La Comisión por la Memoria de Funes, una Ong defensora de los derechos humanos, pidió ayer al intendente de Funes que no auspicie una muestra de decoración que se realizará en un inmueble sospechado de haber sido parte del circuito de detención clandestina durante la dictadura.

Pablo Villanueva, militante de Memoria de Funes, explicó que "en la casa quinta La Española se va realizar una muestra de decoración y paisajismo que busca el auspicio del estado municipal. Allí funcionó un centro de detención clandestino, durante la ultima dictadura entre los años 1978 y 1979, por lo cual nos parece impropio que tenga el apoyo municipal".

Pero el intendente de la ciudad vecina a Rosario, Juvenal Rímini, defendió el auspicio del Estado argumentando que "no esta comprobado que allí haya funcionado un centro clandestino de detención".

"No pretendemos juzgar a las empresas privadas que decidieron hacer este evento -aclaró- pero si nos parece imprudente que desde el municipio se adhiera a una actividad de estas características en ese lugar, más aún cuando se lleva a cabo en la misma semana del aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976".

Según Villanueva "La Española fue un centro de paso, de acuerdo a las declaraciones de personas hechas ante la justicia en el año 2004, y que motivaron inspecciones del juez federal Omar Digerónimo". Y en este sentido recordó entre ellos el del ex intendente de Funes, Juan Miguez, quien en rigor no efectuó precisiones sino que trasladó comentarios que le habían acercado de aquella época.

El 5 de marzo de 2004 el entonces juez federal Digerónimo dispuso la inspección de esa quinta con la sospecha que en el lugar hubiera funcionado un tercer centro clandestino de detención durante la dictadura, además de los denominados La Quinta y El Castillo. El procedimiento, a cargo de la Policía Federal, se produjo en una casona rodeada de cuatro o cinco hectáreas ubicada en calle Catamarca 1150, a unas cuadras de El Castillo, centro de detención recorrido en diciembre pasado por el ex canciller Rafael Bielsa cuando reconoció haber sido torturado allí.

La muestra cuestionada se va a realizar entre el 20 de marzo hasta el 10 de abril "con lo cual pasaríamos el aniversario del Golpe con una casa donde se torturó, donde se mató o por la que pasó gente detenida y que luego fue desaparecida, y todo con el auspicio municipal. Esto es impropio", según Villanueva.

El intendente Rimini aclaró que "esa quinta fue señalada presuntamente con un centro de detención, y no está comprobado que lo haya sido. Distinto es El Castillo y la Quinta de Funes, que están comprobados como centros de detención. Es cierto que nosotros auspiciamos este evento que se denomina Casa Plus que es una expresión de paisajismo y decoración, que me parece le viene bien a la ciudad, y va a tener una trascendencia muy importante".

Rimini aclaró que "los realizadores de este evento, una de ellas la arquitecta Bassi se comunicó, por esta presunta situación, con el juzgado federal y le dijeron que no había ningún inconveniente. Es más, le dijeron que no había nada comprobado acerca de que ahí hubiese habido detenidos o que hubiese sido un centro clandestino de detención".

No conforme con esto el intendente de Funes -miembro del Frente Progresista- comparó este hecho cuestionado "con lo que ocurre en Rosario con la esquina de Córdoba y Moreno, ex sede Segundo Cuerpo de Ejército y donde hoy funciona un bar. Y creo que nadie se ha molestado ni afectado a pesar de que ya lleva varios años", desconociendo la infinidad de escraches concretados por organizaciones estudiantiles, políticas y sociales desde hace años.

Para defender el auspicio del estado el intendente definió la muestra como "una expresión casi cultural". Y aclaró que "se hace sin modificar el inmueble, y como contraprestación el municipio va a realizar trabajos en el espacio verde. Nada más, no hay modificación del inmueble".

También confirmo que no se piensa crear un centro de la memoria en ninguno de los otros dos centros de detención: ni en La Quinta de Funes ni en El Castillo. Aunque reconoció que "personalmente puedo ser partidario de hacerlo, pero habría que hablar con la asesoría jurídica".