prudencia, austeridad y racionalidad en los gastos... como fija el artículo 15º. Que debe prestar la dedicación necesaria y proceder, con conducta irreprochable en la representación de la entidad (algo que no se desprende de los críticos comentarios del fiduciario Bugallo). Que debe instruir sumarios administrativos a las tres últimas administraciones de la entidad, siempre que existan presunciones de la comisión de actos u omisiones contrarios a las leyes, estatutos y reglamentos... (sumarios que se desconocen). Y que de acuerdo al artículo 2º de la norma tiene como objetivo superar el estado de insolvencia y recobrar el normal desempeño institucional de la entidad (algo que ya comienza a reclamársele con cierta insistencia).
En efecto, superar el estado de insolvencia significa dos cosas: primero, levantar la quiebra; segundo, de acuerdo al artículo 25º de la ley, si se abonara el pasivo, a los fiduciarios les quedarían noventa días para convocar a elecciones. Miguel D’Aquila, un abogado especializado en concursos y quiebras, afirma que “el órgano fiduciario tendría que decir que la quiebra está levantada. La pregunta es: señores del órgano fiduciario, ¿por qué no lo hacen?”.
D’Aquila, quien compitió con Marín por el gerenciamiento de la institución al frente de La Academia SA, también le apunta a la AFA: “Tiene responsabilidad en todo esto. ¿Por qué no le pide al órgano fiduciario los balances? ¿Por qué permite que se oculten las rendiciones de cuentas?”. El letrado ha hecho sus propios cálculos y los enfatiza a pesar de una gripe molesta. Estima que con los 6.500.000 dólares que Racing posee en el Banco Provincia, con el dinero que Marín dice que efectivamente pagó a acreedores como Lalín y la AFA y con el producto de algunas transferencias de jugadores, el total de los créditos verificados e incluidos en el pasivo consolidado al 31 de diciembre de 2000, unos 36.652.660,43 pesos, ya debería estar saldado. Y, por lo tanto, se abriría otro escenario.
En Racing pasan cosas además de las amenazas de muerte que penden sobre Ubaldo Fillol o la mediocre campaña del equipo. Hay otro largo partido que Racing juega a diez años, con opción a dos tiempos suplementarios de cinco años cada uno y en los que Blanquiceleste, el juez Gorostegui y el órgano fiduciario deberían patear para el mismo arco. Supuestamente.