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La pobre quinta Cobo, medio demolida después de 130 años de darnos tanta belleza, acaba de ganarse un respiro. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín tomó este miércoles una serie de medidas enérgicas y básicas en el amparo pedido por un grupo de jóvenes vecinos de Tigre. Por ejemplo, le ordenó a la municipalidad que le gire de inmediato todos los expedientes sobre la casona, el terreno y el proyecto de hotel, para ver en qué situación exacta está este bien patrimonial. Son cosas que rompen la inercia del gobierno local de Tigre y son cosas básicas que por alguna razón insondable a la jueza Sara Nasif, que recibió el amparo, nunca se le pasaron por la cabeza.

Como saben los lectores de este suplemento, la casona de los Cobo se alza todavía a medio demoler en la primera esquina de la avenida San Martín de Tigre, cruzando el puente desde la estación ferroviaria. Los vecinos todavía le dicen el Club Tigre, porque el caserón italiano fue su sede por muchos años. Hace casi veinte, la casa fue desprotegida por decreto por el interminable intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, por lo que puso fraccionarse su enorme terreno en el que ahora se ven varias casas y dúplex. Ubieto, para completar sus cortesías, le regaló al emprendimiento un par de calles y una rotonda, con cargo al erario público.

La casona pertenece ahora a una firma dedicada a negocios turísticos con buenos contactos políticos que quiere construir un adefesio notable: nada menos que una copia en hormigón del mítico Tigre Hotel quemado hace tantos años. El bodrio sería un Howard Johnson, empresa que abre hoteles como si fueran McDonald’s, por franchising, y que es gerenciada por otro veterano de la política, el ex concejal porteño Alberto Albamonte.

Este negocio resulta dudoso porque siempre dependió de demasiadas variables políticas. No sólo había que demoler una casa histórica sino que había que conseguir dos excepciones al código de las que sólo puede votar el Concejo Deliberante: un permiso especial para ocupar más de lo codificado de la superficie del terreno y un permiso especial para hacer un hotel en una zona donde están explícitamente prohibido. Ahora, pregunta clínica: ¿a quién se le ocurre jugar millones en esto de hacer un hotel en zona prohibida y diseñar uno de un tamaño prohibido? Una respuesta a esta pregunta la ofrece Freud, la otra es que se le ocurre a alguien acostumbrado a que la política todo lo puede.

Este obvio negociado hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera por dos imprevistos. Uno es que, a la muerte de Ubieto, su movimiento vecinal perdió las elecciones ante el FPV capitaneado en Tigre por Sergio Massa. El ubietismo todavía tiene la mayoría en el Concejo, pero no tiene líder, ni demasiada pila política. El segundo imponderable fue que el patrimonio se transformó bastante abruptamente en tema de la agenda política porteña, con batallas, derrotas y victorias que generaron gran exposición, jurisprudencia flamante y una jerarquía para el tema que el perdidoso Jorge Telerman nunca entendió, pero que Mauricio Macri pescó al vuelo. En Tigre, el tema pasó por un grupo de muy jóvenes vecinos que lograron gran eco, hicieron contactos con diputados como la bonaerense Liliana Piani y la porteña Teresa Anchorena, presentaron un amparo y luego pusieron el cuerpo para frenar la demolición clandestina. No extraña que el grupo acabe de adoptar el nombre de La mosquitada.

Si las cosas fueran como en la Capital, el amparo hubiera dado tiempo para enfriar el tema y solucionarlo políticamente. Pero el tema cayó en las manos ingráciles de la doctora Nasif, jueza laboral de San Isidro, que no debe recibir muchos amparos y no quiso atender los antecedentes porteños sobre el tema patrimonio que le acercaron. Así, Nasif encontró que no había urgencia y pidió informes a la municipalidad. Como si buscaran dejarla en ridículo, al día siguiente se aparecieron con una gran máquina para demoler la Casa Cobo. Sí había apuro y esa misma tarde la jueza tuvo que aparecerse por la esquina de Tigre a frenar la obra. Ya se había perdido media casa y la jueza, siguiendo en su herradura, se negó a pedir un peritaje independiente, aceptó el de la municipalidad y luego, por fin, hizo algo positivo: se sacó el tema de encima rechazando el amparo. Habrá que seguir la carrera futura de la jueza Nasif, por su potencial chaplinesco y patafísico.

El peritaje que sí tomó la jueza es del director general de Aplicación de Códigos de Zonificación, Pablo Ricca, que lleva largo rato en el cargo. Tanto, que hasta diciembre sus jefes en la municipalidad, el intendente interino Hiram Gualdoni –ex presidente del Concejo Deliberante que asumió el Ejecutivo al fallecer Ubieto– y el secretario de Obras Públicas, Guillermo Zwanck, eran nada menos que sus socios en el estudio Gualdoni, Zwanck, Ricca, arquitectos. Esta curiosa coincidencia no parece alarmar al intendente Massa, que lo mantiene en el cargo sin sobresaltos y le permite hacer peritajes que dicen que bueno, que sí, que la casa así es un peligro y que tarde o temprano habrá que demolerla.

Ahora, la Cámara de Apelaciones le ordenó al gobierno municipal de Tigre “la suspensión de todas las obras de demolición en la finca ubicada en la calle Lavalle 645 (dirección legal de la Casa Cobo)” como una “medida precautelar”. El escrito de la Cámara sorprende con un dato que la Municipalidad de Tigre negó en la persona de su secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental, Antonio Grandoni: “De las constancias de autos surgiría prima facie que Progrup SA se encontrase autorizado por la comuna para efectuar la demolición en cuestión”. Grandoni le dijo reiterada y vehementemente a este suplemento que la demolición fue ilegal y nunca fue autorizada por Tigre. Para resolver este misterio, la Cámara le ordena a la municipalidad reunir todos los expedientes sobre la Casa Cobo y girárselos, y en particular aclarar de una buena vez si le dio o no autorización a Progrup SA para demoler la quinta.

Lo gratificante del fallo que lleva las firmas de Ana María Bezzi, Jorge Saulquin y Hugo Echarri es la firmeza con que imponen plazos de 48 horas y libran cédulas para que tanto Progrup SA como la municipalidad se den por informadas legalmente de sus medidas. Es una firmeza que faltó hasta ahora en esta triste historia y que costó encontrarse con el hecho consumado de una casa histórica a medio demoler.

Al Ejecutivo municipal, sin embargo, le sigue faltando alguito, aunque sea de esa firmeza. Habiendo heredado este berenjenal de la gestión anterior, el actual gobierno anunció una comisión para tratar el futuro de 45 edificios históricos de Tigre encabezada por la actual directora del museo de arte local, Diana Saiegh. La comisión parece que no existe ni en el papel, nunca fue convocada y los únicos miembros conocidos son los que invitaron los muchachos de La mosquitada. Extraña tanta mesura en un intendente que fue elegido tras una campaña en la que una bandera fue frenar las torres que arruinan su ciudad y que cumplió, por decreto y en pleno verano, limitando la altura constructiva a apenas veinte metros. Semejante medida afecta intereses económicos y políticos de grueso calibre, pero fue tomada nomás. Pero en la Casa Cobo reina la incertidumbre y sigue en funciones el socio comercial y profesional de los dos funcionarios máximos de la anterior gestión.

Un misterio.