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De las clases de física queda un recuerdo ya vaporoso de un principio que decía que a cada acción le sucede una igual y opuesta. Acción y reacción, se llamaba la cosa, quedando en claro que lo que necesariamente ocurre en el mundo natural no se cumple siempre en el político. De hecho, en el macrismo confían en que las leyes naturales no se cumplan y que la patoteada que organizaron hace una semana contra el patrimonio quede impune. La buena noticia es que el bueno de Newton sigue vigente en la Buenos Aires del PRO, que hubo una reacción y que fue realmente fuerte. El jefe de Gobierno ordenó liberar todo para demoler, la respuesta fue un proyecto de ley que impide que se demuela nada.

La idea surgió de las ONG patrimonialistas, que se quedaron desoladas por la violencia moral del macrismo, que hace dos viernes saboteó la renovación de la Ley 3056. Veintitrés organizaciones barriales y patrimoniales se contactaron con la diputada María José Lubertino para que presentara un proyecto drástico: catalogar absolutamente todo lo construido en Buenos Aires antes de 1941. Lubertino entendió que esto era una respuesta política a la agresión del PRO, porque el solo hecho de que exista su proyecto de ley inhibe todo inmueble construido antes de ese año. Donde los macristas, con Cristian Ritondo a la cabeza, buscaron un verano en que llovieran edificios demolidos, se encontraron con que no se podrá demoler nada.

La patoteada

La asonada comenzó hace dos viernes, cuando se reunía la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que preside Silvina Pedreira y dirige Bárbara Rossen. Hubo un problema de horarios –o una treta, sigue sin quedar claro– que hizo que los macristas estuvieran solos por un rato. Firmaron y se fueron, y sólo entonces se descubrió que no habían firmado el despacho de renovación de la 3056. A medida que llegaron otros diputados, comenzó a crecer el espanto y el escándalo: los macristas habían hecho lo suyo frente al Quién es Quién de las ONG del tema. Alguno alcanzó a firmar, otros –como Juan Cabandié– se encontraron con la inflexibilidad de Pedreira, que reglamentó hace mucho que nadie firma nada cuando la reunión termina. El truco salió perfecto y Rossen lo festejaba de viva voz.

La cosa fue tan dura que el saliente diputado Patricio Di Stefano, presidente nada menos que de la Comisión de Patrimonio, tuvo que volver al día siguiente y retirar su firma. Ritondo, pudo establecer este suplemento con gran facilidad, le gritó hasta que temblaron las ventanas. En los días siguientes, en el bloque oficialista admitieron con soltura que la orden venía directamente de Macri, que era prioridad y que por algo “tenemos el 64 por ciento de los votos”. No hubo caso de negociar, hablar, discutir. Y con la oposición también dispersa a nivel ciudad, parecía que no había solución.

Lo que el macrismo se estaba sacando de encima era la molestia de no poder demoler por trámite administrativo, pasando por ventanilla y con todo el tema manejado por gente de confianza, empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano. Este sistema dejó de existir a fines de 2007, cuando Basta de Demoler generó una verdadera crisis al ganar el amparo que impidió la destrucción de la Casa Bemberg, en Montevideo al 1200. El caso era típico de cómo se destruía lo nuestro y cómo quieren volver a destruirlo: la Casa estaba en catalogación pero todavía no estaba catalogada, lo que toma un tiempo considerable y es de hecho más complicado que cambiar la Constitución porteña. Como no estaba catalogada, el Ejecutivo permitía demolerla sin problemas, alegando que no sabían que estuviera protegida o inhibida. Así caían edificios, cuando los dueños eran avisados de que les podían catalogar sus inmuebles y corrían a sacar licencias.

Basta de Demoler planteó que esto era una trampa de rango constitucional, ya que el Ejecutivo le impedía al Legislativo hacer su trabajo porque la demolición tornaba abstracta la cuestión y los diputados no tenían qué discutir. La Justicia le dio la razón a la ONG, la Ciudad apeló y la Cámara emitió un fallo histórico, reafirmando el de primera instancia, extendiéndolo explícitamente a toda la ciudad y ordenando que todo edificio quedara inhibido por el solo hecho de que estuviera siendo considerado por los diputados.

No es difícil imaginar la reacción de los especuladores inmobiliarios, la industria favorita del macrismo. Pero con Jorge Telerman todavía en el gobierno y con Macri ni siquiera asumido, había que desactivar la bomba de tiempo. Así fue que el PRO aceptó una idea de la entonces diputada Teresa de Anchorena y votó la Ley 2548, que creaba el trámite especial para todo lo construido antes de 1941. Se echó mano al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, un sello de goma que existía en el Ministerio de Desarrollo Urbano, y se aprobó el sistema por un año.

Este método fue renovado en 2008, 2009 y 2010 sin mayores problemas, aunque los rezongos eran notables. El CAAP, como se sabe, deja tantísimo que desear, pero salvó muchos edificios y aportó algún nivel de mediación y racionalidad al tema. Estas virtudes evidentemente molestaron y se decidió en este 2011 sabotear todo, eliminar los frenos. La hipótesis de mínima era tener un verano tranquilo demoliendo, la de máxima volver a 2007 y destruir tranquilos, por ventanilla.

Ahí entraron Lubertino y las ONG.

La respuesta

Basta de Demoler, Proteger Barracas, Fundación Ciudad, SOS Caballito, Protocomuna Caballito, Salvemos Floresta, Amigos de la Avenida Pueyrredón, Recoleta Peligra, Vecinos por La Cuadra, Asociación Civil La Imprenta, Cultura Abasto, los vecinos de Parque Chacabuco, los de Palermo Viejo, los de Barracas y los de Boedo barajaron varias estrategias, además de masticar sus broncas. La contraofensiva pasa por retomar el pedido de que se renueve la 3056, por llevar el tema a la Legislatura para que el oficialismo no haga lo que quiera y por frenar en seco la fiesta de la piqueta, tan rentable.

La diputada Lubertino tomó la iniciativa en este último aspecto con un proyecto de ley que fue presentado este martes a la tarde y tiene el número 2519-D-2011. La idea es simple y se basa justamente en el fallo de la Cámara, al que cita en sus fundamentos: si el PRO quiere demoler todo desarmando la 3056, se pide catalogar todo para que todo quede inhibido. Y en este caso, todo es “los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha”.

El texto, que acompañó Martín Hourest, le agrega tareas al Ejecutivo, como que en 180 días haga de una vez el relevamiento e inventario de los inmuebles anteriores a 1941, y que esa lista sea considerada por el CAAP. El tercer artículo repite, por las dudas, los límites al decir que “el Ejecutivo no autorizará ningún tipo de reforma, demolición o construcción nueva” en estos edificios “hasta la definición del grado de protección o intervención por parte de esta Legislatura”.

Los fundamentos le avisan a quien quiera leerlo de la cantidad de ONG que apoyan el proyecto, indican que se trata de 140.000 edificios librados a la mala voluntad de la ventanilla y acusa al Ejecutivo de “burlar” a quienes “de forma totalmente desinteresada, desde hace varios años, dan la lucha diaria para la protección y conservación del patrimonio de la Ciudad”.

Este proyecto de ley de la diputada Lubertino congela de hecho la piqueta. Si el ministro Daniel Chain, su subsecretario Héctor Lostri o alguno de sus directores generales permiten una demolición a partir del primer día de 2012, estarán violando el fallo de la Cámara. Y estarán cometiendo una grosera violación de sus deberes como funcionarios públicos, que arrancan por respetar las leyes.