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En 1880 se decidió la creación de la ciudad de La Plata, luego de que se declarara a Buenos Aires como capital de la República. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, fue el encargado de llevar adelante esta obra, para la que se realizaron estudios previos —-sana costumbre, olvidada por los funcionarios actuales– que determinaron su emplazamiento en las cercanías de Ensenada.

Un equipo de urbanistas, comandados por Pedro Benoit, fueron los responsables de diseñar la ciudad y se llamó a concurso internacional para los proyectos de los edificios públicos más importantes. La Plata es reconocida por su trazado cuadrado, por sus diagonales, su bosque y por sus plazas, colocadas con exactitud en el damero cada seis cuadras. Un proyecto urbanístico sin precedentes en nuestro país que le permitió ser reconocida internacionalmente hasta nuestros días y ofrecer una calidad de vida ejemplar a sus habitantes.

Estas características hacían que fuera razonable su candidatura para ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, no como el engendro porteño cuyo fracaso era obvio desde el inicio. La postulación de La Plata la impulsó durante su gestión el ex intendente Julio Alak, hoy ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que también aprobó una norma de protección preventiva del patrimonio arquitectónico, que preservó hasta su análisis definitivo 1700 edificios de la ciudad.

Este régimen y la normativa de Rosario fueron los antecedentes que utilizó la ex diputada Teresa de Anchorena para impulsar en Buenos Aires las leyes 2548 y 3056 que protegen en la actualidad, y hasta el 31 de diciembre de este año, a todos los edificios construidos antes de 1941.

Las últimas noticias que llegan de La Plata son vergonzosas. El Concejo Deliberante aprobó un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que eleva a 45 metros la altura permitida en el centro histórico de la ciudad.

Fue sancionado sobre tablas, sin debate y pasando sólo por una reunión de la Comisión de Planeamiento de la que echaron a los vecinos e impidieron el acceso a la prensa. Abusaron también de la interpretación de las ordenanzas vigentes para evitar el procedimiento de audiencia pública y no se consultó, como manda la normativa, al Colegio de Arquitectos y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad que –curiosamente– se oponen al proyecto.

Los concejales de la oposición se retiraron del recinto porque, como informó la concejala Julia Larcamón, al momento de votar no se les habían entregado los planos y documentación necesaria para poder analizar la normativa que estaban aprobando. Tampoco se realizaron diagnósticos que permitieran evaluar las necesidades de infraestructura sanitaria y de servicios en un casco histórico ya colapsado.

Por supuesto, las que sí apoyan la medida son las cuatro o cinco grandes inmobiliarias de la ciudad, en representación de los Depredadores Patrimoniales locales, que junto a los funcionarios de turno, atentan contra el valor patrimonial de toda una ciudad.

La aprobación de este siniestro código es un paso más dentro de un plan sistemático de destrucción del patrimonio, que incluyó el cierre de la Comisión de Sitio –encargada de comandar la postulación como Patrimonio Mundial– y de la Dirección de Preservación de Patrimonio. Estas medidas junto con la aprobación de una ordenanza que limitara las alturas y la sanción de un régimen de catalogaciones –luego derogado—, habían sido los pasos exigidos por la Unesco para admitir la candidatura.

El arquitecto Pedro Delheye, director general de Cultura y Educación del municipio en el momento en que se avanzó en la protección del patrimonio, denuncia que “desde los días previos a la sanción del nuevo COU se están comprando la mayoría de las casas de la época fundacional para que, una vez aprobada la iniciativa, se comiencen a demoler y allí montar enormes edificios privados. Como resultado, quieren permitir que en el Casco Fundacional se construya sin límites ni control del Estado”.

Pero una vez más, los ciudadanos salen a reclamar por su calidad de vida y se oponen a este código ilegítimo. Reunidos en el Grupo Casas Bajas y Antiguas de La Plata y en el grupo “Para que no destruyan la ciudad de La Plata” creado en Facebook, alertan también sobre el avance de las construcciones en el bosque.

El pulmón verde de la ciudad se redujo con los años a una quinta parte de sus 250 hectáreas originales y actualmente la Universidad Nacional de La Plata y los clubes deportivos avanzan con nuevas construcciones que desvirtúan su uso original y reducen los espacios verdes.

¿Habrá tiempo para que los funcionarios reflexionen y reviertan esta medida antes de que comiencen a demolerse edificios valiosos y se pierda para siempre el emblemático bosque de La Plata? ¿Tendrá que ser la Justicia, como ocurre frecuentemente en la ciudad de Buenos Aires, la encargada de poner límite a este atropello?

Lo que sí está claro es que la planificación urbana y la protección del patrimonio arquitectónico ya no son temas que puedan resolver los funcionarios, arquitectos y depredadores patrimoniales entre cuatro paredes. Y si lo hacen, es evidente, pagarán el costo político de tomar medidas contra los intereses de los ciudadanos, que cada día son más conscientes de sus derechos y se movilizan en mayor número para defender el medio ambiente urbano.

Y los que todavía no se enteraron pueden darse una vueltita por Facebook o leer al ex presidente de Chile Ricardo Lagos, que hace pocos días afirmó que las “Redes de ciudadanos que se organizan entre sí [en Internet], a lo mejor ahora van a configurar un verdadero quinto poder y podrán los ciudadanos directamente entrar a definir cuáles serán los temas de la agenda política que a ellos les interesan”.

Licenciado en relaciones internacionales. Magister en gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com